(Por Fernanda Giribone/APL) En un contexto de crisis económica y pobreza creciente, la Justicia le ordenó al Ejecutivo que distribuya “de modo inmediato” el stock de alimentos destinado a comedores que tiene retenido, pero el Gobierno de Javier Milei apeló este lunes el fallo, con lo que se frena nuevamente su distribución. El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Gobierno informar -en un plazo de 72 horas- un detalle del stock de alimentos, y un plan para su reparto inmediato.
La apelación a este fallo, una maniobra burocrática, es un paso más en la disputa que el Gobierno lleva contra las organizaciones sociales que representan a desocupados y trabajadores informales. Un capitulo más en su brutal plan de ajuste “motosierra” contra el pueblo trabajador, en una Argentina donde la pobreza ya alcanza al 57,4% de la población (según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina).
Mientras Javier Milei considera que el limite es morir de hambre en las calles, y así lo expresa, su revanchismo político lo lleva a no entregar estos alimentos a los comedores populares. Es que el Gobierno ultraderechista de Milei explota al máximo la desconfianza de corrupción que cae sobre el gobierno anterior, y para justificarse e implementar sus políticas de ajuste y desfinanciamiento, recurre a la idea de control y auditoría. Así lo hizo con el presupuesto de las Universidades Nacionales, que el mes pasado funcionaban a oscuras por falta de dinero, y lo hace ahora con las organizaciones sociales. Por eso desde Capital Humano, el Ministerio que dirige Sandra Petovello, se defienden diciendo que “están auditando y sospechan de la existencia de irregularidades”, y que se están guardando los alimentos porque antes lo utilizaban “las organizaciones” “para los comedores fantasma”. También en este marco estigmatizante y persecutorio, cabe destacar que el Gobierno denunció a dirigentes de diversas organizaciones sociales por supuestas coacciones e irregularidades en la distribución de alimentos.
Lo cierto es que desde que asumió Milei en diciembre permanecen en depósitos del Estado al menos 5.000 toneladas de comida compradas por el Gobierno anterior. Esta aberración fue denunciada por una investigación periodística, y recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia de Grabois, al que se adhirieron comedores sociales. Por su parte los movimientos y organizaciones sociales combativas continúan reclamando al Estado que se distribuya los insumos destinados a comedores y merenderos, con acciones en las calles.
Ahora, con la apelación concedida se lleva adelante la maniobra dilatoria, y será la Cámara Federal de CABA la que definirá si Capital Humano debe distribuir los alimentos o si Pettovello tendrá la potestad para decidir cómo, cuándo y a quiénes entregarlos. Mientras tanto, Sandra toma café con sus amigos, y en los comedores no hay comida.