(Por Fernanda Giribone/APL) El gobernador Gerardo Morales ha decidido suplir la esperable imposibilidad de dar respuesta a la crisis sanitaria, no con más presupuesto y especialización para salud, sino con una férrea política de miedo y represión sobre la población. En este primer mes de cuarentena el gobierno de Jujuy ha implementado un aceitado sistema para reprimir, ajustar y recaudar; sumiendo a la población en un Estado de NO Derecho. La fórmula no es ni exclusiva ni nueva. La represión y el encierro, como forma de contención a una epidemia es un método medieval, y tampoco es exclusivo de la provincia, puesto que es compartido por el gobierno federal, aunque no se puede negar que Jujuy le ha dado un cierto giro en “audacia” e “innovación” al asunto. En este recorrido la provincia ha sido conocida por montar “corralitos” en plazas y parques, para detener a aquellos que rompieran la cuarentena o circularan sin autorización. Las jaulas, que los medios locales han optado por llamar “corralitos”, consisten en un sistema desmontable de vallado, donde se puede detener a personas y dejarlas en el mismo espacio público en el que estaban pero ya sin la posibilidad de  transitar y a la vista de todos, como una buena forma de adoctrinamiento. Los “corralitos” le  valieron al gobierno cuantiosas críticas por su brutalidad, pero también porque lejos de perseguir fines sanitarios obligaba a los detenidos a no cumplir las recomendaciones básicas de la OMS: no podían -en la superficie del vallado- mantener el distanciamiento social, ni les era posible lavarse las manos, no contaban con agua potable, y además los demorados no tenían baños.

COMO EN EL MEDIOEVO

La referencia a los estudios sobre la Peste de Foucault, que tanto se han visto en estos días por las redes sociales, se vuelve una parada obligada, por la similitud y pertinencia. Foucault analiza para el Medioevo, que el modelo disciplinar en el tratado de la peste, contaba con grandes dispositivos de vigilancia y gestión del espacio, con el objetivo de controlar la conducta de los sanos (a diferencia de lo que había sido el tratamiento de la lepra, que se focalizaba en la expulsión y el aislamiento de los enfermos). Durante la Peste Negra se controlaba estrictamente la movilidad y los hábitos de los ciudadanos. La gestión del espacio indicaba a la población horarios -cuándo salir y a qué hora-, y lo que estaba permitido hacer -incluso dentro de sus propias casas-, y suponía también la obligación de presentarse periódicamente ante un inspector o incluso a dejarles entrar en sus viviendas. El control territorial podía partir desde una pequeña escala -casas particulares- hasta contemplar barrios o regiones enteras. En este espacio todos y todo era sometido a escrutinio. El control territorial implicaba obviamente el conocer al detalle los que se encontraban en el espacio al inicio de la cuarentena, puesto que los ocupantes no podían salir del territorio, y desde ya no se podían incorporar otras personas desde fuera. Se ordenaba a la gente encerrarse en su casa, con la prohibición de salir, a excepción de que fuera absolutamente necesario, lo que además se hacía con autorización, por turnos y evitando todo tipo de encuentro. En las ciudades, las calles se dividían, y quedaban bajo una autoridad, que vigilaba y se encargaba del cumplimiento de la cuarentena. Para Foucault la peste es el sueño político de la sociedad disciplinaria, el encierro, la reglamentación, la vigilancia y el castigo.

DESMANTELAMIENTO DE LA SALUD Y OPERATIVO MEDIÁTICO

Jujuy es una de las provincias más pobres del país, y por lo tanto con grandes dificultades para enfrentar la pandemia. Cerca del 50% del empleo es informal, y día a día se suman despidos, suspensiones y rebajas salariales. En el plano sanitario el desfinanciamiento de la Salud es brutal. Ya desde mucho antes de la pandemia médicos y enfermeros denunciaban el desmantelamiento y privatización del sistema de salud público, la falta de recursos humanos, la tercerización de los empleos y la precariedad laboral del sector. Hace varios años que la provincia ya había declarado emergencia epidemiológica en HIV-Sida, Sífilis y Tuberculosis. A esta golpeada realidad es que se suman la amenaza del Covid 19 y el brote de Dengue, epidemia de la que mucho no se habla aunque ya suma 1500 casos.

