(Por José Castillo/ Izquierda Socialista)En un DNU ilegal, anticonstitucional y, por sobre todo profundamente antiobrero y antipopular, el presidente ultraderechista reforma 300 leyes, quitando derechos históricos al pueblo trabajador y otorga gigantescos privilegios a las grandes patronales y los pulpos financieros. Un saqueo total a nuestros recursos, al servicio de los buitres financieros, el FMI y los pagos de deuda externa. ¡Hay que impedir que avance, saliendo a las calles, con un paro general y un plan de lucha!

El presidente Milei se cree un monarca. De un plumazo declara en el primer artículo de su DNU de terror la “emergencia” de prácticamente todo: “económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social”… nada menos que hasta el 31 de diciembre de 2025. En un megadecreto de 80 páginas y 366 artículos, que reforma o deroga nada menos que 300 leyes. Así nos anticipa que va a gobernar, cambiando “el régimen, para dar una señal al FMI”, como acaba de informar Federico Sturzenegger, que apareció como “asesor” sin siquiera haber sido nombrado. El propio presidente Milei amenazó en un reportaje con Jonathan Viale que “les aviso que viene más”.

Una flexibilización feroz

El DNU arrasa con prácticamente 100 años de conquistas obreras y con todo el derecho laboral. Modifica 40 artículos de la ley de contrato de trabajo. Uno de sus objetivos principales es facilitar los despidos. Así, para calcular las indemnizaciones se excluye el aguinaldo, los tickets canasta, vales alimentarios o cualquier bono anual. Se achican los intereses a pagar por los juicios laborales, facilitando así que, como estos duran varios años, al final el trabajador despedido cobre monedas. Se extiende el período de prueba de tres a ocho meses, promoviendo así la trampa de tomar trabajadores para echarlos al cabo de ese tiempo, sin pagarles un peso. Se elimina la posibilidad de denunciar relación laboral si se está cobrando como monotributista, alentando la tercerización y el trabajo en negro. Con relación a este último, se eliminan las multas por tener trabajadoras o trabajadores en esta condición. Además se crea el “fondo de cese laboral”, promoviendo que las patronales puedan tomar trabajadores con sistemas como el de la Uocra, totalmente flexibilizados.

En lo que es una violación absoluta al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, tratados internacionales y resoluciones de la OIT, prácticamente se prohíbe el derecho a huelga e incluso a deliberación sindical. Ya no se podrán realizar asambleas en los lugares de trabajo si, al mismo tiempo, no se siguen realizando las tareas. Se considerará causal de despido sin indemnización prácticamente cualquier acción contra la patronal, como bloqueos o tomas de plantas. Y, por sobre todo, se declaran servicios “esenciales” o “de importancia trascendental”, donde en el primer caso ante una medida de fuerza hay que garantizar el 75% del servicio y en el segundo el 50%, entre otras, a las tareas de educación, salud, transporte, química, siderurgia y hasta a la construcción y a la gastronomía.

Se liquidan las obras sociales, introduciendo la posibilidad de “optar por las empresas de medicina prepaga”. Es una trampa: se busca que las y los trabajadores más jóvenes vuelquen sus aportes a las empresas privadas, que al mismo tiempo rechazarán a los trabajadores de más edad (que son más costosos para estas empresas), desfinanciando a las obras sociales sindicales hasta el punto de llevarlas a la quiebra. Al mismo tiempo, se liberan los precios de la medicina prepaga. Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, no esperó un minuto, y ya anunció un aumento del 50% “por sobre la inflación”.

Aumentos de precios y pulverización de salarios y jubilaciones: vale todo

El gobierno de Milei ya había arrancado con una devaluación del 118% y con la eliminación de todo tipo de controles de precios, facilitando el abuso de las grandes monopólicas de consumo masivo. Ahora se va más allá: se deroga la ley de Abastecimiento, que autorizaba a controlar precios y sancionar desabastecimiento. Pero también la ley de promoción comercial (que obligaba a publicar precios o exhibir cantidades en los envases), la ley de góndolas, e incluso el mero observatorio de precios.

Se le dan privilegios a los grandes laboratorios, modificando la legislación de medicamentos genéricos y se le dan privilegios a grandes cadenas farmacéuticos como Farmacity, encareciendo astronómicamente los medicamentos.

Se deroga la ley de alquileres, volcando todos los derechos en contra de los inquilinos, a los que se les podrá exigir incluso que paguen en dólares.

Industricidio y saqueo

Una de las consignas que se escucharon con más fuerza en las movilizaciones nocturnas que acompañaron los cacerolazos fue “la patria no se vende”. Nada más exacto. Porque el DNU plantea un virtual saqueo de todos nuestros recursos. Se habilita la privatización de todas las empresas públicas, empezando por YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, los ferrocarriles y todas las demás.

En el caso de Aerolíneas supuestamente “se les entrega a los trabajadores”, como privados, transformándola en sociedad anónima pero se lo hace sin fondos, de hecho para que vaya a la quiebra, al cierre. A esto se le suma “los cielos abiertos”, promoviendo la competencia con las grandes empresas de aviación extranjeras, que quedan habilitadas hasta para los vuelos de cabotaje.

Se desregula el comercio exterior y el código aduanero, promoviendo, una vez más, como en la época de Martínez de Hoz primero y de Menem después, la total apertura a los productos extranjeros, liquidando la industria nacional y generando miles de cierres de empresas y despidos. Se derogan los regímenes de promoción industrial, también poniendo en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo, como en Tierra del Fuego, en la vitivinicultura, el azúcar y la yerba mate, atacando explícitamente esas economías regionales.

Se deroga el “Compre Nacional”, para que así el Estado, en vez de tener que priorizar su compras en empresas nacionales, puedan  hacerlo directamente con las multinacionales.

Se deroga la ley de Tierras, permitiendo a los capitalistas extranjeros quedarse con tierras sin límites de tamaño e incluso en zonas de frontera. También se elimina la ley de Fuego, promoviendo que ahora se quemen campos y humedales, como viene pasando en el Delta del Paraná, para que después los especuladores puedan quedarse con monedas por los campos incendiados.

Los bancos también reciben sus privilegios, a costa de usuarios y pequeños comerciantes, desregulando y permitiendo aumentar comisiones e intereses, al servicio de sus superganancias.

Se “liberaliza” hasta el internet satelital, en un negocio que el propio presidente confiesa que será a medida de Starlink, del empresario transnacional Elon Musk.

Se liquida todo, hasta los clubes de fútbol, buscando sacárselo a los socios y transformarlos en sociedades anónimas, tal como quiere Mauricio Macri, repudiado por esto hace pocos días en las elecciones en Boca.

Por un paro general y un plan de lucha

En síntesis, se trata de una desregulación total a favor de los de arriba, de los ricos, de los que más tienen. Que sumirá más aún en la miseria y la indigencia al pueblo trabajador. No quedará nada, se remata todo. Todo al servicio de seguir pagando la deuda externa y cumplir con el FMI, al que hoy mismo se le pagaron 900 millones de dólares y se le abonarán varios miles de millones más en las próximas semanas.

Hay que rechazarlo ya mismo. La CGT y las CTA deben convocar a un paro general y un plan de lucha para tirar abajo este criminal e ilegal DNU.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad planteamos que la salida es otro plan económico, de emergencia, obrero y popular, que comience por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para así poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.