(Por Hilda Presman/ Red Derechos Humanos/APL) Kevin Candia fue fusilado el 21 de abril de 2020 en la Unidad Penal 1 de Corrientes, con balas de plomo de  fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias. En una represión desmesurada, despiadada, fuera de todo protocolo y con presencia de TODOS  los jefes, penitenciarios policiales y del ministerio de Seguridad,  masacraron a Kevin, hirieron a decenas de personas privadas de libertad en un contexto de pandemia, intranquilidad y reclamos por salud y recreación.

A 3 años aún nadie se hace cargo, no hay imputaciones ni identificación de quién disparó, quien dio la orden, quien hizo ingresar 100 efectivos penitenciarios que estaban en cuarentena, nadie se hizo responsable de haber ocasionado el primero y más serio brote de covid en la Ciudad de Corrientes. Nadie se hizo responsable por el ingreso de grupos especiales de la policía, armados con balas de propósito general (plomo), nadie se responsabiliza por las mentiras y falsas versiones de una muerte por apuñalamiento entre pares (los presos) siendo que la autopsia claramente determinó la cantidad de perdigones de plomo que dañaron áreas vitales de Kevin.

Sin dudas NADIE debe morir en una cárcel . Y menos FUSILADO por los encargados de su custodia.

 El estado es responsable Justicia para Kevin!