PANDEMIA Y VIOLENCIA POLICIAL

Lapidario informe de Amnistía Internacional sobre la represión en Argentina durante la cuarentena

“El uso de la fuerza en el contexto de Covid-19. La violencia como respuesta del Estado” se titula el informe sobre la violencia policial durante la cuarentena en Argentina. Fue publicado hace días por Amnistía Internacional sobre los “numerosos hechos de violencia y uso abusivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en todo el país” y construido a partir de la difusión de imágenes, videos y testimonios de las víctimas. Este informe dio cuenta de distintos hechos de abusos y violencia que están vinculados con la función del control del aislamiento social preventivo y obligatorio otorgada a partir de la sanción del decreto 297/2020 que tenía como objetivo evitar la propagación del Covid-19. (Fuente: La izquierda diario).

Un dato no menor es que destaca el informe es que la mayoría de los casos relevados se produjeron en contextos de pobreza. Se han relevado más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza y señalan que “el mantenimiento del orden y la seguridad no debe contraponerse a los derechos humanos” dado que pone en cuestión los “pilares de un estado de derecho” dicen en su introducción.

El informe apunta que el decreto 297/2020 pone la tarea de control a cargo del Ministerio de Seguridad de la nación en coordinación con las jurisdicciones locales, estableciéndose un protocolo a seguir por parte de las fuerzas de “seguridad” ante las infracciones que en reiteradas oportunidades no se ha cumplido por parte de las distintas fuerzas. Del 20 de marzo al 4 de mayo se registraron 10.887 detenciones en todo el país.

Se menciona aparte el caso de Chubut, que tomó medidas más restrictivas respecto al decreto nacional que redundaron en una “práctica arbitraria, irrazonable y desproporcionada” del uso de la fuerza según presentaciones de distintos organismos. Hubo al menos 23 detenciones desproporcionadas o arbitrarias, 17 casos de violencia y malos tratos entre el 20 de marzo y 16 de abril. Se cita el audio del Director de Seguridad de la Policía Provincial difundido el 7 de abril, donde decía “Zabala (de la 1ra de Rawson), por favor te pido activar en el centro ahora, tratar de meter gente en cana…” al 20 de ese mes ya había más 5.352 demoras y notificaciones. El gobierno provincial respaldó al director que emitió ese audio y orden.

VIOLENCIA Y RACISMO

El informe cita el caso del ataque a la familia Qom del barrio Banderas Argentinas (en Fontana, Chaco) el 31 de mayo, donde la irrupción ilegal culminó en golpes, torturas, insultos racistas, una detención ilegal de cuatro jóvenes y la violación de una menor de sólo 16 años. La jueza de garantías nro 3 dejó libres a los 4 policías imputados (aunque participaron al menos 8 agentes). Agregamos nosotros que la cúpula de la policía provincial renunció recientemente por repudiar la posibilidad de juzgar los delitos cometidos por los policías.

El 10 de junio, en La Plata, Mbake Ndao un vendedor ambulante senegalés fue detenido por policías bonaerenses y agentes de control del municipio. Lo arrojaron al piso y le oprimieron el cuello, pasó 24 horas detenido y lo acusaron de resistencia a la autoridad. Mbake pertenece a una comunidad que no fue tenida en cuenta por las políticas de ayuda del gobierno ante la pandemia, la mayoría no habla el idioma castellano, no tiene familia y por su situación de inserción laboral precaria se encuentra a merced de la sistemática violencia policial y su racismo.

LOS BARRIOS A MERCED DE LOS VIOLENTOS DE UNIFORME

Sebastián Britos en La Pampa recibió disparos al salir de su casa a comprar pan, en el barrio Malvinas de General Pico. Sin dar aviso o voz de alto, un agente del grupo Geo le disparó, relató su esposa. El 26 de marzo, en el barrio San Alberto, en La Matanza, provincia de Buenos Aires, ocho agentes de la Bonaerense detuvieron en la calle a un grupo de hombres diciendo “ahora mientras mi compañera pasa los datos van a bailar un poquito” y los obligó a hacer flexiones de brazo. Fueron desafectados y hay una investigación para ver si hubo un delito.

En Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, detuvieron a un pibe de 15 años en la comisaría segunda de esa localidad, lo golpearon y le dispararon balas de goma, denunció su mamá. En Córdoba, el 27 de marzo en el barrio La Brigada de Bell Ville, al grito de “tirále, matalo” de un policía a otro se menciona el video en que un joven recibe un disparo por la espalda tras escapar de un control callejero.

Por el hecho del 8 de abril, cuando policías de la Ciudad de Buenos Aires golpearon a un hombre en situación de calle que estaba durmiendo frente a un comercio en Esmeralda al 800, se dice que no hay información de la situación o sanción recibida por los agentes que aparecen en el video que retrata los hechos.

Registrado también en un video del 26 de marzo gendarmes en la villa 1-11-14 de CABA se muestran amedrentan a dos personas obligándolos a caminar en cuclillas. Por otro lado, está la denuncia del 30 de marzo de un operativo en villa La Caba en la provincia de Buenos Aires, hubo simulacros de fusilamientos, maltratos, disparos con balas de plomo y goma. Hirieron a una niña de 7 años y un adolescente de 15 entre otros.

ATAQUES CONTRA LA COMUNIDAD LGBT Y VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS MUJERES

Para ver el amplio abanico de violencia desplegada se cuenta también el caso de Jorge Astorga, de 27 años, que en Santa Cruz en la madrugada del 1ro de mayo fue vìctima de un ataque de odio por su orientación sexual. Policías provinciales lo subieron a un patrullero, lo patearon en la cara, le fisuraron el maxilar y costillas, lo insultaron por ser homosexual y dejaron detenido en la comisaría 6ta.

En Tucumán, el 24 de junio, tres policías irrumpieron rompiendo la puerta de la casa de Roxana Monteros y golpean a su marido. A Roxana la arrastran en el piso, la golpean y abusaron sexualmente de ella. Había varios policías más afuera y cinco camionetas, sólo uno de ellos tenía uniforme. No hay información por parte de las autoridades provinciales sobre las novedades de la investigación del caso solicitada por Amnistía Internacional.

EL APARATO Y LAS FUERZAS REPRESIVAS DEL ESTADO ASESINAN Y DESAPARECEN EN DEMOCRACIA

Mencionan como seis los casos más extremos de violencia institucional que implicaron en algunos casos a además del asesinato el despliegue del mecanismo de la desaparición forzada, para garantizar el encubrimiento y evitar la investigación de la responsabilidad de los agentes estatales. En tanto, habla de la necesaria acción urgente por la desaparición de Facundo Castro, cuyo último contacto fue con al menos cuatro policías de la Bonaerense el 30 de abril. La organización solicitó una investigación inmediata independiente e imparcial para dar con el paradero del joven, saber qué ocurrió y quiénes son los responsables.

Se repasa el caso de Luis Espinoza, trabajador rural golpeado, asesinado de un disparo y desaparecido por siete días desde el 15 de mayo por la policía de la provincia de Tucumán. Esa misma fuerza asesinó el 24 de junio a Walter Ceferino Nadal en plena calle, usando la misma maniobra que los policías racistas estadounidenses provocaron la asfixia de George Floyd.

Los últimos casos mencionados son el de Mauro Coronel, quien fue detenido y brutalmente golpeado en la comisaría décima de Santiago del Estero. El joven de 22 años falleció cuatro días después producto de la golpiza. El 10 de julio asesinaron a en Villa Scaso, La Matanza, a Lucas Nahuel Verón, quien cumplía 18 años ese día y salió a comprar unas gaseosas con un amigo. El 17 de julio miembros de la Gendarmería Nacional asesinaban de cuatro disparos por la espalda a Lucas Scalzo en la villa 1-11-14 en el Bajo Flores en CABA.

En sus conclusiones el informe denota la frecuencia con que se reiteran los hechos de violencia institucional y abusos de distinto tipo por parte de las fuerzas represivas del estado.

Podemos apreciar que no parece haber una correlación entre el relajamiento evidente de la cuarentena y la reiteración de los casos de violencia institucional. El entramado para otorgar impunidad tiene a las diversas instituciones estatales actuando luego de los hechos, como el caso de la investigación por la desaparición de Facundo. Allí están involucrados el fiscal, la jueza, los funcionarios políticos como el ministro de Seguridad Berni y medios de comunicación.

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