A 2 meses del asesinato de Nahuel Alejandro Silva, joven del barrio bajada de la Autopista La Plata, a manos del policía bonaerense de la DDI local Fernando Ezequiel Carrera Simonetti, desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata acompañamos a la familia de Nahuel en el reclamo de juicio y castigo al policía asesino.

El 9 de mayo pasado Nahuel, de 19 años, estaba con su novia y se enteraron la noticia de que a una amiga de ella le habían robado una moto. Ante ello Nahuel decidió ponerse a averiguar quién podría haber sido, hasta que le dijeron que la moto podía estar en el barrio La Favela. Allí se dirigió desarmado y en moto con su novia, y tras hacer algunas averiguaciones supo que la moto robada podía estar en una vivienda cercana a los monoblocks de 528 y 18. Mientras estaban en esas averiguaciones llegó un operativo policial de la DDI La Plata en varios autos a realizar un allanamiento. Nahuel se asustó, arrancó la moto y trató de salir del lugar, pero chocó, se levantó y salió corriendo. Allí varios policías lo persiguieron a pie y en vehículos y tras alcanzarlo Carrera Simontetti lo fusiló a quemarropa.

Si bien Nahuel tenía antecedentes penales, no hace falta aclarar que ello no implica la pérdida por el respeto de su vida de parte de las fuerzas represivas, que a su vez esposaron al joven ya sin vida y con posterioridad al hecho se han manejado con amedrentamientos hacia la familia de Nahuel y la de su novia, testigo parcial de este caso de gatillo fácil. Desde nuestro Colectivo nos hemos acercado a acompañar a la familia, los asesoramos para que se presenten como Particular Damnificado y mediamos el acercamiento a la Comisión provincial por la memoria, que se presentó en la causa como veedor institucional

La investigación del hecho quedó a cargo del Juzgadod e Garant+ias 6 y de la Ufi15, fiscal Cecilia Corfield, quien actuó rápidamente y realizó la pericia balística sobre las armas reglamentarias de todos los efectivos involucrados en el operativo, lo que dió como resultado la coincidencia total entre el arma de Carrera Simonetti y el proyectil hallado en el cuerpo de Nahuel y el dato de que el disparo fue hecho sobre la cabeza de Nahuel a quemarropa o a no más de 2,5 cm. Ante tamaña evidencia el 3 de junio pasado la fiscal Corfield pidió la detención del policía y lo acusó de homicidio doblemente calificado (por ser funcionario policial, por alevosía y con arma de fuego). Mientras la fiscal Corfield continuaba la investigación los muchachos de la DDI La Plata se dedicaron a realizar amenazas a la madre, el hermano, la novia y amigos de Nahuel. Finalmente a comienzos de este mes la justicia transformó la detención del policía asesino en prisión preventiva, pero decidió otorgarle la excarcelación por falta de riesgos procesales, pedida por sus abogados Christian Romano y Juan Pesquera (conocidos defensores de policías de gatillo fácil y de represores de la última dictadura), medida que, hasta donde pudimos saber, aún no se ha hecho efectiva. El asesino de Nahuel declaró ante la fiscal y admitió haber realizado 2 disparos, uno de supuesto amedrentamiento y otro involuntario, que fue el que terminó con la vida de Nahuel. Ello no lo exculpa del asesinato a quemarropa que cometió. Repudiamos la decisión del juez de Garantías Agustín Crispo, porque conocemos las amenazas y amedrentamientos que han sufrido la familia de Nahuel y sus allegados en estos días.

Las teorías exculpatorias del «accidente» o el «exceso en la ligítima defensa» suelen ser esgrimidas por los policías asesinos en todos los casos como este, donde disparan sobre una persona desarmada en aplicación lisa y llana de la Doctrina Chocobar, aquella inauguarada con el asesinato de Juan Pablo Kukoc en diciembre de 2017 y donde el Estado defiende a sus uniformados postulando que es legítimo disparar a matar en cualquier situación.

Sabemos que la represión no empezó con el gobierno de Javier Milei, que son más de 9.200 los casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde diciembre de 1983 a la fecha. El gobierno de Milei y Patricia Bullrich busca legalizar el gatillo fácil para imponer el desciplinamiento social que requiere el ajuste económico que están aplicando. En la provincia de Buenos Aires el gobenador Axel Kicillof sigue sosteniendo a su Policía bonaerense como la fuerza más corrupta y asesina del país. El gatillo fácil y las desapariciones forzadas siguen siendo prácticas impunes de las fuerzas represivas con más de 400 casos en la gestión de Alberto Fernández. Las muertes en cárceles y comisarías siguen siendo moneda corriente con más de 1300 hechos entre 2020 y 2023. Centenares de inocentes están presxs o condenadxs en las denominadas «causas armadas» por la Policía que luego convalidan los fiscales y los jueces cómplices de ese accionar corrupto. Y ante la crisis económica y social el Estado prepara el aparato represivo para seguir ejerciendo el control social del pueblo hambreado y marginado.

Por eso decimos que no se trata de «Violencia Institucional», sino de Represión Estatal.

BASTA DE GATILLO FÁCIL, TORTURAS Y MUERTES EN CÁRCELES Y COMISARÍAS, DESAPARICIONES FORZADAS Y CAUSAS ARMADAS POR LA POLICÍA Y EL PODER JUDICIAL.

NI UN PIBE, NI UNA PIBA MENOS

EL ESTADO ES RESPONSABLE

NO ES VIOLENCIA INSTITUCIONAL, ES REPRESIÓN ESTATAL

Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata.