Otro femicidio. Otra adolescente asesinada”, tuiteé a la madrugada del lunes 11 de mayo de 2015. Horas después, Marcela Ojeda hacía una llamada desesperada en esa misma red social y desencadenaba una convocatoria inesperada, pero a la vez latente: Ni Una Menos. Basta de femicidios.

(Por  Maira Haunau  y Selena Martínez)Cuatro años después, en 2019, cuando Elon Musk todavía no había comprado Twitter ni barrido con la ingenuidad de interactuar en un espacio seguro, yo misma tuiteaba: “Navila Garay, Vanesa Caro, Cecilia Burgadt, Cielo López. Cuatro femicidios en un fin de semana. No es una suma. No las encuentran muertas. Son mujeres asesinadas por femicidas. Es violencia machista. Después preguntan por qué estamos enojadas. Seguimos gritando #NiUnaMenos”.

La autorreferencia está justificada porque habla de uno de los cambios más importantes que provocó esa movilización masiva del 3 de junio diez años atrás. El tuit del 11 de mayo tenía una captura de pantalla de un diario. Sección Policiales y un título: Conmoción en Rufino: hallan muerta a una adolescente de 14 años. Ni yo ni el medio nombraban a Chiara Páez. “Otra adolescente” no nombraba a Wanda Taddei ni a Ángeles Rawson ni a Lola Chomnalez ni a Daiana García ni a Melina Romero ni a tantas jóvenes víctimas de femicidio, cuyas vidas habían estado en la vidriera mediática como si fueran culpables de algo y varios de cuyos cuerpos habían sido descartados como si fueran basura. “Hallan muerta”, decía el título de la noticia. “No las encuentran muertas”, era claro mi tuit de 2019.

Ni Una Menos, antes y después

La marcha masiva, que puso en el centro del escenario político a las mujeres en plena campaña electoral por la presidencia, politizó lo que en un mundo manejado por hombres se considera una minoría, aunque es una mayoría entre habitantes de ese mundo. Modificó leyes, creó nuevas, generó políticas públicas. Sobre todo, cambió la manera de contar la violencia contra las mujeres y la diversidad: la palabra femicidio –omitida por los medios hasta entonces e ignorada por la mayor parte de las audiencias- fue contextualizada como el final de una larga cadena de violencias, como la punta visible del iceberg, como el mayor exponente de la desigualdad estructural. Del “hallan muerta” a “fue asesinada por ser mujer”; del “otro femicidio” a nombrarla.

Dice Paula Rodríguez en su libro Ni Una Menos, publicado en octubre de 2015 a propósito del origen: “Había nacido como reacción ante este dato mayor de la violencia cotidiana. Ante el silencio. Ante una tradición que separaba víctimas inocentes de putitas que algo habrán hecho. La masividad les estalló en la cara a gobiernos, oposiciones, dirigencias varias y medios masivos. Por una vez, todos estaban en la misma vereda. La de ignorar una estadística criminal conocida y repetida, la de negarle toda existencia, o toda urgencia, a un machismo asesino”.

Entonces estallaron las llamadas a la línea 144, de acompañamiento y atención a las víctimas de violencia machista, una política pública de 2013, incluida en la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. Ya no eran casos aislados, eran un problema público y social, aunque el espacio más inseguro fuera (siguen siendo) las propias casas.

Diez años después, la línea 144 está desfinanciada –como la mayoría de los programas de protección a las personas en situación de violencia de género- y redujo su personal en un 45%. Son muy pocas las operadoras atendiendo los llamados que, seguramente hoy, volverán a copar las líneas. Este es sólo uno de los retrocesos que impuso el gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, negar la desigualdad y la violencia machista no las hace desaparecer. La gestión actual sostiene que “los homicidios de mujeres bajaron un 14,3%”. Este dato no es un indicador para hablar de violencia de género, sencillamente porque se refiere a otra cosa: un homicidio no es lo mismo que un femicidio. No toda muerte de una mujer a manos de un hombre es un femicidio. Además, esos datos no son informados por el Ministerio de Seguridad, sino por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Sus informes muestran que los femicidios se mantienen estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año.

El observatorio Ahora que sí nos ven contabiliza, en estos diez años, 2827 femicidios en Argentina, un asesinato motivado por el género cada 31 horas. En línea con la “batalla cultural”, hoy no existen datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. El sistema de medición dejó de relevar la información nacional y se dejaron de publicar las estadísticas. Con el desmantelamiento de programas y espacios de atención, es posible que haya menos mujeres buscando ayuda. La ausencia del Estado genera más desigualdad; no mostrarla no la reduce.

Además de desmantelar las políticas de prevención, el Gobierno vació de presupuesto el Programa Acompañar, que asistía a las mujeres que sufren violencia de género: lo redujo un 82% y la cantidad de mujeres asistidas cayó 98,72%.

La organización ELA hizo una cuenta que contradice la eficacia de la motosierra: además del costo irreparable en vidas, abandonar la prevención y asistencia también tiene un altísimo costo para el propio Estado: es 22 veces más caro no intervenir a tiempo que invertir en políticas integrales.

La lista de ataques a las políticas de prevención y asistencia es larga y alineada con el objetivo de negar la desigualdad, una pelea que recrudece en las efemérides y que el Gobierno sostiene porque forma parte de su “batalla cultural”, en la que los feminismos, además de los equipos del Garrahan, el periodismo, jubilados, científicos y un largo etcétera de personas e instituciones, son enemigos a los que hay que borrar del mapa.

Lo que pasa es que no es tan fácil. Ni Una Menos cosechó semillas que el movimiento de mujeres venía sembrando con los encuentros nacionales y las luchas por la igualdad (desde el voto hasta el matrimonio igualitario, el divorcio, la patria potestad compartida, el aborto legal y tantas otras conquistas). Las raíces están firmes.

El informe Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina, de finales de 2024, revela que el 62% de la sociedad considera que la asistencia a mujeres en situación de violencia tiene un impacto positivo, el 79% prefiere un Estado que brinde protección ante violencias, el 58% cree que las desigualdades entre varones y mujeres son grandes o muy grandes y el 85% considera que queda mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos.

Más allá de la evidencia, la capilaridad territorial conseguida después de diez años no se puede borrar de un plumazo: las redes de mujeres (al frente de los comedores, asistiendo a víctimas de violencia, acompañando abortos en lugares donde no hay insumos, denunciando abusos) resisten. Es que nunca se fueron. ¿Dónde están las feministas?, preguntan en las redes los trolls beneficiados por los algoritmos. Acá estamos, responde un coro a lo largo y a lo ancho de la Argentina.