Gerardo Morales también ha montado,  en torno al virus, un fuerte operativo mediático y fiscal. Desde la declaración de la crisis y la formación del Comité Operativo de Emergencia (COE), el Gobernador se ha encargado de llevar adelante en persona la comunicación diaria, en la que se informan los pasos a seguir. Las sanciones económicas a la población se multiplican a la par que proliferan las restricciones y pedidos especiales. Constantemente se imponen nuevas multas, y la policía provincial se ha convertido en un ente de recaudación estatal. También como forma de ahorro la provincia ha rebajado el sueldo de los docentes, y se amenaza con hacer extensiva la medida al resto de los trabajadores estatales.

RAZIAS, BALAS DE GOMA Y EXPULSIÓN DE “NO JUJEÑOS”

Con el discurso de “cuidar a los jujeños” el gobierno ha realizado razias y redadas con balas de goma, detenciones arbitrarias, y hasta la expulsión de personas “no jujeñas” fuera de la provincia. La deportación de cerca de 70 extranjeros (que se encontraban ya con la cuarentena cumplida) le ha costado al gobernador un pequeño escándalo de alcance internacional. Sin embargo el discurso paternalista y de “cuidado” hace agua cuando se trata de trabajadores o jóvenes, que quieren regresar a sus hogares. Los que necesitan volver se topan con las peticiones más absurdas, viéndose obligados a abonar desde el traslado, los hoteles (para hacer la cuarentena), la comida (en estos hoteles), e incluso ahora también se exige que paguen su propio test para ingresar. Vemos así que, por ejemplo la realidad de los “trabajadores golondrinas jujeños”, cuyo destrato se ha hecho eco en los medios nacionales, se encuentra muy lejos de la de los repatriados desde Europa, quienes han cumplido su cuarentena en hoteles de categoría con todo incluido, o de la Jueza María Silvia Bernal, quien tras protagonizar un escándalo por pretender violar la cuarentena, quedó confinada, y sin sanciones, en un hotel del centro jujeño.

Lamentablemente la declaración del estado de excepcionalidad ante esta crisis sanitaria, y las medidas que en función de esta se toman, no responden exclusivamente a razones médicas o epidemiológicas como vemos. Las decisiones se acomodan, se doblan o se matizan, en función de la condición de clase, del status y del poder de cada quien. En este sentido las respuestas del Gobernador contemplan fuertemente factores políticos y económicos. Desde este miércoles, por ejemplo, se sale a la calle a realizar sólo las actividades permitidas en función de si el número de DNI es par o impar. Así una cantidad no determinada de personas solo podrán ir a la farmacia día por medio, porque otra cantidad -también indeterminada de personas- deben ir a trabajar, y así lo ha decidido el Estado (y en esto coinciden el Gobierno Nacional con el Provincial). El Estado decide qué es necesario y cuándo, sin consultar. Amplios sectores de empleados estatales de la provincia, que no pertenecen a rubros esenciales, han sido convocado esta semana a trabajar, sin mediar mayores explicaciones.  La pandemia no hizo más que dejar al descubierto las condiciones estructurales de  este sistema mundial, y las condiciones particulares de un país y una provincia empobrecida, marco que todo lo empeora. La falta de inversión en Salud y Educación, la falta de respuesta de este sistema a los problemas reales de la gente, la necesidad de controlar la población, el humor social y de prohibir la protesta, se hacen

evidentes.

