(Prensa CPM) El juzgado de Garantías N 1 de La Matanza, a cargo de la doctora Mari Castillo, ordenó la detención de ocho policías bonaerenses, seis hombres y dos mujeres, por someter durante meses a severidades, vejámenes y abuso sexual a las mujeres detenidas en la comisaría 3ra de La Tablada. Por su sistematicidad y el dolor infligido, estos hechos son torturas y así fueron denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, en enero luego de realizar una inspección sorpresiva. Estas violencias implicaban también un castigo moral y humillante por la condición de mujeres y trans de las detenidas. La instrucción estuvo a cargo de la fiscalía de delitos de gravedad institucional y la CPM patrocina a las víctimas. También intervinieron la Defensoría de Casación provincial y la Defensoría General de La Matanza.

Desde septiembre de 2019, a partir de la asunción del subcomisario Lionel Gómez, hasta enero de este año, las mujeres detenidas en la comisaría 3ra de La Tablada, partido de La Matanza, fueron sometidas sistemáticamente y mediante diversos métodos a prácticas violentas, degradantes y humillantes, que configuran hechos de torturas. Así lo denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) desde el primer momento.

A poco más de tres meses de la denuncia, el juzgado de Garantías N 1 de La Matanza ordenó las primeras ocho detenciones por los delitos de severidades, vejámenes y abuso sexual. Además del entonces subcomisario Lionel Gómez, fueron detenidos los policías Javier González, Cristian Aliaga, Ángel Reales, Ariel Pasquale y Leandro Maidan, y las agentes Maida Celeste Ruiz y Johana Romero, esta última del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

La orden de detención resalta que los funcionarios y funcionarias policiales actuaron con poder de hecho y ejerciendo abuso funcional sobre las personas detenidas. Y destaca también que estas prácticas violentas se combinaban con castigos y humillaciones por la condición de mujeres de las víctimas.

La instrucción judicial estuvo a cargo de la fiscalía de gravedad institucional de La Matanza, a cargo de Julia Panzoni y Fernando López, que intervino tras la denuncia realizada por la CPM. En enero pasado, al tomar conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos, el defensor de Casación de la Provincia Mario Coriolano pidió la intervención de la CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El organismo realizó una inspección sorpresiva a la comisaría donde, a partir del relato de las detenidas, relevó estos hechos. Los defensores oficiales de la Matanza también intervinieron impulsando la investigación.

En ese momento, la CPM había advertido que las mujeres alojadas en la comisaría tercera de La Tablada padecían aislamiento extremo, requisas vejatorias, golpes y otras prácticas de tortura de manera reiterada, hasta llegar a dos hechos de abusos sexuales ocurridos el 19 de diciembre de ese año y el 5 de enero de 2020.

La investigación judicial pudo reconstruir tres momentos de estas graves violaciones a los derechos humanos, que se vieron reflejados en la decisión de la jueza de garantías Mari Castillo. Desde el 22 de septiembre del año pasado hasta el 21 de enero, agentes de la comisaría 3ra ejercieron distintos hechos de violencia contra, al menos, 23 mujeres detenidas. Además de atentar contra la integridad física de las mujeres, las sometían a sanciones y castigos abusivos: aislamiento extremos hasta de cuatro días, impedimento de comunicación con sus familias, retraso prolongado de la entrega de la comida, falta de atención médica, además de obligarlas a orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon.

El segundo de los hechos ocurrió el 19 de diciembre, entre las 17 y 20 horas, dos mujeres —una de ellas que la llamaban la “ginecóloga” y aún no fue identificada— junto con cuatro agentes policiales perpetraron abuso sexual con acceso carnal contra al menos ocho mujeres. De a una a la vez, las hicieron pasar a un calabozo donde las sometieron a vejaciones obligándolas a desnudarse y realizar infames posturas, para luego abusarlas sexualmente.

El último de los hechos ocurrió el 5 de enero de este año, durante una requisa policial por parte de la agente del GAD y dos efectivos de la comisaría 3ra. Los funcionarios obligaron a diez detenidas a ingresar en un baño de ínfimas dimensiones y, una vez allí, las obligaron a desnudarse, mientras las hostigaban y amenazaban con los palos que portaban.

Desde el primer momento, la CPM patrocina a todas las víctimas y reclamó que la violencia contra las detenidas debe ser considerada una grave violación a los derechos humanos porque vulnera la dignidad, la integridad y la seguridad de las mujeres. A pesar de la calificación actual, como severidades, el organismo sostiene que estas prácticas sean investigadas y sancionadas como torturas: el sufrimiento infligido y la continuidad de estos delitos durante tanto tiempo no pueden considerarse de otra manera.