(Por Adriana Meyer/La izquierda diario) “Tenés que venir al barrio…” . “Cierto, tengo que conocer la bloquera. Ahora me voy al sur, algo intenso está pasando allá”. “Claro. Y queremos pedirte que pintes uno de tus murales. Te guardamos una medianera limpita, ¿te copás?”. “Uhh sí, bueno, dale. A la vuelta. Abrazo hermano. Cuidate”.” Abrazo. Vos también”. Darío Santillán y Santiago Maldonado podrían haberse cruzado de esta manera, haber sido parte de la resistencia activa, esa que le pone el cuerpo en serio a las ideas de transformación radical. Sus respectivas militancias fueron diferentes, venían de tradiciones ideológicas diversas, y en esa charla imaginaria probablemente se notaría que Darío tendría 39 y Santiago 30. Pero hubieran coincidido en su denominador común, ambos sentían como propias las injusticias ajenas. Los dos murieron por la represión estatal, y ya no fueron sus cuerpos sino sus figuras convertidas en emblema de lucha lo que siguió, sigue y seguirá iluminando caminos.

Santiago repudiaba todo orden establecido y durante sus viajes participaba en los conflictos que encontraba. Darío era parte de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, el mecánico de colectivos y piquetero abatido en Tartagal en octubre de 2000 durante la huelga por la reincorporación de sus compañeros despedidos.

Si existiera la cápsula del tiempo hubiera querido entrevistarlos, si hubieran podido escapar a esas balas de policías y gendarmes, la foto de la nota los mostraría con barbijo, uno con la A de anarquía, otro con una estrella guevarista.

“Me hubiera gustado que Darío dejase un hijo, pero creo que cuando le estaba sosteniendo la mano a Maxi estaba pariendo un montón de hijos que nacieron de esa conciencia”, me dijo Alberto Santillán cuando se cumplieron diez años de la masacre de Avellaneda, con emoción contenida en su voz y sus ojos.

Vanina Kosteki le puso Maxi a uno de sus cinco hijos. Uno de los nietos de Alberto Santillán se llama Darío y otro lleva los nombres de los dos piqueteros asesinados el 26 de junio de 2002.

Estas dos familias quedaron unidas de por vida en forma trágica desde aquel día, cuando Darío Santillán se quedó al lado de Maximiliano Kosteki, que agonizaba en la estación Avellaneda, y fue fusilado por la maldita Policía Bonaerense, que mostraba los dientes porque el poder económico y sus representantes políticos ya no se bancaban más tanto piquete y protesta.

CÁMARAS TESTIGOS

“No es cierto que se mataron entre ellos, tenemos las fotos”, me dijo exultante la Negra Carmen Verdú. Así fue que Sergio Kowalewski fue para la vieja redacción de Página 12 de avenida Belgrano y vimos el material, que hablaba por sí mismo. Antes él había pasado por la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, donde recuerdan que llevaba en su cara la marca del horror. No había revelado aún sus fotos y casi no podía hablar, pero no paró hasta que su trabajo se transformó en denuncia. Había que dar vuelta la versión de que “la crisis causó dos nuevas muertes”, tal como se refirió el pequeño diario argentino al asesinato de dos luchadores que pedían comida y derechos.

Cuando escuchó que en la radio y en la televisión difundían que un grupo de piqueteros se habían matado entre ellos, Kowalewski se comunicó con Sergio “Checo” Smietniansky -que en ese momento era parte de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y hoy es abogado de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep)- para contarle del material fotográfico que tenía, y en ese momento se dio cuenta que tenía las últimas imágenes de Darío con vida. Esa tarde recibió mi llamada.

“Yo vi cómo lo mataban”, me dijo el Ruso y fue el inicio del fin del relato falso e infame que bajaban y pretendían instalar los voceros del gobierno de Eduardo Duhalde. El día anterior la crónica de Laura Vales en Página 12 había descrito el operativo represivo de Puente Pueyrredón como una cacería de militantes.

La secuencia de imágenes y mi entrevista a Kowalewski fueron la nota de tapa del diario el 28 de junio, donde el fotógrafo describió con detalle lo que había vivido. “Mientras me acercaba a la estación de tren pude ver grandes charcos de sangre sobre la vereda, luego supe eran por las heridas de Maximiliano Kosteki. En la estación me encontré de frente al comisario Fanchiotti, que estaba a cargo del cuerpo de Infantería”.

