(Por Fernanda Giribone/APL) La sociedad jujeña se encuentra conmocionada. Tras varios días de multitudinarias manifestaciones y protestas en toda la provincia el gobierno de Morales sancionó -de manera demagógica y sin que se avizore eficacia alguna-, una ley que creó un “comité interinstitucional permanente de actuación ante la desaparición y extravíos de mujeres, niñas o personas de la diversidad”. Sin embargo, el movimiento de mujeres, el mismo que viene operativizando la búsqueda de las chicas que faltan de sus hogares, el que realiza los reclamos en las comisarías y que contiene a las familias, considera que esta medida, lejos de dar solución a los problemas reales, puede convertirse en una traba burocrática más para quienes buscan a sus familiares, además de que es una medida que actúa sobre los hechos consumados, y no previniendo las violencias. En lo que va del año en Jujuy ya hubo 9 femicidios, más otras dos muertes más que están en proceso de investigación y aún no han sido caratuladas como tal. Cuatro de ellos ocurrieron durante las últimas tres semanas.
A principio de septiembre se conoció el femicidio de Cesia Nicole Reinaga, una joven de 20 años de Abra Pampa, que estuvo desaparecida diez días, hasta que fue encontrada asesinada en un ex matadero municipal. A los pocos días faltaron de sus hogares en la ciudad de Palpalá Iara Rueda y Gabriela Cruz, con tan solo un día de diferencia. Cuando el pasado lunes 28, familiares y vecinos de las jóvenes, junto a organizaciones sociales y feministas, realizaban un corte de ruta 66 para reclamar al gobierno acciones para encontrar a las chicas, un rastrillaje policial dio con el cuerpo de Iara.
Al día siguiente, el martes 29, se conoció el femicidio de Roxana Masala, una militante del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) que había estado en la marcha de la ciudad de Perico, pidiendo justicia por Iara y por la aparición con vida de Gabriela. El día de la marcha había sido el cumpleaños de Roxana, y según nos comentan sus compañeros, la ex pareja –que ya la había violentado tiempo atrás-, se presentó en su domicilio para hablar. Al día siguiente los encontraron muertos a los dos. Al parecer el ex envenenó a Roxana y luego se suicidó. Roxana dejó tres hijos pequeños. El cuarto femicidio lo conocimos este jueves, cuando se confirmó el hallazgo de Gabriela Cruz. Gabriela tenía 24 años y era madre de dos niños. Se encuentra detenido su ex pareja, quien confesó el crimen.
Ante la inoperancia de la policía y la indiferencia del gobierno, los familiares, vecinos y amigos, organizaciones sociales y políticas, militantes feministas y mujeres, se fueron organizando y convocando ante estos actos de injusticia y para expresar su solidaridad. Primero rastrillando lugares, para dar con las chicas, luego marchando y pidiendo justicia. Juntando dinero y acompañando a los familiares. Por el contrario, el estado, encarnado en el Gobernador, el Ministro de seguridad y la titular del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, se mantuvieron en completo silencio todo el tiempo que les fue posible (ver recuadro), y la policía -que no buscó a las chicas en su momento- se dedicó a tener una política represiva, amenazado a las personas del corte de la ruta 66 y reprimiendo la marcha del lunes, con balas de goma y gases lacrimógenos, dejando heridos y detenidos.
Ahora, el gobierno forzado a actuar ante la masividad de los reclamos, crea mediante la ley provincial Nº 6.185 un “comité interinstitucional permanente de actuación ante la desaparición y extravíos de mujeres, niñas o personas de la diversidad”. Pero por supuesto cierra el juego, y se rehúsa a la participación de organizaciones feministas y del movimiento de mujeres, en estos organismos, pese a que son quienes realmente vienen trabajando estas temáticas desde hace años.
Pareciera que el gobierno quiere desviar la atención, y el reclamo popular que denuncia la responsabilidad que la policía y el gobierno tuvieron en el trágico desenlace de estos casos, lanzando esta medida, que sustancialmente nada cambiará. En contrapartida, el movimiento de mujeres exige medidas de emergencia que ataquen el problema de la violencia de género, y que den solución a las mujeres, niños y personas de la diversidad, que se encuentren en estado de peligro o vulnerabilidad, ofreciéndoles las herramientas necesarias para enfrentar la violencia machista. Medidas que les permita garantizarse las condiciones materiales de existencia, como los refugios, licencias pagas o subsidios económicos, planes para acceso a la vivienda, verdaderas políticas de ayuda y contención.
EKEL MEYER, EL DINOSAURIO
Tanto Roxana como Gabriela atravesaban una situación de violencia con sus ex parejas. En el caso de Roxana este ya había sido denunciado y mediaba una perimetral que no se respetaba. Basándose en esta información el Ministro de Seguridad Ekel Meyer responsabilizó a Roxana de su propia muerte, al declarar que ella “decidió volver voluntariamente” con su ex pareja. Se trata de un mecanismo perverso, bastante frecuente, que usa culpabilizar a las víctimas de su propia agresión. Además, este mecanismo perpetúa la idea de que las únicas obligadas a hacer algo para evitar las agresiones son las mujeres. Para Ekel Meyer, hacer esta nefasta apreciación, le permite probablemente pensar que la responsabilidad del femicidio de Roxana ya no recae en el estado o su gobierno.
Lamentablemente nos vemos en la obligación de recordar la obviedad de que los culpables de estos crímenes son los agresores y no las víctimas, y que estos discursos que re-victimizan a las mujeres, a la par que reproducen los estereotipos sexistas, perpetúan la cultura de la violación y del femicidio en nuestra sociedad. La re-victimización es tan frecuente, que no se evita ni en las instituciones especializadas en Violencia de Género de Jujuy. Frecuentemente escuchamos a las mujeres denunciar que en las mismas oficinas de Paridad de Género se las maltrata cuando van a pedir ayuda, asesoramiento o a tramitar denuncias o detenciones. Por un lado las mujeres se les pide que denuncien, pero cuando lo hacen se las estigmatiza, se las cuestiona y se las responsabiliza (de manera total o parcial) por su situación, lo que dificulta realmente la recuperación de la víctima, a la par que desalienta nuevas denuncias.