(Por Julia Callejón/APL) Lo que se conoce como “La noche del Apagón” consistió en realidad en una serie de cortes del suministro eléctrico ocasionados intencionalmente entre el 20 y 27 de julio de 1976 por la dictadura cívico militar en el departamento de Ledesma, Jujuy, para secuestrar trabajadores, estudiantes, sindicalistas y militantes de izquierda. El saldo de este accionar represivo fue el secuestro de unas cuatrocientas personas, de las cuales 33 continúan desaparecidas. Al cumplirse 44 años de las noches del terror, el pueblo de Jujuy continúa exigiendo justicia, y luchando contra la impunidad con la que el poder político ayer y de hoy, domina la región de la mano de los Blaquier. El primer corte del suministro eléctrico se produjo cerca de la medianoche en Libertador General San Martín y Calilegua, ciudades que se encontraban sitiadas por la Policía. Sin embargo lo que se destaca en este hecho represivo, a diferencia de otros tantos, es el rol protagónico de la empresa Ledesma. Se pudo identificar la responsabilidad empresarial con claridad, que actuó digitando el accionar de las fuerzas represivas. Las fuerzas armadas, en conjunto con la policía, procedieron junto al personal directivo del ingenio Ledesma, quienes marcaban las casas de las personas a secuestrar, y la mayoría de los detenidos fueron transportados en las mismas camionetas de la empresa. Aunque la culpabilidad de la empresa en el genocidio fue probada sobradamente, la justicia burguesa nunca llegó a condenar a Carlos Pedro Blaquier, empresario azucarero y ex director de la empresa Ledesma SAAI, ni al que fuera el gerente administrativo Alberto Lemos.
Las organizaciones de derechos humanos de Jujuy iniciaron una serie de iniciativas, que en el marco del aislamiento social se suspenderá la realización de la tradicional marcha de Calilegua a Libertador, que será reemplazada con la exposición desde las casas de siluetas, en representación de lxs compañerxs. Las entidades organizadoras de estas actividades destacaron también que “La impunidad sigue junto al poder económico que domina la región de la mano de los Blaquier; es por ello que continua la lucha exigiendo justicia por los que no están, por los que quedaron y siguen dando sus testimonios en los juicios por delitos de lesa humanidad”, y que “en épocas de pandemia las injusticias y las desigualdades siguen existiendo y solo importan los intereses económicos y no la vida humana”.
Como ya dimos a conocer desde la APL, en los últimos días los contagios de coronavirus en la empresa Ledesma S.A.A.I. siguen en aumento. Hoy los casos alcanzan a 48 contagiados en el establecimiento y aún sus trabajadores denuncian que no se cumple con las normas de bioseguridad. Recientemente, un trabajador que padecía una enfermedad preexistente, falleció a causa de covid-19. La empresa mantiene la producción, ignora los reclamos de los empleados y de todas las recomendaciones y protocolos que dan licencia legal a la población de riesgo.
En este contexto, el domingo 19 el organismo de Derechos Humanos C.A.P.O.M.A (Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez), emitió un comunicado denunciando la responsabilidad de la empresa y del gobierno provincial por exponer a los trabajadores al covid-19, al no frenar la producción e incumplir con las medidas de bioseguridad. C.A.P.O.M.A continua con el reclamo de Olga Márquez de Arédez, esposa del médico Luis Arédez, quien fue intendente Libertador General San Martín, y fuera secuestrado y desaparecido por la última dictadura cívico-militar. Olga Arédez, buscó a los responsables de este hecho hasta los últimos días de su vida, y hoy la sociedad la reconoce como una de las personalidades más relevantes del movimiento de Derechos Humanos. Ella llegó a marchar sola, con el pañuelo blanco, en la plaza de su pueblo por mucho tiempo. Olga murió en el 2005 a causa de una bagazosis, enfermedad causada por la exposición a los polvos de la caña de azúcar que produce la fábrica de azúcar Ledesma.
Cuando en juicio le tocó declarar, Olga indicó:
“Mi marido fue cargado en la parte trasera de una camioneta con el logotipo de la Empresa Ledesma impreso en las puertas de dicho vehículo. La camioneta era conducida por un empleado de la propia empresa (…) Posteriormente me entrevisté con el administrador del Ingenio Ledesma, el ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la Empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas, en sus palabras, “para limpiar al país de indeseables”. También aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa Ledesma”.