El Ruso agregaba que le dijo a Fanchiotti “que pararan, que ya la gente se estaba retirando, que la dejaran irse porque si entraban a la estación iba a ser una masacre. Él me mostró que tenía el cuello lastimado, como justificando con eso la continuidad de la represión. Yo insistí explicándole que había chicos que ya se estaban yendo. El comisario me volvió a mostrar su herida. Entonces le marqué la diferencia: ‘ustedes están con fierros y ellos con gomeras’”.

“Me metí en la estación y vi a Maximiliano rodeado de gente. En una de las fotos que saqué Santillán está arrodillado tomándole la mano mientras otro chico trata de hacerle algún tipo de asistencia médica. Salí a pedir una ambulancia y cuando volví a entrar escuché gritos que venían del patio. Fui y había una chica tirada en el piso con convulsiones. Cuando volvía hacia el hall vi un policía que tiraba hacia adentro de la estación. Ahí se desbandaron los que estaban atendiendo a los heridos. Mientras salía de nuevo al patio escuché más disparos, me di vuelta y vi a este chico Santillán como tratando de incorporarse”, detalló Kowalewski en esa entrevista.

“La siguiente imagen que tengo grabada en la memoria es el perfil del oficial, la gorra y la Itaka alineadas apuntando hacia la espalda de Santillán y en un segundo plano, hacia atrás, el otro oficial. Fue casi a quemarropa”, sentenció Sergio. Las imágenes que obtuvo, al igual que su testimonio, fueron aportadas al Poder Judicial por los abogados de la Correpi Claudio Pandolfi y Sergio Smietniansky.

PRESENTE IMPERFECTO

Alberto trajina cada día los pasillos del hospital Argerich, es enfermero y antes del acto del 26 pidió a todes que se cuiden. En diciembre, en una carta pública al apenas asumido presidente Alberto Fernández, decenas de organizaciones se hicieron eco de su persistente reclamo de justicia.

“La voz del papá de Darío tiene que ser escuchada porque si bien los policías están condenados, quienes dieron las órdenes, planificaron y permitieron la operatividad de todas las fuerzas de seguridad del Estado Nacional y Provincial, siguen impunes:

 Porque el dolor se agiganta cuando ve que Felipe Solá es nombrado canciller del Gobierno Nacional. Pero más se agranda cuando usted se reúne con Eduardo Duhalde y presume con alguna clase de monumento hacia quien se considera el principal responsable de los crímenes del Puente Pueyrredón.

 Porque él, sus familiares y sus compañeres no dejarán de luchar hasta conseguir que se haga justicia.

 Porque usted dijo que es con Todxs, sin embargo hasta ahora no escuchó la voz de los familiares de Darío Santillán.

 Porque es importante que desde el Ejecutivo Nacional se arbitren todos los mecanismos necesarios para que los jueces y fiscales avancen en las investigaciones que hacen falta para llegar a la verdad”, dice la carta del papá de Darío al presidente Alberto Fernández.

La causa contra los responsables políticos se reabrió en 2015. Las pruebas están y también hay jurisprudencia para juzgarlos, sobre todo luego del fallo de la Cámara de Casación que confirmó la condena al exfuncionario de la Alianza Enrique Mathov, el ex jefe de Policía Rubén Santos y otros cuatro jefes policiales por la masacre de diciembre de 2001.

Pero los funcionarios del sucesor de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, encontraron protección desde el principio, desde cuando el fiscal de la causa en la que fue condenado el comisario Fanchiotti, Bernardo Schell, excusó de declarar como testigos a Duhalde y a Juanjo Álvarez, que en 2005 era funcionario de Néstor Kirchner.

La promesa que le hizo Néstor Kirchner a Alberto Santillán no se cumplió, los archivos de la ex SIDE siguieron con acceso limitado. “Semanas antes de la masacre de Avellaneda Kirchner participó de una reunión en La Pampa en la que algunos gobernadores le habrían pedido al por entonces presidente Eduardo Duhalde ‘mano dura’ con los piqueteros”, había informado Clarín, entonces amigo de aquel gobierno. Sin embargo, nunca pudieron preguntarle al expresidente por qué el día que debía declarar en ese juicio se excusó por “problemas de agenda”.

El entonces gobernador Felipe Solá le había prometido un ascenso a Fanchiotti. Tras la masacre habló con el intendente de Avellaneda, Oscar Laborde. En octubre de 2015, el funcionario declaró ante la fiscal Paloma Ochoa. “Los gobiernos de Duhalde y (Felipe) Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas de que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos pero sí para reprimir de esa manera”, dijo el exfuncionario hace cuatro años consultado por esta periodista para La Izquierda Diario, como síntesis de aquella declaración.

