La primera versión acerca de esa muerte que comenzó a circular en Trelew fue que el chico tenía un coma alcohólico. Luego la autopsia y la investigación judicial determinaron que falleció producto de un fuerte golpe en la nuca provocado con un objeto contundente.
Con ese nuevo dato, la investigación dio un giro y apuntó directamente a la actuación de las fuerzas de seguridad: esa misma noche la policía también protagonizó una fuerte golpiza a otros jóvenes, los hermanos Aballay. Ellos se hicieron conocidos en la provincia por haber denunciado a los efectivos de la comisaría 4ª de Trelew por apremios ilegales y por el crimen de Antillanca. Cuatro años después fueron fusilados tras una discusión en el Barrio Tiro Federal en un crimen cargado de sospechas más allá de su ejecutor.

“La policía mintió, la fiscal compró, el defensor sale de la misma usina”, resume César la compleja trama que se pone en movimiento tras el gatillo que se dispara, el golpe policial al que “se le va la mano”, las prácticas de tortura que ejercen las manzanas podridas de un árbol con profundas raíces en las instituciones.
Hace poco, y tras una intensa lucha de los familiares de Julián y un primer juicio vergonzoso en el que habían quedado todos absueltos, se llegó a una condena que incluyó penas perpetuas para los policías imputados en el caso. Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba fueron declarados culpables de homicidio agravado, el comisario Carlos Sandoval fue condenado por encubrimiento agravado y Pablo Morales fue absuelto. “Tuvo varios tiempos esta lucha, porque fue una verdadera pelea contra todo. Había un relato construido sobre la historia de Julián que legitimaba la violencia de las instituciones del gobierno. Esas instituciones, todas, operaron para que no haya una imputación de los efectivos policiales que estaban involucrados. La primera gran mentira fue la desinformación. Y luego vino el modo en que operó el poder judicial, con jueces que absolvieron siendo siempre reticentes a la víctima”, repasa César.

El hombre analiza el cambio de un proceso a otro: “Se llegó a 2 procesos judiciales y se salvaron todas las dudas que había respecto de las pruebas; en el primer proceso se absolvió a todos los policías y en el segundo, que fue una verdadera oportunidad, se pudo demostrar con muchísima certeza la culpabilidad de los imputados. En esa absolución todos en la familia de Julián, la mamá, los hermanitos y yo sufrimos una desazón muy grande porque nosotros teníamos plena confianza en lo que estábamos presentando. Nosotros trabajamos con mucha seriedad desde el comienzo por eso es que la prueba presentada en el segundo proceso es exactamente la misma. O sea, con la misma prueba se consigue un fallo completamente opuesto. Eso indica que había verdadera arbitrariedad y una visión sesgada tanto de la prueba como de la situación”.

Todo fallo es político
“Uno lo que busca es alivianar algo de su vida, porque la pérdida es irreversible. Y eso es lo que sentimos hoy después de haber escuchado el fallo. En realidad lo que uno busca no lo encuentra, porque la ausencia de la persona que no está es algo que ningún fallo repara”, lamenta César, que lee su historia personal inscripta en una realidad mucho más compleja.

“La calidad del delito y del fallo son completamente políticos. Porque estos delitos son posibles a partir de la falta de políticas públicas que se ocupen del resguardo de las garantías de las personas, sobre todo de los más empobrecidos”, evalúa Antillanca que, en su camino de lucha por justicia, supo organizarse y rodearse de amigos y organizaciones que lo acompañaron y fortalecieron. Igual, considera que “ese paso de lo personal a lo colectivo se da por una cuestión de vida, una cuestión cultural. Uno es conocedor de su situación dentro de una cultura clasista y cada uno sabe dónde está. Creo que el primer paso para pensar a Julián como todos los pibes fue irreflexivo. Yo lo dije en una de las primeras charlas que se dieron acá en la universidad de Trelew y tomé conciencia de que podría haber sido Julián o cualquiera”.

Para César la violencia institucional es “cultural y sistemática”
Para César la violencia institucional también es cultural y “sistemática –analiza–. Creo que estos delitos más graves a los que llega el gobierno: la muerte, la desaparición, la violación de jóvenes, es la culminación de una sucesión de violaciones de derechos. A veces contra los mismos jóvenes, otras contra sus familias y otras contra su colectivo social, su barrio. La violencia institucional es muy fácil de ver, de identificar, entonces a partir de ahí deberíamos poder desmadejar cuál es la solución del problema, pero hasta que no exista la decisión política de querer resolver este accionar va a ser imposible que se resuelvan sus condiciones”.

La organización fue una camino para empezar a tirar de esos hilos y en reconocerse como sujeto de derechos la familia Antillanca encontró uno de las estrategias más fuertes. “Aprender a reconocer nuestros derechos, saber cuáles son y su calidad de exigibles es la herramienta central de cualquier lucha. El grado de exigibilidad de un derecho uno no lo conoce hasta que lo pierde y nos hemos puesto a analizar con compañeros el grado de importancia que tiene el conocimiento de los derechos humanos contra todo tipo de poder. Los derechos reconocidos como tales entonces son una herramienta de un valor inigualable”, asegura.

El fallo en el caso de Julián es completamente político
Entonces retoma su reflexión: “El fallo en el caso de Julián es completamente político. Va en contra de la lógica de otros casos similares y desnuda por completo la violencia, porque llega después de un fallo arbitrario y con lo burdo que era. Nosotros logramos poner blanco sobre negro respecto de algo que ya se sabía en la provincia de Chubut sobre la institución policial principalmente, pero no es la única que violenta los derechos ciudadanos, el resto de las instituciones hace exactamente lo mismo y repite esa lógica”.

Sin embrago no considera este logro como un fin en sí mismo y aclara: “Es necesario entender que estos fallos son procesos autónomos que no significan un antes y un después sin la continuidad de la lucha. La denuncia debe continuar para que la lógica de la justicia y de la verdad no sean un hecho extraordinario. Porque este fallo se tomó como eso, como algo extraordinario y yo le dije a un periodista que es verdaderamente lamentable pensar que, hacer justicia y mostrar la verdad, sea algo extraordinario”. Cesar hace una pausa, calla. Pero ese silencio habla. La muerte de un joven en manos de los funcionarios encargados de velar por la ciudadanía debería ser inimaginable.