Con la presencia de sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se reunió con el vicegobernador, Daniel Salvador, y le entregó un documento donde se detalla la experiencia de trabajo como mecanismo de monitoreo y control de los lugares de encierro que el organismo viene realizando desde hace más de diez años. Acompañaron la presentación, el vicepresidente del organismo, Mauricio Tenembaum, la senadora provincial y también vicepresidente de la CPM, Elisa Carca, el secretario Roberto Cipriano García, la directora general Sandra Raggio y la directora de administración, Valeria Corfiel.

“La Comisión es el referente del monitoreo y control de la situación carcelaria y de otros lugares de encierro como los centros de menores o los neuropsiquiatricos. De hecho somos el mecanismo de prevención de la tortura y pedimos que se nos reconozca como tal”, mencionó Pérez Esquivel tras la reunión. Y agregó que, en el marco de una “reunión muy positiva”, se acordó con el vicegobernador Daniel Salvador “trabajar colaborativamente para transformar las deficiencias estructurales del sistema de encierro que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Y para esto es necesario concentrar esfuerzos y no duplicar recursos. Hay que fortalecer a la Comision por la Memoria que siempre fue independiente de los gobiernos de turno”.

La CPM ha denunciando reiteradamente la grave situación de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Los integrantes del organismo plantearon, ante el vicegobernador, una serie de problemáticas que contemplan la superpoblación y hacinamiento, las ruinosas condiciones edilicias, la falta o ineficiente acceso a la alimentación, la salud y la educación, y las torturas sistemáticas.

En ese sentido, y frente al progresivo agravamiento de las condiciones de detención, la CPM volvió a solicitar la implementación de políticas públicas de prevención, sanción y asistencia de la tortura. Con vistas a cumplir este objetivo, resulta imprescindible que la provincia designe un mecanismo de prevención de la tortura tal como lo estipula el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de la ONU.

“La Comisión viene cumpliendo ese rol durante todos estos años: la presencia en los lugares de encierro, la intervención judicial frente a las múltiples denuncias por hechos de violencia y torturas, el acompañamiento de la lucha de los familiares víctimas de la violencia institucional marcan la agenda de trabajo del organismo y sería importante que esta labor sea reconocida para que la Comisión sea, oficialmente, designada como el mecanismo provincial de prevención de la tortura”, explicó el presidente del organismo, Víctor Mendibil.

El informe que la CPM entregó al vicegobernador, Daniel Salvador, destaca que, desde hace ya 13 años, la Comisión —a través del Comité contra la Tortura— funciona como mecanismo independiente de monitoreo de los lugares de detención de la Provincia de Buenos Aires. En este tiempo, se han llevado a cabo más de 950 inspecciones en cárceles, comisarías, institutos de menores y hospitales neuropsiquiátricos. A partir de estas intervenciones, se presentaron más de 300 acciones colectivas, que comprenden Habeas Corpus Colectivos, solicitudes de intervención, denuncias penales, entre otros, y 10.486 habeas corpus individuales denunciando varios hechos de violencia y/o torturas.

La experiencia acumulada en años de control de lugares de encierro, ha permitido que se entienda y atienda a la multidimensionalidad de los hechos de tortura y no sólo se registren casos judicializados (denunciados), sino también aquellos casos comunicados (no denunciados judicialmente). La rigurosidad científica en la elaboración metodológica de los registros y en su implementación territorial, transforman sus conclusiones en una verdad irrefutable. Asimismo, la CPM ha mantenido una fuerte presencia y discusión ante los organismos internacionales de derechos humanos que emitieron contundentes observaciones y recomendaciones a la Argentina por las violaciones de derechos humanos en los lugares de detención.

A su vez, esta información es sistematizada en un Informe Anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires que constituye una fuerte interpelación a los poderes del Estado y a la sociedad argentina.

“Esta agenda de trabajo ha sido asumida por la Comisión con total independencia y autonomía de los distintos gobiernos. Y entendemos que la designación de un mecanismo provincial de prevención de la tortura debe respetar estos principios, como lo estipula el protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura que Argentina debe cumplir con urgencia”, cerró Víctor Mendibil.