EL ESTIGMA Y LA FAJA

En el colmo de la persecución y estigmatización, el Gobernador aventuró como medida que quienes den positivo al Covid 19 se mantendrían en cuarentena en sus casas, con el resto de su familia, y propuso que las viviendas se fajen para que todos los vecinos conozcan la situación del hogar, y que la comunidad funcione como mecanismo de control social. En estos casos toda la familia debería permanecer en cuarentena, y serían monitoreados mediante llamadas telefónicas a cada uno de los miembros del hogar y con visitas sorpresas in situ. El incumplimiento de estas normas sería obviamente sancionado con multas y/o detenciones. Aunque hoy esta propuesta ha sido descartada por Morales, a consecuencia de la fuerte crítica que despertó, y se ha desestimado el uso de las fajas por estigmatizantes y violatorias de los derechos más básicos de los pacientes, el gobernador no ha dado precisión sobre el resto de los ítems que esta propuesta contemplaba: los llamados telefónicos y las visitas sorpresivas para los positivos, el monitoreo de los posibles casos a través de una aplicación telefónica; ni tampoco se ha vuelto a mencionar en el COE si se llevarán adelante controles al azar entre personas sin síntomas, como Morales había propuesto.

Asimismo Gerardo Morales se ha dado a la tarea de cuidar celosamente las fronteras, echar a todo extranjero, e impedir que otros ingresen y “nos contaminen”. En este sentido se jacta de haber logrado que Jujuy disponga de una autorización propia, distinta a la del gobierno nacional, para quienes pretendan ingresar a la provincia, además de que deberán pagar el análisis obligatoriamente.  Al día de hoy familias enteras esperan sobre sus autos en la ruta, desde hace más de 24 horas que los dejen ingresar a la provincia.

UN YOUTUBER PATERNALISTA

Otro capítulo aparte en el análisis de la crisis merecería el despliegue mediático del Gobernador, quien ha cobrado mucho revuelo a medida que se desarrollaba la crisis sanitaria. Gerardo Morales ha prescindido de los medios de comunicación tradicionales, ha desplegado un perfil youtuber haciendo tutoriales, y produce y conduce su propio programa de televisión, todo financiado con recursos que provee el estado. Sale todos los días por la noche, en horario central, y cuenta con alto nivel de audiencia. Lo que comenzó como una conferencia de prensa del COE en el marco de la crisis, donde se comunicaban las novedades del día a día, se convirtió finalmente en un diálogo asimétrico y casi íntimo, entre el Gobernador y nosotros los ciudadanos. Al parecer, por simple comodidad, el Gobernador ha desechado las posibles críticas y las molestas preguntas del periodismo y el COE es ahora un escenario donde todos somos observadores.

Paradójicamente, el despliegue de medidas, datos y números oficiales (casos, altas, sospechosos, etc) da al espectador la sensación de manejar toda la información necesaria, y un efecto de transparencia e inclusión, cuando en realidad hay una cantidad importante de información relevante que no se da al público. Algunos datos que podrían tal vez permitir comprender la película en todo su alcance. Así ha sido la gestión de Morales, sobre todo en lo que respecta al gasto público, y la epidemia no iba a ser la excepción. 

La descripción detallada de información poco relevante y la explicación casi escolar de algunos hechos, tiende a generar esta falsa sensación de inclusión y de participación del público en la toma de decisiones, mientras que en la realidad es el poder político -en tándem con el poder económico- quien delinea políticas, desde lugares muy ajenos a las verdaderas necesidades de las personas. 

Gerardo Morales, se ha convertido en el conductor estrella de su propio show, encabezando la lucha contra “el bicho”, forma que eligió para llamar coloquialmente al COVID-19. El programa tiene casi una rutina definida, con micros. Comparte el “piso” con ministros y secretarios, y también con algún epidemiólogo o especialista como panelista invitado, dependiendo del caso. Al despedirse, el Gobernador cierra con recomendaciones y advertencias a la población en confianza. Mira a la cámara, nos tutea y da recomendaciones con tono paternalista: Quedate en casa.