(Juan Pablo/Centro Universitario Devoto) Decenas de miles de privados de libertad de todo el país realizan huelga de hambre y batucadas en reclamo sus derechos vulnerados que la alharaca mediática y electoralera agudizó -con creces –  en el calvario del otro lado de las rejas. Así, pulverizaron las normas consagradas en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales firmados por la Argentina. Este viernes, precisamente, Correpi anunciaba que de las 7093  personas asesinadas por el Estado, desde 1983 a la fecha, el 48,14 % estaban en una cárcel, comisaría o bajo custodia. En ese contexto letal, en esos centros de devastación humana, se multiplicaron exponencialmente la cantidad de privados de libertad y todas las formas de torturas posibles junto al recorte de la progresividad y la destrucción de institutos liberatorios en cada etapa, convirtiendo a lxs prexs en seres sepultados en vida. Más abajo, brindamos completo el artículo de Juan Pablo del CUD quien, por caso, afirma que: «Los institutos de reintegro anticipado son herramientas fundamentales y el estado nunca tuvo políticas fuertes y serias para los liberados y para aquellos que debían ser controlados una vez pre egresados».

El 9 de diciembre los detenidos del Complejo Penitenciario de Devoto decidieron anexarse a un reclamo generalizado que se ha venido gestando en diferentes establecimientos carcelarios a nivel Nacional. La conducción del Centro Universitario tomo la determinación de solidarizarse ante el reclamo de compañeros de encierro que en representación de la población impulsaron la medida. El malestar en el ámbito federal, se ha venido gestando hace aproximadamente 2 años ante el crecimiento exponencial que produjo una serie de reformas legislativas que omitieron prever el alojamiento para el crecimiento que implicaba tal reforma. No logro conmover en sus exposiciones en el Senado la advertencia de los organismos de control ni de losJueces Nacionales de Ejecución Penal. Sin embargo la sobrepoblación ya era un padecimiento y un problema que estaba oculto. La crisis financiera al igual que la falta de previsibilidad de Políticas Públicas condujo al colapso del Sistema Penitenciario. El requerimiento de mayor seguridad por parte de la sociedad, ante la situación de inseguridad, hizo creer que una alternativa posible, para contentar a un público expectante, eran reformas que limitaran el egreso anticipado de los detenidos. Estas soluciones facilistas, al igual que la criminalización de ciertos delitos en procedimientos sumarísimos (Ley 27.272 Flagrancia) solo conllevaron a incrementar la punición de cualquier delito sin contemplar lo que ello implica no solo para el sistema sino también para el erario público.

Recientemente la comisión bicameral ante reclamos de posibles violaciones al principio de igualdad en la implementación del Código Procesal Federal, adecuó su implementación conjunta a nivel nacional en cuanto a las medidas de coerción posibles ante de disponer la prisión preventiva de manera automática. Esto si bien no ha de corregir la sobrepoblación que se vivencia a nivel nacional, ha venido a poner un coto a la criminalización secundaria, de acuerdo al criterio de oportunidad que detenta el Ministerio Publico Fiscal, pudiendo ante ciertos delitos declarar que prescinde de la persecución penal pública y notificar a la víctima para concluir el proceso de forma alternativa.

Sin embargo, como se ha dicho, la crisis carcelaria resulto ser tal que la ocupación de espacios no destinados para el fin de alojar detenidos ha venido a neutralizar la simbiosis que debe regir en la ejecución de la pena, la progresividad en el régimen.

Este conjunto de situaciones ha tornado la aplicación de una pena en algo que dista ostensiblemente del fin perseguido. Transformando la privación de la libertad en un castigo liso y llano.

Se pretende concientizar al estado que en su posición de garante jamás puede incurrir en la lógica criminalizar una acción delictiva a través de actos que acarreen al Estado Nacional en ser el principal infractor de las normas que pretende hacer respetar. Incluso sin incurrir en responsabilidad Internacional de acuerdo a los tratados suscriptos.

Es así que cerca de 1000 internos de una cárcel que aloja unos 2000 detenidos se han alzado en huelga de hambre para reclamar y pedir soluciones legislativas inmediatas que compensen y rectifiquen el equilibrio poblacional.