Ante la fiscal Ochoa, Laborde había relatado que el exsecretario de Seguridad Juan José Alvarez le pidió que no hiciera mención pública sobre la presencia de la Prefectura en el violento desalojo del Puente Pueyrredón, como una manera de ocultar el acuerdo político para reprimir.

También contó que cuando le dijo a Solá que, a su criterio, los gobiernos nacional y provincial habían actuado en conjunto, el exgobernador dio una respuesta afirmativa tácita al admitir que “lo habían puenteado”.

Laborde dijo en su declaración testimonial: “Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave, le dije al comisario Fanchiotti que no quería un muerto en Avellaneda”.

Solá habló también con Norita Cortiñas cuando la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora lo llamó por los asesinatos. “No se preocupe Nora, fue una pelea entre pobres”, fue la respuesta del exgobernador bonaerense y actual canciller.

Tan evidente fue la planificación política de la masacre que el propio secretario general de la presidencia de entonces, Aníbal Fernández, lo admitió en televisión con sus propias palabras cuando dijo, fiel a su estilo, que ese gobierno sabía de un “plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades”. Reconociendo, de paso, que se había realizado espionaje e inteligencia sobre las organizaciones populares.

Entre los que sí hablaron se encuentra Juan Pablo Cafiero. “La Policía responde en su accionar al poder político”, dijo el exsecretario de Desarrollo Social y recordó que, en las semanas previas al 26 de junio de 2002, “se expresó una voluntad política de impedir que se siguieran haciendo este tipo de manifestaciones”, en referencia a los piquetes.

En tanto, también declararon el exministro de Justicia y Seguridad de la provincia en tiempos de la masacre y actual juez de la Corte Suprema Provincial, Luis Genoud, y el exsecretario de la SIDE de Duhalde, Carlos Soria. Genoud citó declaraciones que comprometen al exjefe de Gabinete de Duhalde, Alfredo Atanasof, en la planificación de los crímenes. Soria, por su parte, reconoció que ese día había una orden oficial para garantizar “de cualquier manera” los accesos a la capital.

La pieza que completa el plan es un hecho poco difundido: la denuncia penal que presentó el ministro de Justicia Jorge Vanossi. Tal como admitió Aníbal Fernández, la infiltración que habían hecho de la Asamblea Piquetera Nacional que se hizo el 22 y 23 de junio de 2002 en el estadio Gatica de Avellaneda tuvo como objetivo obtener el “material” para una futura denuncia penal contra los piqueteros para darle cobertura legal al operativo del Puente.

El exjefe de la SIDE dijo que había enviado a sus agentes para que tomaran nota de los discursos de esa asamblea y, así, elaboró un informe en el que sostenía que los piqueteros estaban influenciados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. “Allí se habló de revolución, toma del poder, caos y volver al 19 y 20 de diciembre”, dijo.

Soria también explicó que tomó esa iniciativa porque el entonces ministro Vanossi le había solicitado precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podían configurar algún tipo de delito contra la ley de Defensa de la Democracia”. De hecho, con ese material el 27 de junio el gobierno de Duhalde dio instrucciones al Procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”.

MARCADOS

Según publicó el periodista Horacio Verbitsky poco después de la masacre, Kosteki y Santillán fueron fotografiados y marcados dos semanas antes de su muerte, durante una movilización frente a la sede del Municipio de Guernica. “Ese es el feudo del viceministro de inteligencia, Oscar Rodríguez, y de su esposa, la senadora Mabel Muller. Rodríguez tiene un hermano comisario, que fue jefe de la custodia de Duhalde”.

“Una periodista (Clara Britos) que fue testigo del hecho recibe amenazas de muerte. En 2000 su casa había sido violentada por 30 policías encapuchados que la arrastraron de los pelos. El jefe del operativo era el comisario Fanchiotti, quien durante una década cumplió destinos en comisarías y comandos de la zona”, detalló Verbitsky.

EPÍLOGO

El diálogo entre Santiago y Darío que no pudo ser lo mantuvieron el 28 de septiembre de 2018 sus hermanos, Sergio Maldonado y Leonardo Santillán, en la plaza San Martín de Quilmes.

Fue durante una ronda de la Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes. Intercambiaron algunas palabras, un apretón de manos y miradas profundas.

Orlando Agüero escribió en Marcha que “Kosteki-Santillán y Santiago Maldonado configuran grandes deudas internas de la democracia, y por eso se han convertido en verdaderas causas del pueblo”. Sin embargo, detrás del emblema están las almas rebeldes de Darío y Santiago. Tanto como detrás de apellidos, que desde hace 18 años, siguen habitando despachos nacionales y provinciales, está la impunidad.