Un día antes de cumplirse el noveno año de la desaparición de Julio López, el testigo que incriminó con su declaración a Miguel Etchecoltz, excomisario de la Bonaerense durante la dictadura, exigiremos, como lo venimos haciendo en las calles, la apertura de inmediata de los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación en poder de la Policía Bonaerense, Federal, Servicio Penitenciario Federal, Bonaerense, el Ejército, la Fuerza Aérea y/o la Armada Argentina, y la AFI y ex SIDE que se hayan producido desde el primero de junio de 2006, mes de inicio del juicio oral llevado a cabo en La Plata contra Etchecolatz.
Llegamos a un nuevo año sin López y sin ningún avance en la investigación. El encubrimiento por parte del Estado ha sido la norma en estos años, empezando por los funcionarios que declararon que “López se halla perdido” o “estará en la casa de la tía”, como dijo Aníbal Fernández, amparando así a la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario tanto bonaerense como federal, de estrechas relaciones con exrepresores detenidos junto a Etchecolatz en el pabellón de Lesa Humanidad de Marcos Paz y respecto de los que sobra evidencia, pero todas las líneas investigativas evitaron poner ahí el ojo. No hay un solo imputado por la desaparición de López.
“La causa por la desaparición de Julio es un ‘monumento a la impunidad’, así la llamamos desde el primero momento, porque si uno va viendo cómo se fue procediendo, es realmente un escándalo”, señala Myriam Bregman, autora del proyecto y una de las abogadas de Julio López, parte querellante junto a Justicia YA en el juicio contra Etchecolatz.
“Desde el Estado provincial y nacional encubrieron a los responsables”, agrega Bregman, y prosigue: “Recién en 2008 se apartó a la policía Bonaerense de la investigación, donde según información brindada por el propio Poder Ejecutivo provincial aún revestían más de 9.026 efectivos que cumplieron funciones durante la última dictadura. Muchos meses después la causa pasó a la justicia federal reconociéndose la desaparición forzada de López. Y un dato brutal: durante años la investigación de esta causa estuvo dirigida por un juez proveniente de la dictadura, Manuel Blanco, del Juzgado Federal N°3 de La Plata, lo cual no hace más que sumar una aberración más en el marco de la deliberada impunidad”.
No olvidaremos nunca las palabras de Adriana Calvo –ex detenida desaparecida y testigo clave en decenas de causas incluyendo la del “Juicio a las Juntas”- cuando Julio no llegó al tribunal donde tendrían lugar los alegatos contra el excomisario Miguel Etchecolatz en aquella jornada del 18 de septiembre de 2006: “Julio está desaparecido”, dijo a minutos de que Julio no llegara. Durante meses, tuvo lugar una verdadera política de Estado que consistía en negar lo realmente ocurrido, en lo que terminó constituyendo un aberrante acto de encubrimiento de los secuestradores de López.
La impunidad, que nos ha llevado a movilizarnos todos estos años con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y Justicia YA La Plata, nos llevó también a los organismos querellantes a presentarnos ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos y la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU.
En este marco, la presentación de este proyecto de Ley tiene como objetivo reforzar la lucha por el castigo a los culpables de la desaparición de Julio López, exigiendo al Estado Nacional que dé respuestas alrededor de la desaparición forzada de Jorge Julio López, que constituye un delito de lesa humanidad, y es por ello que deberá arbitrar todas las medidas necesaria para informar qué es lo que ha ocurrido con el testigo.
Como si quisieran negar una y otra vez su existencia, ni Cristina Fernández ni el candidato y gobernador de la Buenos Aires lo han nombrado siquiera una vez. Un silencio brutal. Cómplice.
Myriam Bregman nos decía también que “la apertura de los archivos es un reclamo que hacemos en relación a la causa de Julio López, y es la misma exigencia que junto a los organismos de derechos humanos venidos haciendo con respecto a todos los crímenes de la dictadura. Por eso, una vez más estaremos marchando este 18 de septiembre, denunciando el encubrimiento oficial, exigiendo el castigo a los responsables, la cárcel a todos los genocidas y la apertura de los archivos que, sabemos, tiene el Estado”.
Así será, este viernes 18 de septiembre marchamos en La Plata, en Ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país exigiendo la apertura de los archivos, el castigo a los culpable y la cárcel a todos los genocidas. Denunciaremos que el gobierno es responsable de estos años de impunidad y encubrimiento. Es una cita de honor para todos los luchadores, porque la desaparición de Julio López demuestra que cuando hablamos de impunidad a los genocidas hablamos de todos los que siguen en funciones hoy en las fuerzas represivas y de seguridad, hablamos de continuidad, por eso ¡no nos reconciliamos, no perdonamos ni olvidamos!