En nuestro país existe un Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura tratos crueles inhumanos y degradantes creados por ley 26.827, que actualmente preside Juan Manuel IRRAZABAL, ex diputado. Este mecanismo debería ser el encargado de fijar estándares y regular la creación e implementación de herramientas que pudieran ponerse en práctica ante este tipo de emergencias. Lo cierto es que el mecanismo no cuenta, en la actualidad, con el presupuesto necesario para poder siquiera disponer de un perito experto en el tema. Así,solicitaron los comisionados Dra. Diana Conti y Gustavo Palmieri, en una audiencia pública celebrada en el Juzgado Federal ante el cual tramita una acción que denuncia la sobrepoblación del CPF (CABA), que el Consejo de la Magistratura prevea el pago de honorarios para la misión encomendada.

Claramente la situación de sobrepoblación atraviesa un proceso muy lento y dilatado por algunas autoridades.

Recientemente en el ámbito Provincial el recientemente designado en el Ministro de justicia y Derechos Humanos bonaerense,  Julio Alak, concedió una mesa de diálogo para evaluar la situación de sobrepoblación en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

La necesidad de reformas legislativas es inminente, compensar el tiempo bajo el cual el Estado en infracción a todos los preceptos legales previstos Constitucionalmente, se torna imperativa.

Desde el ámbito federal se reclaman situaciones análogas, una reforma que rectifique el incumplimiento Estatal al privar a los detenidos de acceder en término a los institutos liberatorios. La connivencia del poder judicial ante una mirada complaciente y negadora de una realidad inocultable.

Parece ser que una gran parte prescinde de marco normativo a consentir informes que distan de la realidad que el propio estado reconoció a través de la resolución 184 / 2019, decretando la “Emergencia penitenciaria”.

La gran mayoría de los delitos afectaron delitos contra la propiedad, sin embargo, bajo este Estado de situación es el propio Estado quien pone en riesgo la vida de los detenidos.

Concretamente, resulta necesario repensar un sistema jurídico que prevea penas que en consonancia con los estándares internacionales contemple la posibilidad cierta de acceder a una liberación y no que la misma quede bajo la discrecionalidad de autoridades penitenciarias.

La génesis de esta hiperinflación punitivista, se ha dado a partir de las llamadas leyes Blumberg: 25.886 y 25.882 (en el año 2004). Luego le siguieron algunas reformas que extendieron el alcance de artículo 56 bis ante cada hecho que mediáticamente generaba el clima propicio para desplegar la Criminología Mediática en su mayor exposición. Al grito de “si se puede”, siguieron las reformas de la Ley de Ejecución Penal y la Ley de Flagrancia. Incluso se ha llegado a proponer la pena de muerte de manos del diputado Olmedo.

Es hora de que la sociedad se de cuenta que el delito y la inseguridad es un emergente de políticas deficientes y además direccionadas para que los ministerios de seguridad y todo lo que engloba el delito sea un negocio multimillonario. Cárceles, armas, personal, presupuestos de toda índole y en definitiva el gran olvidado una vez más siguen siendo ambas víctimas. Tanto el victimario como la víctima pierden. El único beneficiado es el Estado y quienes viven de el. La sociedad paga sus impuestos para mantener una estructura que es deficiente y lejos de haber traído soluciones solo escondió el problema.

Es hora de re pensar la cárcel como herramienta para dar respuesta a ciertos delitos que no la requieren. Y dar posibilidad a las personas que pagan con su vida por delitos que solo afectan un bien jurídico material como es la propiedad.

Resulta imperioso no arrojar al abismo a quienes pretendemos receptar nuevamente en nuestra sociedad, y no consentir penas de muerte encubiertas. 50 años de cárcel resulta un despropósito y desentenderse del conflicto social aislándolo definitivamente hasta neutralizarlos “inocuizacion» penal.

Los institutos de reintegro anticipado son herramientas fundamentales y el estado nunca tuvo políticas fuertes y serias para los liberados y para aquellos que debían ser controlados una vez pre egresados. Solo inflaron estructuras con presupuesto que jamás fue volcado al fin para el cual estaba destinado. Por eso ante este colapso es fundamental barajar y dar de nuevo. Hablar con honestidad y reconocer la deuda pendiente en materia de políticas penitenciaria y criminal que atiendan los conflictos y no que los aíslen con reformas que posterguen el estallido que hoy se evidencia. Por eso bien dice la frase, aquel que quiera conocer una sociedad debe recorrer sus cárceles.

Claramente nuestras cárceles son un reflejo social deficiente y gestiones de gobiernos que solo dilatan los conflictos sociales sin darles atenciones que no impliquen un asistencialismo que se torne en un mero clientelismo.

Esperamos que este gobierno tenga la voluntad de trabajar en conjunto con quienes conocen la realidad por vivirla y padecerla y no fomente y legitime más estructuras de corrupción como han sido por años los servicios penitenciarios.