(Por Oscar Castelnovo/APL) El coraje de presos  y cautivas -algunas embarazadas o con hijos prisionizados con ellas- es encomiable y, a la vez, ineludible porque se juegan nada menos que la vida en las 300 cárceles de la Argentina. Lo hacen con huelgas de hambre, batucadas, reclamos y sufrieron varios muertos, con plomo o goma, en esta lucha. La labor de madres, esposas, grupos de apoyo, organizaciones, abogadxs y militantes que arriesgándose al contagio del Covid-19 también forzaron las mesas de diálogos y se movilizaron hacia Devoto, mientras arreciaba el fuego penitenciario, y otras cárceles del país, es de un valor que merece alto reconocimiento.  Asimismo, hay una solución rápida y a mano que deberían tomar el mandatario Alberto Fernández  y todos los gobernadores de las provincias argentinas. El presidente argentino para las cárceles federales y cada gobernador en su distrito. La salida expeditiva se llama CONMUTACIÓN DE PENAS y está en la Constitución Argentina, no en la Bolchevique.

Un genocidio brutal se cierne sobre la población que el Estado decidió encerrar si no actúan los que deben evitarlo. Allí, más del 50% no tiene sentencia firme. Y lxs que integran la inmensa mayoría no son genocidas de la dictadura, ni feminicidas ni violares seriales. Están por ataques contra la propiedad o infracción a la ley de drogas. El presidente Fernández es abogado y profesor de «Teoría General del Delito y Sistema de la Pena» en la UBA. Conoce el tema mejor que todos nosotros. A la vez, mantiene un excelente diálogo con los mandatarios provinciales, de la propia fuerza y de la oposición. La APL insiste con esta salida de conmutar las penas, sin obviar otras posibles, desde que empezó la pandemia. Hay que hacerlo ahora, vertiginosamente, no cuando se eleve la curva macabra. El costo político de un genocidio será infinitamente mayor a que los seres humanos tras las rejas estén en casa junto a los suyos. Con vida.