El decimocuarto Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el balance de la gestión de Cambiemos, dando cuenta de graves violaciones de derechos humanos provocadas por el sistema penal bonaerense. Cuatro años signados por las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel del Monte y un crecimiento exponencial de la muerte, violencia y tortura policial y penitenciaria. “Desmantelar el sistema represivo es fortalecer la democracia”, remarcó el presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel durante la presentación pública. Más de 500 organizaciones y referentes de derechos humanos hicieron llegar su adhesión al primer informe que se presenta luego de la designación formal de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

En los primeros meses de una nueva gestión de gobierno en la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó el Informe Anual 2020—El sistema de la crueldad XIV, resultado del trabajo de monitoreo de lugares de encierro y políticas de seguridad, niñez y salud mental realizado durante el 2019 y que ofrece también un balance de los últimos cuatro años marcados por la profundización de las políticas punitivistas en materia criminal y un acelerado deterioro de los derechos humanos.

Entre 2016 y 2019, 485 personas murieron por uso letal de la fuerza y 550 en cárceles provinciales. Apenas una muestra  de la violencia desplegada por el Estado durante una gestión sustentada en la profundización del punitivismo y la desigualdad.

Durante el 2019, la práctica sistemática de la tortura fue denunciada por 6.713 personas que relataron 12.594 hechos: hacinamiento, deplorables condiciones materiales de encierro, aislamiento, agresiones físicas, amenazas, desatención de la salud, falta o deficiente alimentación. Más de la mitad de las personas detenidas en cárceles dormía en el suelo; en comisarías lo hacían dos de cada tres. Una verdadera radiografía de la crueldad que sigue sucediendo sin generar la menor reacción de los poderes del Estado responsable de garantizar derechos y de prevenir, erradicar y sancionar la tortura.

“Año tras año nos encontramos casi con los mismos problemas, pero no trabajamos con números sino con seres humanos que sufren el encierro y las violencias de las fuerzas de seguridad. Año tras año, este informe nos muestra una realidad trágica en la vida de nuestro pueblo. No hay simplemente una crítica para los gobiernos sino un llamado de atención para las reformas estructurales. Todo esto que venimos señalando es para fortalecer las instituciones democráticas y desarticular los mecanismos represivos”, expresó el presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel durante la presentación pública que se realizó de manera virtual.

Este informe, el número 14, también es el primero que se presenta desde la designación de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, en reconocimiento a la labor de monitoreo que el organismo viene realizando desde el 2002. “La Comisión es un pilar insustituible en la Provincia y, para nosotros, un aliado indispensable en el esfuerzo por construir un sistema nacional contra la tortura”, dijo el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrázabal.

“Apoyamos fervientemente este informe y tenemos la certeza de que seguiremos compartiendo esta lucha con el compromiso de revertir las políticas de Estado que han llevado al hacinamiento y al fracaso del sistema penitenciario en argentina”, agregó Irrázabal.

Control policial del territorio y encarcelamiento creciente: la violencia policial afuera y la violencia penitenciaria adentro, garantizadas por un Poder Judicial que las convalida, componen una violencia estatal utilizada como forma de gobierno de esas poblaciones excluidas, que armoniza con los efectos excluyentes del modelo económico.

 “Con la doctrina Chocobar hubo un culto del estado policial que despliega la violencia y el gatillo fácil contra un destinatario específico: los jóvenes pobres. No es nuevo esto, ni tiene que ver con la coyuntura pero, en los últimos años,  se legitimó estas violencias como el único camino”, expresó el vicepresidente de la CPM Víctor de Gennaro. “Es una conmoción que a 37 años de la vigencia de la Constitución Nacional, de recuperada la institucionalidad, todavía los derechos humanos no estén siendo protegidos. Hoy el gobierno tiene una oportunidad para cambiar esta política: en vez de aterrorizar, cuidar; en vez de reprimir, prevenir”.

Un sistema punitivo y selectivo que persigue y atrapa a los sectores más pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito.

