Más de 600 personas heridas con quemaduras por el lanzamiento de gases químicos, disparos con postas de goma y golpes con la tonfa, y 35 personas detenidas de manera arbitraria, 5 de ellas permanecen aún hoy alojadas en cárceles del sistema federal, es el saldo de la última y más brutal represión de las fuerzas de seguridad desde la implementación del protocolo antipiquetes. La acusación sin pruebas de la Presidencia de la Nación sobre la existencia de un plan sedicioso para dar un golpe de estado protagonizado por “terroristas” y el procesamiento de las y los manifestantes, marca una peligrosa profundización en la política de criminalización de la protesta y pone en peligro el sistema democrático y republicano de gobierno.

Estas son algunas consideraciones del informe que la Comisión Provincial por la Memoria presentó a legisladores nacionales y autoridades provinciales sobre la represión del 12 de junio durante la masiva concentración de organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles frente al Congreso contra la Ley Bases.

El informe surge de lo relevado a partir del monitoreo del despliegue de las fuerzas de seguridad realizado en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, en articulación con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Defensoría del Pueblo-Mecanismo local de CABA. Se trata del cuarto informe presentado a autoridades nacionales desde la implementación del protocolo antipiquetes.

Ese día en las calles y avenidas que rodean al Congreso, hubo un enorme despliegue de efectivos de Prefectura y Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Las fuerzas de seguridad reprimieron de manera indiscriminada y con extrema violencia justificadas por el gobierno en la aplicación del protocolo antipiquetes, aún cuando fueron los propios cordones policiales los que cortaron la circulación vehicular en las adyacencias del Congreso.

Si bien este tipo de operativos y la decisión de reprimir, incluso cuando se trata de manifestaciones pacíficas, es parte de lo que venimos observando y alertando con preocupación desde la asunción del nuevo Gobierno nacional, la acusación sobre un plan sedicioso y terrorista, y el intento judicial de convalidar esta hipótesis, la represión del 12 de junio marca un nuevo y peligroso avance en la criminalización de la protesta social.

El operativo de seguridad culminó con 35 detenciones, 22 realizadas por la Policía de la Ciudad y 13 por Policía Federal. De ese total, 33 personas fueron imputadas en el ámbito federal acusadas por graves delitos, y cinco de ellas continúan detenidas en unidades penitenciarias.

Esta acusación se basó exclusivamente en el comunicado de la Presidencia de la Nación que denunció la concentración contra la Ley Bases como un hecho de sedición y terrorismo. Luego el pedido de detención requerido por el fiscal Carlos Stornelli intentó convalidar judicialmente esta hipótesis que, sin embargo, carece de pruebas y razonabilidad.

En los días posteriores a los hechos, la mayoría de las personas estaba liberadas por no encontrarse elementos que justificaron estas imputaciones. La decisión de la jueza Servini de Cubría de liberar a 27 de las 33 personas dan cuenta de la endeble acusación fiscal.

Sobran ejemplos para reconocer la desmesura intencional de calificar estos hechos como actos de terrorismo, sedición y golpe de Estado; entre las detenciones, había tres integrantes de una familia que estaban vendiendo empanadas, uno que estaba en un puesto de choripanes, una persona con padecimientos de salud mental, otra en situación de calle.

Lo único claro es la arbitrariedad policial en estas detenciones y la nula relación con cualquier intento sedicioso, prácticamente ninguna de las personas se conocían o compartían actividades excepto la familia que vendía empanadas y cuatro militantes.

Las mayorías de las aprehensiones se produjeron en zonas alejadas del Congreso y entre una y dos horas después de que la manifestación fuera dispersada por el accionar represivo. Pese a que ninguna de las personas opuso resistencia al momento de la aprehensiones, las fuerzas policiales ejercieron un uso de la fuerza desproporcionado, desplegando violencia física y verbal.

Llamativamente, ninguna de estas aprehensiones estuvo relacionada con hechos de violencia, ni las fuerzas de seguridad actuaron para evitar graves hechos, como el incendio de autos, que ocurrieron bajo observación directa de los efectivos.

Luego de las detenciones, en articulación con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Mecanismo Local de CABA y la Procuración Penitenciaria de la Nación, seguimos monitoreando la situación de las personas detenidas. La mayoría de ellas relataron graves torturas y malos tratos padecidos durante sus días de encierro tanto en Alcaidías como en cárceles del Servicio Penitenciario Federal: golpes, negación de agua y comida, condiciones inhumanas de detención, hostigamiento por parte de funcionarios penitenciarios, requisas vejatorias mediante desnudos completos y en cuclillas, y rociado con gas pimienta mientras estaban en un lugar cerrado.

En cuanto a las consecuencias de la represión, el informe señala que, de acuerdo a lo relevado por la CPM, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y las postas sanitarias, se registraron al menos 638 personas heridas o afectadas por la violencia policial con heridas de bala de goma, quemadura provocada por los gases químicos, traumatismos de cráneo, dificultades respiratorias agudas, situaciones de broncoespamos y crisis de angustia.

Como lo retratan estas lesiones, el despliegue violento e indiscriminado de las fuerzas de seguridad incluyó la utilización de armas con postas de goma disparadas en algunos casos a “quemarropa” o escasos metros contra el rostro y torso de las personas, gas pimienta lanzado a corta distancia o mediante morteros, agua a presión lanzada por camiones hidrantes, bastones y tongas contra las y los manifestantes.

Entre las personas heridas, había también periodistas que cubrían los hechos, transeúntes que no participaban de la manifestación, personal médico de las postas sanitarias, legisladores nacionales y provinciales, y defensores de derechos humanos, entre ellos integrantes de la CPM, que monitoreaban el despliegue policial.

A partir de los casos de violencia relevados, desde la CPM se presentaron dos denuncias penales. Uno de los casos ocurrió en Santiago del Estero al 150, el video de la agresión se viralizó en redes sociales, un joven fue golpeado 3 veces con tonfas en cuerpo y cabeza por personal del cuerpo de motorizada de la Policía Federal. El otro caso es por un trabajador de la salud que recibió un disparo con posta de goma debajo del ojo derecho cuando la motorizada de la Policía Federal disparó indiscriminadamente contra el tumulto de personas que desconcentraban, a la altura de avenida 9 de julio e Yrigoyen.

Por último, y como también se viene advirtiendo desde el primer informe presentado, se registraron tareas de inteligencia, incluida la videofilmación de manifestantes, potencialmente ilegales realizadas por personal policial de civil y/o de otra agencia estatal sin identificar. La utilización y destino de estos registros deben contar con el debido control judicial y, por lo tanto, este hecho debe investigarse.

A todo ello, y en virtud de registros y manifestaciones públicas vertidos en medios de comunicación, se suma la posible utilización de personal inorgánico y/o “infiltrados” entre las y los manifestantes para la comisión de múltiples ilícitos.

“Esta actuación de las fuerzas, la caracterización de la manifestación de parte del Poder Ejecutivo como actos de sedición o intento de golpe de estado realizado por “terroristas” y la profundización de la criminalización a partir de un proceso federal que imputa estos delitos sin elementos, alertan sobre los peligros para la democracia argentina y los principios republicanos de gobierno que nuestro país ha incorporado como cimientos de la República”, concluye el informe presentado por la CPM.