Este lunes 18 de abril se realizó en Mar del Plata una radio abierta frente al Tribunal Oral Federal de Luro y Santiago del Estero en solidaridad con los presos por luchar en nuestro país y en Latinoamérica. Se dio lectura al documento redactado por el Comité por la Libertad de Presxs Políticxs y organizaciones convocantes, y se invitó a tomar la palabra a integrantes de las veinticuatro agrupaciones, asambleas, organizaciones y movimientos que participaron de la jornada. La convocatoria fue numerosa, por lo que se cortó la Avda. Luro durante la radio abierta y al finalizar se realizó una marcha por las calles céntricas hasta la Municipalidad. Compartimos el documento completo y las adhesiones:
En el Día internacional de Solidaridad con lxs Presxs Politicxs un conjunto de organizaciones, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y asambleas en lucha contra el extractivismo nos solidarizamos con lxs presxs políticxs y exigimos libertad y desprocesamiento de lxs luchadores populares, cierre de todas las causas judiciales, y cese de la criminalización de las organizaciones y de la protesta social.
EN NUESTRO PAÍS:
La respuesta a la protesta social por parte de los diferentes gobiernos desde la finalización de la dictadura genocida, con diferentes matices, ha sido la persecución y la represión, heridxs, asesinadxs por las fuerzas represivas, – Teresa Rodríguez, Víctor Choque, Carlos Fuentealba, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elías Garay entre otros -, detenciones ilegales y centenares de procesadxs. La justicia ha mostrado nuevamente su carácter de clase con la absolución de los Blaquier en Jujuy por sus crímenes en la famosa “apagón” de Ledesma. Quienes gobiernan tienen garantizada la impunidad a pesar de las estafas, corruptelas y saqueos de nuestros recursos como ocurre con la absolución de Macri y Cristina Fernández.
Nos pronunciamos por el desprocesamiento y el cese de persecución a trabajadores ocupadxs y desocupadxs en lucha por salarios y condiciones de trabajo dignas, integrantes de comunidades originarias en procesos de recuperación territorial, estudiantes y docentes que resisten a la privatización de la educación pública, comunidades y asambleas contra el avance del extractivismo y diversas protestas.
Como en la persecución y detención de militantes durante y después de las protestas durante el debate de la reforma previsional en diciembre de 2017 frente al Congreso Nacional, se trata de aleccionar a luchadores para acallar la resistencia a los planes de ajuste dictados por el FMI. César Arakaki (PO) y Daniel Ruiz (PSTU) fueron imputados por incidentes, pero al no poder probar daños concretos, el poder judicial utilizó la figura de “intimidación pública” para condenarlos a tres años de prisión. El uso de esa figura penal se está transformando en una herramienta que potencialmente amenaza a cualquier manifestante. Sebastián Romero (PSTU), otro de los imputados, fue perseguido y condenado en marzo del corriente año a tres años de prisión después de haber pasado casi dos años en prisión domiciliaria. Las tres condenas se encuentran apeladas, y se harán efectivas si se rechazan las apelaciones.
En las protestas frente al Congreso el pasado 10 de marzo, mientras se cocinaba el acuerdo con el FMI y con posterioridad a esa jornada fueron detenidxs en decenas de allanamientos a locales y domicilios particulares, doce compañerxs a quienes la Justicia Federal los imputó por diversos delitos. Estos compañeros fueron eximidos de prisión luego de haber declarado, mientras que a otros tres militantes, Oscar Santillán (MTR Histórico), Alexander “Jaru” Rodríguez y Julián Lazarte (CUBa-MTR), cuya causa tramita ante la justicia de Ciudad de Buenos Aires, se los imputó por los mismos delitos que al resto, y adicionalmente por asociación ilícita, figura penal que impide la excarcelación, por lo cual permanecen detenidos. Esta última es la acusación más grave, en tanto se pretende juzgarlos por el solo hecho de estar organizados. El pedido de captura que se libró contra Roberto Martino por su carácter de dirigente del MTR Histórico demuestra que la intención es criminalizar a las organizaciones, en un contexto en el que el Ministerio de Desarrollo Social ha comunicado el cese de altas a los planes sociales y no da satisfacción a los reclamos de dichas organizaciones.
