En los barrios pobres, nuestra pandemia es la policía

(Por Anahí Andrade) Este jueves hemos recibido la denuncia de Luisa Acosta, mamá de Miguel Ángel “Nacho” Herrera de 18 años de edad, quien el 16 de abril fue víctima de la desigualdad que provoca la diferencia de clase y del ya conocido y repudiado abuso de autoridad por parte de la policía de Monte Caseros, Corrientes. Antes de ayer Nacho tuvo un accidente de tránsito. Su moto sufrió el impacto de otra moto que manejaba Claudio Rupani. Ambos fueron hospitalizados y, luego de un chequeo médico y sin haber sufrido heridas graves, los dos hombres fueron dados de alta esa misma noche. Ayer, en horas del mediodía, Nacho se dirigía a hacer un trámite relacionado con el accidente acompañado por su mamá, cuando en la vía pública los detiene un móvil policial y le comunican a Nacho que debía acompañarlos a la comisaría ya que el comisario necesitaba tomarle una declaración respecto al accidente del día anterior. Nacho hizo lo que la policía le pidió, y una vez en la comisaría lo dejaron detenido haciéndole saber a su mamá que quedaría allí por 19 días sin visitas. El comisario utilizó como excusa el hecho de que Nacho había violado la cuarentena el día del accidente y que además era culpable del mismo. (Anahí Andrade es hermana de Nino Largueri, desaparecido y asesinado por la Policía de Corrientes) Más abajo, el resto del texto)

Antes que nada queremos destacar que el día del accidente Nacho venía de realizar un trabajo de albañilería en la casa de su hermana, y que pese a la emergencia sanitaria que estamos atravesando y de tomar los recaudos necesarios, para muchos laburantes es imposible quedarnos en casa ya que si no trabajamos no podemos generar un ingreso para sostener a nuestras familias.

También es importante mencionar que Nacho viene siendo hostigado y perseguido por la policía desde hace un tiempo. Su madre vio cómo en la comisaría lo golpeaban luego de ser detenido. Está desesperada por la situación y teme por la vida de su hijo.

Cabe señalar que la otra víctima del accidente, Claudio Rupani es reconocido por su participación en el sector político, formó parte de la lista como concejal por el PJ en las últimas elecciones y es allegado de Eduardo Galantini, quien incluso se hizo presente en el hospital.

Rupani no está preso ni está siendo hostigado ni golpeado por la policía de Monte Caseros, sino que está en libertad a pesar de haber incumplido la cuarentena el día del accidente.

A esta costumbre que tiene el poder político, la justicia, y la policía de medir con diferentes varas el accionar de los ciudadanos es lo que nosotros denunciamos como privilegios de clase. Una vez más todas estas instituciones expresan con este accionar su abuso de poder contra los más desprotegidos.

Así también lo demuestra la institución policial hostigando, criminalizando, e incluso entrando a los tiros en los barrios más humildes para disciplinar a los pibes todas las noches. Recordamos también que fue haciendo uso de estas mismas prácticas que en el año 2015 la policía secuestró, torturó, desapareció y asesinó a Nino Largueri. El caso del asesinato de Nino por parte de la policía de Monte Caseros es ampliamente conocido por toda nuestra comunidad y ha recorrido todo el territorio nacional, desenmascarando lo peor de esta nefasta institución y el rol que cumple la justicia al encubrir el crimen y garantizarle impunidad y libertad a los policías que todos reconocemos como a los asesinos de Nino.

Repudiamos este accionar contra el joven Miguel Angel “Nacho” Herrera. Exigimos que cesen los golpes, el hostigamiento y el abuso de autoridad hacia las personas de los barrios vulnerables por parte de la policía de Monte Caseros.

Queremos la liberación de Nacho ya mismo y que las investigaciones que deban realizarse se hagan en los ámbitos correspondientes sin detenidos por “portación de cara”. La justicia debe ser imparcial y no guiarse por la condición de clase de los ciudadanos. Exigimos respuestas concretas y coherentes para Nacho y su familia y hacemos responsables a la policía y a la justicia de su integridad física.