El martes 25 de agosto no será, por lo tanto, una sesión más, ya que en parte serán informadas las resoluciones del día lunes, pero especialmente porque por primera vez comenzarán a escucharse los testimonios de los testigos por la querella contra los imputados (en anteriores sesiones se dio lectura a la acusación del Ministerio Público Fiscal que preside el Dr. Daniel Adler). Por otra parte se espera una importante presencia dentro y/o fuera del TOF Nº 1 de todos los interesados en garantizar el derecho a conocer los hechos que se juzgan, entre ellos, integrantes de movimientos, organizaciones, partidos y agrupaciones que comparten el mismo reclamo de justicia para las víctimas, sus familiares, compañeros y protagonistas de una etapa que preparó el terreno para la instauración de la dictadura militar 1976/1983, la más sangrienta de las ocurridas en nuestro país.

La Universidad Nacional de Mar del Plata (que integra la querella, junto a la Secretaría de DDHH de la Provincia, la APDH y Familiares de detenidos desaparecidos del Sudeste) se convierte en protagonista central en el presente juicio, en tanto su nacimiento en 1975 surge de la fusión de la Universidad Provincial y la Universidad Católica, “lograda” mediante amenazas y copamiento de ambas conducciones. Según los argumentos planteados por la CNU, cuyos integrantes niegan haber formado parte de esa organización, se estaba desvirtuando el “objetivo” de la Católica por la influencia tercermundista del clero en la conducción de esa Universidad, y el crecimiento de fuerzas de “izquierda” en las dos universidades.

El accionar delictivo de la patota de la CNU – con apoyo de militantes de La Plata enalgunas ocasiones, ya que el número de militantes en nuestra ciudad era escaso – tiene su debut en diciembre de 1971 con el asesinato de la estudiante Silvia Filler, en tanto el grupo ingresa con armas y cadenas en una asamblea desarrollada en el aula que hoy lleva su nombre, edificio del actual Rectorado. El juicio y posterior condena en 1972 de dieciséis integrantes de la banda, muchos de ellos hoy presentes en el juicio que se tramita, liberados junto a los presos políticos amnistiados por el gobierno electo en 1973, detiene por un tiempo su actividad política. Será a partir de 1974 que retoman su militancia, y a punta de pistola “convencen” a directivos de la Católica del cierre de la misma, a principios del 75, anexando sus carreras a la que sería Universidad Nacional, cerrando las cinco carreras de las ciencias sociales que se cursaban en la ex Facultad de Humanidades de la Universidad Provincial, y al mismo tiempo amedrentando con expulsiones, controles y asesinatos a docentes y estudiantes de ambas casas de estudio. Ya sus principales integrantes cubren puestos de dirección en la nueva Universidad, logrando el ingreso de personajes que cobran sueldo pero no para desarrollar las tareas para las que son contratados.

En la madrugada 21 de marzo de 1975, como represalia por la muerte de uno de los jefes de la banda, Ernesto Piantoni, son asesinados Jorge Videla y sus dos hijos, Enrique “Pacho” Elizagaray – referente de la Juventud Universitaria Peronista – y el cirujano Bernardo Goldenberg. El 25 de abril del mismo año se encuentra calcinado en su coche al contador Daniel Gasparri, y a pocos metros el cuerpo baleado de Jorge Stoppani.
En mayo de 1975 es secuestrada de su domicilio la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica María del Carmen Maggi. El entonces Fiscal Federal Gustavo Demarchi, designado como tal por Isabel Martínez de Perón, archiva la causa, y el cuerpo de la docente aparecería en Mar Chiquita en febrero de 1976.
Como homenaje por su valiente resistencia al atropello de la banda, el aula magna del Complejo Universitario llevará su nombre a partir de 1983.
El 5 de junio de 1975, luego de su secuestro en la puerta de la ex Escuela “Piloto” enla que trabajaba como docente de la carrera de Psicología, el psicólogo Roberto Sanmartino fue hallado con treinta impactos de bala. A estos crímenes les sucederían los del arquitecto Victor Hugo Kein y el estudiante Jorge Dell Arco el 12 de junio de 1975, el de Roberto Wilson el 14 de febrero de 1976 en el transcurso de una lucha laboral que llevaba adelante junto a obreros del frigorífico San Telmo, y son asesinados Manuel Crespo y Emilio Azorín en un taller de reparación de motocicletas.

Sería largo enumerar aquí la diversidad de delitos que acompañan a secuestros y asesinatos, que únicamente fueron posibles con el amparo del Estado nacional, la protección de la Justicia Federal, la Universidad Nacional de Mar del Plata y las fuerzas de seguridad, tanto la policía bonaerense como la Federal.

Los once imputados están acusados de delitos de lesa humanidad por constituir una “asociación ilícita” bajo el amparo de los organismos estatales citados. Los hechos delictivos que deben probarse en este juicio son los cometidos entre 1974 y marzo de 1976. Algunos de los imputados pasarían, luego del golpe del 24 de marzo de 1976, a integrar el servicio de inteligencia del GADA 601 (Ejército) en Mar del Plata.

Mientras la Corte Suprema de Justicia difunde conceptos vertidos en un panel que c uestionó los juicios contra delitos de lesa humanidad (ver nota “Responden a la política de impunidad” Página 12 del 23/8/15 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-279976-2015-08-23.html).

Los ciento treinta y siete firmantes individuales y veintiún organizaciones, gremios y partidos políticos que entregamos a la Cámara de Casación Penal Federal – Sala II, el 14 de julio una Carta de pedido para que el imputado Demarchi no se autodefienda, lo que implicaría la posibilidad de interrogar a los testigos sobre los hechos por los que se lo acusa junto a otros diez imputados, esperamos que dicha Cámara revierta la decisión del TOF Nº 1 de Mar del Plata que aceptara al inicio del juicio el pedido del citado Demarchi de autodefenderse.

No hubo respuesta alguna de la Cámara de Casación Penal Federal – hasta ahora -, al pedido del Fiscal Dr. Daniel Adler elevado en junio y al de los adherentes a la nota presentada el 14 de julio en Bs. As., que se pronunciaba en el mismo sentido. La resolución del TOF Nº 1 fué criticada por la Facultad de Psicología de la Univ. Nac. de Mar del Plata y por el Centro “Fernando Ulloa” de atención a las víctimas de delitos de lesa humanidad.

(2) En los muros Facebook de Infojus, FM De la Azotea, Revista Ajo y 0223 entre otros, más información sobre la marcha del juicio hasta la última sesión del mismo.

María Cristina de los Reyes es docente UNMDP e integrantre de Red contra violencias abuso y trata (En Red),