El 11 de Julio de 2012, luego de realizarles un juicio lleno de irregularidades, con los tiempos dilatados injustificadamente y habiendo cumplido más de seis años en prisión, el Tribunal de Sentencia condenó a Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Carlos Espínola, Gustavo Lescano, Roque Rodríguez y Arístides Vera a la pena de 25 años de prisión. Se los declaró culpables de los delitos de “secuestro, asociación criminal y homicidio” en el caso Cecilia Cubas.
Entre las numerosas inconsistencias del caso cuenta el hecho de que la sentencia no estableció la relación de los acusados con los hechos, y que en ella se haya dictado una idéntica pena genérica sin establecer las responsabilidades que supuestamente les cabían a cada uno de los imputados. Esto confirma el carácter político de la persecución judicial a la que fueron sometidos los presos del caso Cubas, en el cual se violó el derecho a la presunción de inocencia y se los mantiene hace ya más de ocho años en prisión sin sentencia firme.
Luego de dictada la sentencia, las defensas presentaron el pedido de extinción de la causa penal, que según la Ley Antimora paraguaya opera a los tres años de prisión proceso sin sentencia firme. La fiscalía solicitó la inconstitucionalidad de esa ley, la cual fue resuelta favorablemente por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay el 10 de julio último. Esa resolución habilitaba a la Cámara de Apelaciones a expedirse sobre la apelación a la sentencia, lo cual se produjo tan solo un día después.
En estos momentos las defensas técnicas trabajan para elevar el caso a la Corte Suprema mientras se preparan a llevar el caso a instancias supranacionales.