Este jueves 30 de julio, al cumplirse 3 meses de impunidad, desde HIJOS La Plata, el Colectivo Contra el Gatillo Fácil y la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada volvemos a salir a las calles por la aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro, detenido y desaparecido por la Policía bonaerense del gobernador Axel Kicillof y su ministro de Inseguridad Sergio Berni. Con los cuidados del caso y respetando la distancia social a que obliga esta cuarentena realizaremos una manifestación contra la impunidad de este nuevo caso de desaparición forzada en democracia. En coordinación y en paralelo con actividades realizadas por la familia de Facundo en Villarino, en Bahía Blanca y por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia en Caba, denunciaremos el accionar represivo de la Policía, que en 4 meses de cuarentena se llevó la vida de más de 73 personas en casos de gatillo fácil, desapariciones forzadas y muertes por torturas en cárceles y comisarías, además de los miles de actos de verdugueo y abuso en los barrios populares. Desde HIJOS La Plata expresamos que si nos parecía increíble tener que salir en septiembre de 2006 a pedir la aparición con vida de Jorge Julio López y en agosto de 2017 por Santiago Maldonado, hoy vemos que esas causas continúan en total impunidad, igual que los casos de Luciano Arruga y la mayoría de las más de 217 desapariciones forzadas ocurridas desde 1983 a la fecha.
El caso de Facundo tiene todos los elementos que definen a los casos de desaparición forzada: una detención por parte de la policía en un contexto de pandemia donde supuestamente Facundo no tenía permiso para circular, donde se priva de la libertad a una persona y se niega la situación, para luego negarse a tomarle la denuncia a la mamá. Una práctica de manual, donde se minimizó el hecho al inicio, se perdió el tiempo en los primeros momentos de la investigación con la carátula de “averiguación de paradero”, se trató de deslindar las responsabilidades oficiales y se apartó a La Bonaerense SA solamente después de que el caso tomó trascendencia pública nacional. Aquí es clara la responsabilidad política del gobernador Kicillof y de su ministro Berni, quienes manejaron la cuarentena como secuestradores del conflicto sanitario hacia su veta represiva. Pero al ser un delito federal que implica la responsabilidad del Estado argentino, también señalamos la responsabilidad del presidente Alberto Fernández y de su ministra Sabina Frederic, que a más de establecer una pelea pública con Berni por los “estilos” de conducción de la fuerza ha dejado actuar a sus efectivos para que fusilen pibes como Facundo Escalzo en el Bajo Flores.
Como sabemos a esta altura, la desaparición forzada de persona, el “crimen de crímenes” como lo definió Nora Cortiñas, es la privación ilegal de la libertad cometida por agentes del Estado, o por un particular con apoyo o aquiescencia estatal y donde el Estado se niega a informar o reconocer esa privación de libertad. Actualmente las causas por desaparición forzada de persona en Argentina, más de 217 casos de 1983 a la fecha, rara vez llegan a investigarse como se debe, reconociendo la existencia plena del delito y con ello la responsabilidad estatal que cabe en esclarecerlo y condenar a los responsables. Argentina, el país de los 30 mil detenidos desaparecidos, tardó 28 años desde finalizada la dictadura para incluir en su ordenamiento legal la posibilidad de condenar a agentes del Estado por la figura de desaparición forzada de persona.
