Luego de haber ingresado a la guardia del hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán, la joven fue derivada al servicio de ginecología, en donde fue “interrogada” sobre las causas de la hemorragia. “Le dijeron que estaba teniendo un aborto espontáneo y más tarde fue acusada por personal del centro de salud y policial de haber expulsado en el baño un feto. Como cualquier paciente, toda mujer que llega con un aborto en curso o que tiene un aborto, sea provocado o espontáneo, está protegida por la confidencialidad de la relación profesional de la salud-paciente. Sin embargo en el caso de “Belén” algunxs profesionales decidieron usar esa relación para violentarla y denunciarla a la policía. Médicxs la interrogaron como si fueran jueces, enfermerxs le acercaron en una caja con el feto y personal de policía la insultó y degradó revisando sus partes íntimas”, expresa el Comunicado.
“Belén” fue detenida el mismo 21 de marzo de 2014, condenada de hecho por profesionales de la salud, del hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán, por efectivos de la Guardia Policial de ese nosocomio y por integrantes del sistema judicial de esa ciudad. Una “cofradía de machos”, como diría Rita Segato. Esta “alianza de poder criminal”, como denuncia el comunicado de la Campaña, continúa con la reciente condena a 8 años de prisión, firmada por los jueces Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas, de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán.
Respecto de la carátula – “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”- , el Comunicado denuncia irregularidades en la etapa de investigación, ya que no existió prueba de ADN que vincule “en términos de filiación a “Belén” con un feto encontrado en el baño del nosocomio y que tampoco existieron pruebas de que la joven se hubiera provocado un aborto”. Por lo tanto se exige a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que revise en Casación la condena y “deje sin efecto la sentencia ya que la investigación es producto de la violación del secreto médico”.
A la vez, la ministra de Salud de la provincia debería iniciar sumario administrativo “para determinar la responsabilidad de las y los efectores de salud en este caso”, cuyas funciones deberían estar abocadas a proteger y respetar la privacidad de acuerdo a la Ley. Y en la misma medida se debe capacitar a funcionarios y magistrados de la Corte Suprema para que no haya más “presas por aborto”.
“Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciamos a las y los responsables de esta situación por violación del derecho a la salud, persecución, torturas y criminalización a una mujer e instamos a las y los integrantes del Poder Legislativo Nacional, cumplan con sus responsabilidades institucionales y legislen sobre la despenalización y legalización del derecho al aborto en nuestro país”, finaliza el Comunicado fechado el reciente 23 de abril, acompañado por las consignas Educación sexual para decidir; Anticonceptivos para no abortar; Aborto legal para no morir.
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