Un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires propone designar la vivienda del escritor y periodista en San Vicente como bien de interés histórico y cultural.

(Por Adriana Meyer/Acción)Rodolfo Walsh estaba sufriendo por la muerte de su hija Victoria, en septiembre de 1976, y tenía conciencia del genocidio que estaba en marcha. La agrupación a la que pertenecía, Montoneros, le insistía para que se fuera del país, pero él estaba determinado a quedarse y para eso debía mudarse. Buscó en el mapa de la provincia de Buenos Aires algún lugar con agua y encontró la laguna de San Vicente. «Solía pescar, como hacía en el Tigre, decía que era un profesor de inglés jubilado, se ponía un sombrero de paja y socializaba con los vecinos». Patricia Walsh, hija del escritor y militante asesinado y desaparecido por el grupo de tareas represivas de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) el 25 de marzo de 1977, describe así en diálogo con Acción algunas de las actividades cotidianas de su padre, en los tres meses que vivió en la casa de San Vicente.

«Ahí hicieron una huerta, la última frase que le dijo a su compañera, en la estación Constitución antes de tomar el colectivo hacia la cita envenenada donde le quitaron la vida, fue “No te olvides las lechugas”», cuenta sobre esas últimas horas del autor de Operación Masacre y Quién mató a Rosendo.

Walsh siguió escribiendo en la casa ubicada en el barrio El Fortín de San Vicente, continuó su obra de ficción y cuando el golpe militar cumplía un año redactó la Carta Abierta a la Junta Militar, el texto político que puso luz sobre la ingeniería del genocidio. Esa vivienda fue saqueada y destruida por los represores de la Esma, y luego usurpada por un subcomisario de la Policía Bonaerense, pero podría convertirse en un Sitio de Memoria si el Senado de la provincia de Buenos Aires convierte en ley el proyecto de la diputada del FIT Laura Cano para que sea declarada como Bien de Interés Histórico y Cultural, sujeta a expropiación de los familiares del primer usurpador, que aún viven ahí.

La iniciativa obtuvo el apoyo de los bloques de Unión por la Patria, de la UCR con Cambio Federal, la abstención del PRO y la negativa de La Libertad Avanza (LLA). «Esta media sanción que conseguimos es sin duda una reparación histórica para la memoria de Rodolfo, para su familia y, también, para todos aquellos que durante estos años no bajamos las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Los verdaderos autores de este proyecto son los organismos de derechos humanos», expresa Cano a Acción. «La pelea contra la impunidad de los responsables de su asesinato está más vigente que nunca, como también la lucha contra el plan económico que impuso la dictadura, ese que defendieron los grandes empresarios siendo la pata civil del genocidio, es el mismo plan económico que defiende Milei», dice la legisladora.

Durante el debate en Diputados hubo insultos y agresiones por parte de Guillermo Castello, de LLA, quien acusó a Walsh de terrorista. Su argumento para votar en contra fue porque él defiende la propiedad privada. «Pretende desconocer que la casa fue expropiada a fuerza de fusil, bala y sangre por los militares. Cuando Walsh cae, tenía el boleto de compraventa en su maletín, firmado con el seudónimo Norberto Freyre, nombre que utilizaba en aquellos años cuando la mayoría de la militancia popular tenía que vivir en la clandestinidad», evoca Cano.

En la sesión estuvieron Patricia Walsh, junto a su abogada en la causa Esma, Myriam Bregman, dirigentes de los gremios de prensa Sipreba y Fatpren, e integrantes del espacio Walsh de San Vicente, quienes a instancias del exintendente Daniel Di Sabatino lograron cambiarle el nombre a la calle donde está la casa, que ahora se llama Rodolfo Walsh. «Ese documento fue traducido en múltiples idiomas y denuncia los campos de concentración, los vuelos de la muerte, las capturas, las picanas, y el hallazgo en las costas uruguayas de cuerpos mutilados, por ejemplo, el de Floreal Avellaneda, un pibe de 15 años, maniatado y empalado», reseña Cano.

