(Por Fernanda Giribone/APL) La reforma de la constitución provincial, que hace días propuso el Gobernador apunta a fortalecer el régimen policíaco y represor, y busca por sobre todas las cosas limitar la capacidad de lucha y organización de las y los trabajadores y el pueblo. En medio de la creciente crisis económica que no para de agudizarse, ninguna de las necesidades del pueblo trabajador está puesta en discusión por el gobernador Gerardo Morales, que muy por el contrario, bajo el lema de «Institucionalizar la paz», pretende prohibir las luchas para facilitarse la tarea de seguir ajustando los bolsillos de las y los jujeños.

Busca “reglamentar” las marchas, de acuerdo a los estándares de Naciones Unidas, lo que de hecho va a limitar las protestas, que son hoy por hoy, la única herramienta con la que cuenta el pueblo para hacerse oír.

Morales dice orgulloso que la Nueva Constitución podrá “consolidar los hitos y las transformaciones” que se implementaron en su gobierno, pero lo que en realidad quiere decir que le dará carácter constitucional a la persecución política y a la criminalización de la protesta.

Morales prepara el terreno -reforzando el plano represivo- para aplicar los planes de ajuste que exige el FMI, porque para poder pagar la deuda externa, y achicar el déficit fiscal, todavía tienen que lograr hacer pasar más ajuste.

Por este motivo, uno de los puntos fundamentales que propone el Gobernador, es la prohibición de los cortes de ruta, así como también las «usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada». También pretende habilitar el cobro de multas para las contravenciones, multas basadas en un Código Contravencional, que de por si debería declararse inconstitucional por socavar derechos democráticos.

Otro punto a destacar de la reforma es “prohibir el indulto a quienes hayan sido juzgados por actos de corrupción”, lo que es un verdadero peligro de la mano de la Justicia adicta al ejecutivo. Desde el Ministerio Publico de la Acusación, se vienen fabricando causas contra luchadores. Recordemos que, en el marco de estas causas armadas, hace meses se realizaron varios allanamientos a locales de distintas organizaciones, se están impulsando causas contravencionales a referentes políticos de la oposición, mientras otros se encuentran “investigados”.

Dándole carácter constitucional a la persecución política, porque el accionar del Estado y la Justicia ya reside en atacar a oposición, Morales encabeza así, la avanzada contra los que luchan. Por el camino de la criminalización de la protesta y la persecución judicial, nos espera más allanamientos, más multas, contravenciones y represión.

Los anuncios se realizaron el lunes de la semana pasada, pero el Gobernador pidió celeridad”, razón por la cual el proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución provincial ya tomó estado parlamentario en la Legislatura, y desde hoy se está tratando en comisiones. El proceso continuará con la fijación de fecha de la convocatoria a la elección de los convencionales.

Los puntos destacados parecen muy preocupantes, sin embargo el reforzamiento de la capacidad del Estado para reprimir, no está en la agenda de ninguno de los partidos del régimen bipartidista, que se muestran preocupados por las elecciones venideras y cómo esto ayuda o no al oficialismo. Desde el arco de la oposición y la izquierda ya se manifestó en rechazo y se esperan futuras acciones.