En la provincia de Jujuy el gobernador Gerardo Morales continúa la avanzada represiva iniciada en la provincia con la detención de Milagro Sala en el 2016, luego de un acampe frente a la gobernación. A pesar de tener profundas diferencias con el espacio y los métodos de Salas, exigimos su libertad, ya que su continuidad presa solo refuerza el aparato represivo que persiste hoy en la actualidad contra lxs que luchan organizadxs contra el hambre y por trabajo digno. En las jornadas nacionales del Bloque Piquetero de marzo y el corriente mes de abril quedó de manifiesto la decisión de profundizar la represión, llevando en los últimos días a la detención de los dirigentes Sebastián Copello (PO) y Juan Chorolque (MTR 12 de abril) durante cinco días, cuando los delitos que se les imputaban eran excarcelables
El acuerdo y pacto político con el FMI que han consensuado en el congreso nacional el Frente de Todos y Juntos por el Cambio solo traerá más ajuste, miseria, depredación ambiental y expulsión de los pueblos originarios de sus tierras. En ese contexto la criminalización de la protesta y la ofensiva judicial vivida en los últimos días, acentuada por el acampe piquetero, busca intimidar a la población trabajadora y la juventud para que no salga a luchar. Sin embargo, lejos de amedrentarlos, salieron más organizados y unidos a las calles. La rápida movilización y amplia solidaridad que se desplegó en todo el país logró la liberación de los compañeros Copello y Chorolque, y la lucha continúa por su desprocesamiento y la de los siete compañeros y compañeras del MTR – Votamos Luchar que fueran detenidxs el 3 de marzo en otra de las jornadas de lucha en esa provincia.
En los últimos años también se ha intensificado la represión contra las luchas impulsadas por las asambleas antiextractivistas, en defensa de los bienes comunes y de la vida en los territorios. En algunas provincias como en Chubut, Mendoza y Catamarca, vecinxs autoconvocadxs, organizaciones y militantes de las asambleas fueron brutalmente reprimidxs, detenidxs y perseguidxs. El ejemplo más reciente fué el violento desalojo del pasado 8 de abril al campamento que impedía el avance de las topadoras sobre el bosque nativo y los cursos de agua en el Valle de Paravachasca, Córdoba, y la detención de dos compañeros de la Asamblea de Paravachasca durante seis horas, que gracias a la movilización popular fueron liberados.
En el ámbito estudiantil se encuentran procesadxs por la Justicia Federal lxs 27 estudiantes de la Universidad de Córdoba, en el marco de la lucha en defensa de la educación pública en 2018.
También son criminalizados los pueblos originarios que resisten a la expulsión de sus comunidades de los territorios explotados por el agronegocio, las forestales, las empresas mineras y petroleras. Las comunidades mapuche en proceso de recuperación territorial son objeto de persecución, desalojos, órdenes de captura y detenciones llevadas a cabo por gobiernos provinciales que responden al modelo extractivista dominante de sucesivos gobiernos nacionales.
Exigimos la libertad y no extradición de Facundo Molares, ciudadano argentino, periodista y militante popular, por quien el gobierno de Colombia solicitó al gobierno argentino su extradición en razón de haber integrado las FARC. Adherimos a la convocatoria que las organizaciones integrantes de la campaña por su libertad realizarán en la puerta del penal de Ezeiza el 20 de abril y a la vigilia que se realizará hasta el 29 de abril, fecha de finalización del juicio, rechazando el reclamo de la Justicia colombiana y exigiendo al gobierno argentino su excarcelación, en tanto Facundo Molares es firmante de los Acuerdos de Paz de 2016 entre la organización beligerante y el gobierno de Juan Manuel Santos y por lo tanto el pedido de extradición es improcedente.
EN LATINOAMERICA:
CHILE:
Según datos de Gendarmería de Chile, hay 211 personas presas con causas penales relacionadas con las manifestaciones sociales ocurridas durante lo que se llamó la revuelta chilena, entre el 18 de octubre de 2018 y el 30 de marzo de 2021. De ellas, 144 se encuentran en prisión preventiva y otras 67 tienen sentencias firmes. Las movilizaciones que se desarrollan desde la asunción del nuevo presidente exigiendo la libertad de los presos de la revuelta, presos mapuche y otros presos políticos fueron reprimidas, y el repudio a la represión se expresó en las calles de Santiago al grito de Boric traidor. Lxs manifestantes fueron repelidos con gas lacrimógeno y camiones hidrantes, incluso mediante un decreto presidencial.
