(Por Oscar Castelnovo/APL) El mero hecho de decir: «redujimos el secuestro y desaparición de chicas para la trata con fines de prostitución en un 10 por ciento».  O afirmar: «hoy tenemos un 10 por ciento menos de  gatillo fácil » u otro tipo de patrañas,  aun suponiendo que fueran ciertas, implica haber convivido, aceptado y naturalizado  el 90 por ciento de los homicidios perpetrados por las fuerzas del Estado y haber convivido, aceptado y naturalizado  el 90 por ciento de las desapariciones forzadas de las chicas en un entramado prostibulario donde siempre está presente el Estado.

Conlleva un pacto implícito que comprime a mero discurso la devastación humana, sin prevención ni castigo pero con votos y aplausos. Recordemos que, según datos actualizados de Correpi, hubo 990 asesinatos cometidos por el Estado en la gestión de Alberto Fernández y los gobernadores, en 2020 y 2021.

Y, por otra parte, todos acrecientan los discursos más punitivos cada día y perfeccionan sus armas contra los más vulnerados. A la vez,  ni siquiera existe un registro ni búsqueda serios, por parte de los Estados nacional o provinciales, de las mujeres y nenas desaparecidas en las decenas de miles de prostíbulos de la Argentina o, por caso,  en esa cantidad incierta que abundan en los países limítrofes o en lejanas geografías.

El tema es clarísimo: Nadie va a combatir la propia política ni sabotear la prosperidad de sus negocios. Ambos son necesarios para gerenciar lo que algunos llaman democracia, sin tensiones antagónicas con los uniformados, tan necesarios para estos fines en el capitalismo. 

Eso, y no otra cosa es la clase política.