En todos los casos de desaparecidos en democracia registrados en estas décadas, incluso en los que ha habido alguna actividad judicial, quedan eslabones de la cadena de impunidad por deshacer. La causa por Luis Espinoza se investiga como como “homicidio agravado y encubrimiento”, aunque sea lisa y llanamente una desaparición forzada seguida de muerte. En la de Facundo Astudillo Castro se perdió un tiempo irreparable con el fiscal bonaerense Rodolfo De Lucía para pasarla al fuero federal, y una vez allí sólo las medidas impulsadas por los abogados de la familia fueron aportando elementos concretos para hacer avanzar el caso. No es menor que la causa haya caído en las manos del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, integrante de la familia judicial de Bahía Blanca, conocido encubridor de los crímenes de Estado de la Triple A en aquella localidad, del genocidio del Comando del V cuerpo en dictadura y de las causas federales a su cargo cuando fue juez entre 2012 y 2015. Y la cadena de impunidad sigue si se repasan los casos más conocidos. En la causa de Andrés Núñez, desaparecido en La Plata en 1990, la investigación sigue abierta por la acción de la familia que logró un fallo de la Suprema Corte bonaerense que determinó que si bien no es un caso de lesa humanidad no prescribe por ser una “grave violación a los Derechos Humanos”. En este caso se encontró el cuerpo de Andrés y se condenó a 3 de los 9 responsables, con el policía Pablo Martín Gerez, principal ejecutor del hecho, prófugo desde hace casi 30 años. En el caso de Miguel Bru, si bien se condenó a varios de los policías de la Comisaría 9na de La Plata, todos los asesinos recuperaron la libertad o murieron sin cumplir la pena, y el cuerpo de Miguel nunca fue hallado. En el caso de Iván Torres, desaparecido por la Policía de Comodoro Rivadavia en 2003 se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó al Estado argentino a realizar un juicio que igualmente fue parcial y sólo condenó a 2 policías como partícipes secundarios de un hecho que parece que no tuviera autores materiales. La causa por la segunda desaparición forzada del ex detenido desaparecido en dictadura Jorge Julio López va camino a los 14 años de impunidad. La causa federal por la desaparición de Luciano Arruga no obtuvo el impulso debido, incluso pese a la condena recibida en 2015 por el policía Julio Torales por las torturas que le practicó a Luciano en el mismo destacamento policial de La Matanza donde meses después lo confinaron para desaparecerlo. En la desaparición de Daniel Solano, ocurrida en 2011 en Choele Choel, siete de los policías involucrados fueron condenados en 2018 por la figura de homicidio agravado, pero continúan libres y en funciones hasta que la sentencia quede firme, y nada se dijo en el fallo de la modalidad de explotación a los trabajadores golondrinas que sostienen las empresas frutícolas del valle de Río Negro y sin la cual no se explica el crimen de Daniel. El expediente por el crimen de Franco Casco, desaparecido en Rosario en 2014, fue elevada a juicio en diciembre pasado con la carátula de desaparición forzada pero con dispar atribución de responsabilidades a los quince policías involucrados en el hecho. En el caso de Santiago Maldonado el juez Gustavo Lleral intentó cerrar la causa tras 27 meses de pesquisas y trató de hacer pasar la “teoría del ahogado” imponiendo que en el hecho no hay delito que perseguir. A 3 años de impunidad en el caso de Santiago la causa no tiene juez, el gendarme Emanuel Echazú fue desprocesado y la investigación está paralizada. El Estado nunca explicó el acomodamiento caprichoso de la causal de muerte de Santiago entre el paro cardiorrespiratorio por el frío o bien el ahogamiento, la imposibilidad de que el río hubiera ocultado y/o arrastrado desde caudal arriba el cuerpo, la no coincidencia plena de elementos microscópicos en el agua y en el interior del cuerpo, así como la ausencia de signos de arrastre o marcas que presentaba el cuerpo habiendo sido encontrado en un lecho plagado de ramas y raíces. La familia Maldonado sigue esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación responda su pedido para que se asigne un nuevo juez y comience una verdadera investigación.
Ante esta situación de impunidad este jueves 30 de julio las organizaciones de derechos humanos, antirrepresivas, políticas, sociales y gremiales que integran la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, sostendremos el reclamo por Facundo con la convicción de seguir saliendo a la calle cada vez que sea necesario para enfrentar el aparato represivo y denunciar sus crímenes. Y para que la pandemia no sea la excusa para incrementar la represión como vienen haciendo los gobiernos nacional y provincial.