En cuanto a la persecución, estigmatización y criminalización del pueblo mapuche, el caso de Chile es paradigmático. Recordamos como muestra el pedido de extradición (concedido por Argentina en 2018) al lonko Facundo Jones Huala y su posterior juicio, condenado a 9 años de prisión y encarcelamiento. El machi Celestino Córdova condenado a 18 años de prisión quien tras 150 días de huelga de hambre fue alimentado a la fuerza, violando todo derecho humano. La Convención Constituyente ha pedido un indulto general en el caso de las regiones de Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos para lxs presxs mapuche, aplicable desde 2001. como en otras oportunidades, será el pueblo chileno en las calles quien garantice que ese indulto se haga efectivo.
Mauricio Hernández Norambuena “Comandante Ramiro”, preso político del estado chileno, es perseguido y encarcelado por su militancia contra la dictadura de Augusto Pinochet. Preso en penales de Brasil, por causas en ese país, y luego extraditado a Chile, fue sometido en años de supuesta democracia a un sistema carcelario de tortura física y psicológica, con solo una hora de patio al día sin permitirle contacto con otros presos. La situación de este preso político demuestra que los gobiernos de derecha como aquellos que se visten de “progresistas” solo buscan que los ejemplos de luchadorxs sociales no se multipliquen.
PARAGUAY:
La situación en Paraguay de lxs presxs y procesadxs por luchar evidencia la respuesta represiva del gobierno de Abdo Benítez ante las luchas históricas del campesinado y comunidades indígenas contra el agronegocio de terratenientes nacionales y extranjeros. Carmen Villalba fue detenida en 2003 por la acusación del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, nuera de un ex ministro de Hacienda de la dictadura de Stroessner, se fuga en ese mismo año y en 2004 es nuevamente detenida y la condenan nuevamente por resistencia a la autoridad, la suma de ambas condenas le permitía recuperar su libertad en 2018, pero a un fiscal se le ocurrió que para mantenerla presa lo mejor era convertir la resistencia a la autoridad, delito por el que ya había sido condenada, a un homicidio doloso en grado de tentativa. En un juicio sin ningún tipo de imparcialidad por parte del juez, se la condenó a seguir detenida hasta el 8 de noviembre del 2035, y recién en 2027 podría pedir salidas transitorias. Durante estos años de encierro el estado Paraguayo asesina a su hijo Néstor de 14 años en el 2010, desapareció a su hija Carmen Oviedo Villalba “Lichita” de 15, una de sus mellizas el 30 de noviembre de 2020, y asesinó a sus dos sobrinas Lilian y María Carmen de tan solo 11 años, secuestradas y posteriormente fusiladas por la Fuerza de Tarea Conjunta paraguaya. Lichita fue desaparecida por esta Fuerza, hay nuevos testimonios que lo confirman, por haber presenciado el secuestro de sus primas, y luego escapar junto a Laura Villalba, hermana de Carmen que viajó desde Argentina para que las tres primas conocieran a sus padres después de un largo exilio. Laura Villalba fue detenida y se encuentra presa sin tener fecha de juicio. Continuamos exigiendo la libertad de Carmen y de Laura, justicia para Lilian y María Carmen y aparición con vida de Lichita.
¡¡ EXIGIMOS LA LIBERTAD Y EL DESPROCESAMIENTO DE LXS PRESXS POR LUCHAR EN NUESTRO PAÍS Y EN LATINOAMÉRICA!!
¡¡ NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA !!
CONVOCAN Y ADHIEREN:
Amaranto Corriente Universitaria
APDH Mar del Plata
Asamblea Paren de Fumigarnos
Asamblea por un Mar Libre de Petroleras
Asamblea por una Sociedad sin Fascismo
Campaña Nacional Somos Lucía
Centro Cultural Séptimo Fuego
Comité por la Libertad de lxs Presxs Políticxs MdP
CORREPI MdP
CUBa – MTR
Ecoasamblea Parque Camet
Fogoneros MdP
Frente Antirrepresivo MdP
Frente de Organizaciones en Lucha – Unidad FOL
HIJOS Mar del Plata
MST Movimiento Socialista de Trabajadores
Organización de Izquierda Revolucionaria OIR
Organización Social Mariano Ferreyra
Partido Comunista Leninista
Partido Obrero
Periódico El Asambleísta
Polo Obrero
Unidos por un Nuevo APU
Votamos Luchar