En mayo de 2021, en la provincia de Chubut, se vivieron jornadas de masivas movilizaciones y acciones de lucha, tras la decisión del cuerpo legislativo de rechazar de manera express el proyecto de Iniciativa Popular, que reunía más de 30 mil firmas de toda la provincia. 
Los legisladores y legisladoras rechazaron el proyecto del pueblo, pero le dieron vía libre al proyecto de Zonificación Minera que finalmente en diciembre del mismo año,  fue aprobado por esta misma legislatura. 

Ante este accionar de los políticos de turno, el pueblo manifestó su rabia en las calles y las rutas por haber sido quebrantada su voluntad popular de prohibir la explotación minera en el territorio Chubutense, y proteger la meseta de las multinacionales. En la ciudad de Trelew se realizó una movilización de cientos de vecinos y vecinas que se manifestaron en la ruta Nacional Nº 3, la cual culminó con un desalojo por parte de la fuerza policial de la provincia bajo la orden política del hoy candidato insignia de Unión por la Patria, Mariano Arcioni, desencadenando el armado de causas judiciales por Entorpecimiento de los Servicios Públicos, a veinticinco vecinos  de Trelew, Puerto Madryn y Rawson.
16 de esxs vecinxs fueron procesados por el Juzgado Federal de Rawson a cargo del juez Gustavo Lleral. 
Esta decisión de Lleral no es aislada, sino que está inmersa en un contexto de represión y criminalización de las luchas y los movimientos populares en todo el país y particularmente en la región patagónica. A les 16 vecines procesades por defender el agua se suman las condenas del ex secretario de la ATECH Santiago Goodman, de la docente Estela Juárez condenada recientemente en Comodoro Rivadavia, de las presas políticas Mapuche que gracias a la resistencia y a la lucha fueron liberadas hace unos días atrás y decenas de causas que siguen avanzando en contra de comunidades originarias y demás personas que se manifiestan en contra del avasallamiento de derechos a través de los distintos sectores. 
En la última semana la brutal represión en Jujuy, las detenciones ilegales en vehículos particulares comandada por el ahora precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, y los discursos de la derecha sobre la rebelión popular dejaron al descubierto que estos gobiernos patronales pretenden ejercer una política de persecución y  disciplinamiento a los distintos sectores que luchan por la defensa de los derechos conquistados y el territorio. Esta profundización de la represión y el avance de causas judiciales hacia el pueblo, responden al avance de un modelo extractivista que mediante el ajuste pretende el desembarco de multinacionales en nuestros territorios que lejos del tan nombrado desarrollo, nos arrojan a la pobreza y a la destrucción de nuestros bienes comunes. 
En este marco, lxs invitamos a participar y formar parte de esta jornada contra la criminalización,  que se motoriza desde distintos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, corrientes sociales y políticas, movimientos ambientales, con el objetivo de colectivizar y pensar desde la multisectorialidad estrategias de lucha que hagan frente a estas situaciones en los distintos territorios

¡Libertad a quienes luchan! 
¡Basta de saqueo y explotación de nuestros bienes comunes!
¡Basta de criminalizar la protesta! 
¡Repudio total a la represión!
¡Abajo la reforma! ¡Arriba los salarios y la whipala!
¡Fuera Morales! ¡Por la huelga general!
¡Luchar no es delito!