El 24 marzo se emitió una resolución a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por medio de la cual se expide una autorización para circular a personas que tengan familiares detenidos, a los fines de que puedan acercarse a los penales a realizar depósitos de mercadería, la cual en general consta de elementos de higiene y alimentos. Esto se da en el marco de serie de reclamos llevados adelante por las personas detenidas en distintos penales del país, llamados por el servicio penitenciario motines, que el 23 de marzo tuvo un saldo de 5 muertos y varios heridos. Los cuales tienen como desencadenante el hecho de que existe mayor hambre y escasez de alimentos, en los penales, así como también el aumento de las condiciones de hacinamiento debido a que tampoco hay acceso a elementos de higiene. Esto sucede a raíz de la cuarentena, medida adoptada por el gobierno nacional frente a la pandemia mundial por el COVID-19, ya que se han suspendido las visitas a los penales, en las cuales las familias abastecen de alimentos e insumos de higiene a sus familiares detenidos.Es como consecuencia de estas medidas, en algunos penales se permite la realización de un depósito de mercadería, el cual se ve dificultado por las restricciones de circulación.
En este contexto es que se resuelve desde el Ministerio de justicia, la autorización del permiso para circular ,entendiendo que la mayor problemática es que los familiares pudieran llegar a realizar dicho depósito, sin tener en cuenta que salir y realizar un viaje que en muchos casos es de varias horas, tener contacto con el exterior, realizar largas colas para dejar mercadería, implica un alto grado de exposición al virus, no solo de quienes van a realizar el depósito, sino también de las familias que están en las casas, a las que tienen que volver.
Esta resolución en su afán de mitigar las situaciones de violencia en los penales, trae aparejado que las familias se expongan a un virus que afecta a gran parte de la población mundial, sin ser personal esencial.
Entendemos que ante la urgencia de los acontecimientos sucedidos se haya pensado que este permiso de circulación podría ser una solución para poder afrontar la crisis que se está desencadenando dentro de los penales y evitar más muertes y heridos. Sin embargo esta solución expone a miles de familiares a un virus que es de rápida propagación, a sus vecinos, comunidades y todo aquel con el que el familiar tenga contacto ocasional. Sostenemos que es el estado el responsable de proveer alimentación digna y elementos de higiene necesarios a las personas privadas de la libertad, y no sus familias.
Mientras esperamos que el estado pueda organizar una forma de garantizar el acceso a estas necesidades básicas, entendemos que será la familia quien tape el bache en la medida de sus posibilidades, esperamos que en los próximos días se pueda hallar una resolución más integral a esta problemática sin exponer a las familias y a la comunidad en general.
Organizaciones firmantes:
ACIFAD (ASOCIACION CIVIL FAMILIARES DE DETENIDOS), ASOCIACION CIVIL CLAUDIO POCHO LEPRATTI, VAMOS- FRENTE PATRIA GRANDE, ATRAPAMUROS, ASOCIACION SERE POR LA MEMORIA Y LA VIDA, SEDyF (SECRETARIA DE EX DETENIDOS Y FAMILIARES), ASOCIACION POR LOS DERECHOS HUMANOS DE HURLINGAM, PATRICIA ISABEL DANNA, ABOGADA, PROYECTO MECHA – AGENCIA PARA LA LIBERTAD –
Para adherir al comunicado, casoslapocholepratti@gmail.com