(Por Hilda Presman/ Red Derechos Humanos) El servicio penitenciario mató a golpes este jueves a un joven, que estaba detenido en la Unidad Penal 6 de San Cayetano. Se trata de Héctor «Manchita» García, quien había reclamado en la mañana del 13 de enero, asistencia sanitaria y medidas de prevención por el brote de Covid que se produjo en la UP6 desde el inicio del año. Todos estos días los familiares trataron infructuosamente de viralizar esta situación en redes sociales, en medios periodísticos, de sensibilizar a las autoridades sobre la pandemia en la cárcel de procesados. Reclamaban agua potable, lavandina, barbijos, control médico e hisopados en todos los pabellones. Y la respuesta siempre fue el ninguneo, negar los casos, los faltantes de elementos de higiene, el maltrato del hospital de campaña, la falta de hisopados. Entrar violentamente en los pabellones e intimidar y prohibir que difundan esa información. Y así decidieron, literalmente : «matar al cartero», ya que esto es lo que reclamaba Héctor García, hisopado para quienes tenían síntomas en su pabellón. Y lo sacaron a las patadas, y lo molieron a palazos . Llegó al hospital con muerte cerebral por edema cerebral, con contusiones pulmonares. Lo dicen los compañeros, lo sabemos nosotros. A Héctor García, como a Kevin Candía, como a Raúl Sánchez, los mató el Servicio Penitenciario.
Y los sigue matando, los sigue reprimiendo. En este momento ( 21 hs) , fuerzas especiales policiales, el Grim, fuerzas especiales penitenciarias reprimen con escopetazos a la población penal que se alzó, indignada, reclamando Justicia por Manchita, y también condiciones dignas de detención y acceso a la salud para todos los presos. Es responsabilidad del Gobernador Valdés, del Ministro López Desimoni, del Jefe del Servicio Penitenciario Roque Romero, del jefe de Policía Barboza, que esas armas dejen de disparar contra la población penal, porque puede suceder, ya sucedió con Kevin Candia el 21 de Abril del 2020, que por «apuro, desprolijidad o que se yo» se confundan y maten a más personas, disparando balas de plomo y no de goma.
Hoy, la exclusiva responsabilidad sobre la calma, la salud y la seguridad de los 400 detenidos en el Penal de San Cayetano está en manos del Gobierno y del Poder judicial, que en este año no revisó causas ni excarcelaciones, demoró procesos en estos tiempos de pandemia y no separó grupos de riesgo para eventuales detenciones domiciliarias
La letalidad carcelaria supera a la del virus. Acá el virus enferma, el Servicio Penitenciario mata!
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