(Por Kuña Mbarete/APL) El próximo 23 de noviembre pierde vigencia la  Ley 26.160,  que impide que las comunidades indígenas  en Argentina sean desalojadas de sus territorios, los cuales habitan y resguardan. A su vez, una semana después podría perder , una vez más, estado parlamentario  la Ley de Protección de Humedales. Ambas se encuentran a la espera de lo mismo: que sea tratada en el Congreso. Las dos padecen la misma decisión política: la falta de soluciones efectivas ante el reclamos de los territorios.

La ley 26160 de Emergencia Territorial Indígena tiene un largo recorrido de indiferencia del Estado para lograr una solución efectiva y real. Ya fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en el 2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400 la cual vence este mes de noviembre. Dicha ley plantea que no podrán hacerse desalojos a las comunidades que están a la espera de relevamientos territoriales, los cuales nunca se efectúan. Por eso, la ley una y otra vez debe prorrogarse. Es decir, el Estado no realiza los relevamientos que podrían dar la tenencia comunitaria de la tierra de forma definitiva, como bien se señala en la Constitución Nacional y en el artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, el Estado, aun teniendo todo un cuerpo normativo que reconozca el derecho indígena decide ignorarlo. Prefiere, decide dejarlas en esa situación de indefinición.  

En definitiva, es una decisión política la de dejar un desalojo latente, con las fuerzas de represión a la espera de la orden para despojar a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales. Los cuales protegen, cuidan y resguardan desde siempre. Esto último no es ignorado por quienes tienen intereses económicos sobre esos territorios, ya que sobre tierras comunitarias con título, cada proyecto económico que afecte a la comunidad debe ser consultado a la misma. Es decir, debe establecerse la consulta, tal como señala la ley nacional en concordancia con el art. 169 de la OIT.  “Somos conscientes que el poder terrateniente, empresarial extractivista de los recursos naturales, tienen intereses totalmente contrarios a los de los pueblos y naciones originarias, y en complicidad con el poder político avanzan sobre territorios indígenas, ya que no les interesa la preservación de los recursos naturales, sino únicamente las ganancias que puedan extraer de la explotación de los recursos en los territorios. Es por ello que los pueblos indígenas desde los territorios indígenas, las comunidades indígenas, los barrios populares, vamos a frenar el avance de quienes vayan en contra del equilibrio de nuestra madre naturaleza, nuestra PACHAMAMA, y la supervivencia de los pueblos y naciones originarias” indica en el comunicado difundido por Prensa Originaria Llankaj MAKI.

La Ley 26160  obtuvo en octubre media sanción por la cámara de Senadores, por lo que están a la espera de que antes del 23 de noviembre sea tratado por Diputados. Por lo mismo, convocan el 16, 17 y 18 de noviembre  a diferentes actividades para visibilizar  y para que, como señala el comunicado realizado por varios pueblos indígenas que acampan frente al Congreso, “los pueblos y naciones originarias exigimos que se lleve adelante la sesión de la cámara para el día 18 de noviembre” .

En el presente faltan relevar 767 comunidades. Es decir, el 46% de las reconocidas en el INAI al 2021. Es decir, 767 comunidades podrían ser desalojadas el martes 23 si no se prorroga la ley.

Por otro lado, la Ley de Protección de los Humedales también se encuentra a la espera de que la agenda política ponga las problemáticas ambientales entre las prioridades a tratar. El próximo 30 de noviembre podría perder estado parlamentario, Es decir, el texto unificado aprobado en Cámara de Diputados en 2020 podría caducar porque todo proyecto debe ser tratado al menos por una de las dos cámaras (Diputados o Senadores) para que continúe en vigencia. Sino, el proyecto cae y tiene que realizar el recorrido nuevamente, lo cual demoraría la sanción en un contexto donde los humedales se encuentran en riesgo constante, más aún con los incendios que se vienen sucediendo.

En el 2013 y en el 2016, la Ley de Humedales, con algunas modificaciones se ha presentado, ocurriendo siempre lo mismo: pierde estado parlamentario. En esos momentos, el tema no generaba el interés que genera en la actualidad luego de los incendios que quemaron más de un millón de hectáreas. Sin embargo, eso no preocupa a quienes conforman las tres de las cuatro comisiones que aún no lo trataron (Agricultura y Ganadería, Intereses Marítimos y Pesqueros; y Presupuesto y Hacienda).

La desprotección de los territorios en peligro, en lucha, en resistencia es la política del Estado. Esos espacios resguardados por sus habitantes milenarios, los cuales muchos se encuentran en zona de humedales, podrían vivir un desalojo masivo a partir del 23 de noviembre. La decisión política  es llevar a la ilegalidad la defensa del territorio. Qué no haya leyes vigentes para quienes ponen en cuerpo para proteger, pero qué si exista legalidad y privilegios para saquear, explotar, contaminar.