El Estado pulveriza los derechos de las mujeres en prisión

(APL) “La falta de alimentación adecuada, de atención médica, de la provisión de elementos básicos de higiene como el papel higiénico o toallitas femeninas, las condiciones de hacinamiento en las que viven, hace a la privación de sus necesidades básicas y coloca al Estado en el incumplimiento de obligaciones elementales en su tarea de custodia de personas privadas de su libertad. Dentro del colectivo, las mujeres privadas de la libertad, exigen la atención de demandas específicas a las prestaciones de salud, entre otras omisiones, no se les realizan estudios de control ginecológicos desde hace años; falta medicación para quienes padecen enfermedades crónicas; no se producen traslados a tiempo a hospitales extramuros, lo cual provoca muertes evitables por falta de atención de enfermedades, tal así, el caso de Patricia Solorza, quien estuviera alojada en la Unidad 47 de San Martín. Asimismo, exigen remover las trabas que el sistema penitenciario pone a las visitas de sus hijes menores, lo cual obsta a la vinculación con elles, durante meses”.  Fragmento del comunicado de Yonofuí, que reproducimos más abajo. A su vez, el organismo convoca “a las organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones sociales, educativas y/o culturales, instituciones académicas, colectivos artísticos, nacionales e internacionales y a toda persona que le interese adherir y difundir. Adhesiones: info@yonofui.org.ar / Contacto – María Medrano: 1561723202. (Foto: Adriana Lestido)

En este momento personas alojadas en varias unidades penales de la Provincia de Buenos Aires están en huelga de hambre en reclamo de que se investiguen y sancionen los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sistemáticamente se producen en los lugares de detención de personas privadas de la libertad de la provincia.  La falta de alimentación adecuada, de atención médica, de la provisión de elementos básicos de higiene como el papel higiénico o toallitas femeninas, las condiciones de hacinamiento en las que viven, hace a la privación de sus necesidades básicas y coloca al Estado en el incumplimiento de obligaciones elementales en su tarea de custodia de personas privadas de su libertad. Dentro del colectivo, las mujeres privadas de la libertad, exigen la atención de demandas específicas a las prestaciones de salud, entre otras omisiones, no se les realizan estudios de control ginecológicos desde hace años; falta medicación para quienes padecen enfermedades crónicas; no se producen traslados a tiempo a hospitales extramuros, lo cual provoca muertes evitables por falta de atención de enfermedades, tal así, el caso de Patricia Solorza, quien estuviera alojada en la Unidad 47 de San Martín. Asimismo, exigen remover las trabas que el sistema penitenciario pone a las visitas de sus hijes menores, lo cual obsta a la vinculación con elles, durante meses.

La lista extensa lista de reclamos resalta la arbitrariedad del órgano administrativo en la elaboración de los informes criminológicos y socio ambientales que se exigen para acceder a los derechos, así como del Poder Judicial, que generaliza el uso de la prisión preventiva y obstaculiza particularmente, los arrestos domiciliarios, colapsando más aún el sistema penitenciario y denegando, discrecionalmente, derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes vigentes.

Por todo lo expuesto:

Acompañamos el reclamo de las personas privadas de libertad en huelga y exigimos que se garanticen su integridad física y emocional, se brinden con urgencia las prestaciones en salud

adecuadas a su condición, a la alimentación, se les garantice el derecho a la educación, a las visitas y el debido proceso.

Asimismo se reconozcan sus derechos políticos a la libertad de expresión y al legítimo ejercicio de la protesta social, brindando canales institucionales para hacer oír sus demandas.

Exigimos a los órganos de custodia y a todas las instituciones estatales con competencia en la garantía y preservación de sus derechos a adoptar, en forma urgente, las medidas que en la esfera de su competencia hagan cesar y reviertan las condiciones denunciadas, en cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por nuestro país, y que son ley Suprema de la Nación.

Convocamos a las organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones sociales, educativas y/o culturales, instituciones académicas, colectivos artísticos, nacionales e internacionales y a toda persona que le interese adherir y difundir. Adhesiones: info@yonofui.org.ar / Contacto – María Medrano: 1561723202