«En lugar de fortalecer y destinar recursos para políticas de inclusión, distribución de la riqueza y oportunidades, se resolvió aplicar políticas que profundizaron la desigualdad y concentración de la riqueza. Para que este modelo funcione, necesitaron fortalecer la cadena punitiva (policial, judicial y penitenciaria). Más represión y punitivismo, menos respeto a los derechos humanos”, explicó el secretario general de la CPM Roberto Cipriano García.

Para revertir la orientación punitiva del Estado, es indispensable fortalecer las políticas de promoción y protección de derechos. Y esa es una decisión política. La niñez y la salud mental son ejemplos muy claros; tanto la ley 13.298 como la ley 26.657 representaron avances importantes para el abordaje de estas poblaciones particularmente vulnerables, sin embargo la aplicación de estas normativas sigue siendo lento e incompleto.

El desfinanciamiento del sistema de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, establecido por la ley 13.298, se evidencia en la precarización de los dispositivos de intervención, las condiciones laborales de los/las agentes públicos/as y la falta de personal adecuado, entre otros problemas de larga data. “El sistema de niñez ha permanecido en emergencia durante los últimos 4 años. Fue tal el desastre que la Suprema Corte instó al gobierno provincial a arbitrar medidas urgentes ante el agravamiento y riesgos por el que atravesaban niñas, niños y adolescentes”, recordó la integrante de la CPM Yamila Zabala Rodríguez.

Otra muestra de la política regresiva en materia de niñez fue el intento de bajar la edad punibilidad a los 15 años; sin embargo, en los hechos ocurre: en diciembre de 2019, 33 niños y niñas se encontraban privados de libertad bajo la figura “medida de seguridad”, sin garantías procesales ni abordaje especializado.

En 2020, el Estado argentino debería haber cumplido el plazo fijado en la ley 26.657 para que los lugares de encierro prolongado por razones de salud mental sean sustituidos por una red de dispositivos comunitarios. No se cumplió: no hubo decisión política ni financiamiento para cumplirlo. Sin políticas integrales de abordaje comunitario y de apoyo al cuidado, será muy difícil propiciar la externación sustentable de los espacios de encierro.

“Cuando hacemos el diagnóstico del informe, vemos que todos los años pareciera que la realidad se repitiera pero las víctimas son cada vez más. Este trabajo nos debe alentar a dar otro paso, a empujar a los gobiernos para que tomen medidas distintas, para que no volvamos a tener que publicar un informe con este tipo de conclusiones”, expresó al cierre de la presentación la Madre de Plaza de Mayo—Línea fundadora e integrante de la CPM Nora Cortiñas.

Este informe también se presenta en un contexto marcado por la desaparición de Facundo Astudillo Castro. “Hay una crisis de humanidad muy grande, donde la gente que tiene que cuidarnos es la que nos persigue. La Bonaerense persigue, mata, tortura, esconde los crímenes. Hoy tenemos que saber qué pasó con Facundo Castro”, añadió Cortiñas.

Los y las integrantes de la CPM Dora Barrancos, Ernesto Alonso, Susana Méndez, Ana Barletta, Víctor Mendibil, el padre Pepe di Paola y María Sondéreguer acompañaron el acto público de presentación.

Más de 500 organizaciones y referentes de derechos humanos hicieron llegar su adhesión: las organizaciones que componen la Red de familiares contra la tortura y las violencias estatales, jueces y defensores, legisladores, organismos de derechos humanos, universidades, sindicatos y militantes sociales.

“En estos años, desde que presentamos el primer informe, no hemos vivido transformaciones estructurales en los sistemas de encierro y en el sistema penal. Sin embargo, presentamos este informe motivados por dar testimonio siempre por todo lo que aún hoy debe nuestra democracia. No nos mueve decir siempre lo mismo ni un discurso de desesperanza, sino la expectativa por una transformación de estas estructuras y la plena vigencia de los derechos humanos”, reseñó la directora general de la CPM Sandra Raggio.