Emboscada

Walsh había comprado la casa en diciembre de 1976 porque debía dejar Buenos Aires, estaba siendo buscado incluso en su vivienda alquilada en el Delta. Su hija Patricia entró una sola vez, unas semanas después de aquel 25 de marzo de 1977, cuando Walsh fue emboscado en la esquina de San Juan y Entre Ríos, en la Ciudad de Buenos Aires. En la madrugada del día siguiente llegó el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). El 26 de marzo fue hasta allí con su compañero, el periodista Jorge Pinedo, sus hijos, y Lilia Ferreyra, la compañera de su padre, pero no llegó a ingresar. «Cuando nos dimos cuenta de cómo estaba la casa, escapamos porque sentimos que nos iban a matar».

San Vicente. Señalización del lugar donde se encuentra la vivienda en la localidad bonaerense.

Foto: Gentileza Patricia Walsh

Tiempo después supieron que se salvaron de milagro, porque el policía que habían dejado de custodia se había ido a almorzar. Luego de unas semanas Patricia volvió con Jorge y entró. «Destruyeron todo, se llevaron todo, faltaban las puertas y las ventanas, hasta la canilla de la pileta de la cocina. La casa era pequeña, con paredes de adobe, un par de cuartos, rodeada por un amplio terreno, un aljibe y una palmera», describió.

Ya en democracia Patricia un día volvió. Cuando golpeó las manos salió una señora, era María Sala, hermana de Rubén Oscar Sala, un subcomisario retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires, del destacamento de Alejandro Korn, que había intrusado la casa y llevó a vivir allí a su madre y a su hermana. «Ni muerta me van a sacar de acá», le dijo María Sala a Walsh, luego de enterarse que la propiedad de la vivienda estaba judicializada.

Planes económicos

El 26 de marzo de 1977 los marinos habían llegado hasta allí con el documento de la compra del inmueble en sus manos. «Secuestraron al dueño de la inmobiliaria para que les mostrara el camino hacia la casa, se llevaron la obra literaria inédita de mi padre, su último cuento “Juan se iba por el río”. Para San Vicente fue muy grave, nadie podía salir ni entrar en el barrio. Es una casa muy humilde sobre calles de tierra, su valor es que ahí se escribió la Carta Abierta a la Junta Militar, a la luz del farol, un documento importante también a nivel internacional porque explica lo que hizo la última dictadura cívico-militar, la razón por la cual cometieron los aberrantes crímenes de lesa humanidad fue para imponer sus planes económicos». Para Patricia, esa Carta es un texto actual y vigente porque hoy también buscan imponer un modelo por medio de la crueldad que exhiben quienes gobiernan. Los sicarios del terrorismo de Estado no pudieron hacer desaparecer la Carta Abierta porque Walsh y Ferreyra ya se habían encargado de hacerla circular entre familiares y conocidos, que tipearon a máquina las copias para difundirla.

En la actualidad, los ocupantes –entre ellos una catequista y un guardiacárcel– son una familia numerosa que estaría dispuesta a irse. «Dicen ser cuarta generación de intrusos, les molesta mucho la cantidad de gente que va a preguntar sobre la casa y la historia de mi padre, que se quieren sacar fotos y visitar el lugar, y dejaron claro que si les dan una solución habitacional se van», comenta Walsh.

En tal sentido, el municipio de San Vicente estaría dispuesto a aportar tal respuesta. «La casa tiene historia y sería bueno escribirle un final distinto, para eso necesitamos una ley que ya tiene sanción de Diputados, falta el Senado para que el proyecto sea aprobado», resume Patricia. El actual intendente, Nicolás Mantegazza, señalizó el trayecto que va desde la vieja estación hasta la vivienda. «Todos los años el municipio organiza una caminata hasta la puerta de la casa, que está enrejada y le pusieron unos toldos verdes para que no se vea nada; cuando llega la caminata ponen música a todo lo que da, pero lo cierto es que todos los 25 de marzo los vecinos recuerdan así a mi padre», cierra.