(Por HIJOS La Plata) El principal argumento conceptual del presidente Alberto Fernández para responderle a la clase media anticuarentena y extender el aislamiento social fue que “no saben cuánto valoro la libertad, pero la libertad se pierde siempre cuando uno muere”. Mientras en el AMBA volvemos a la Fase 1 del ASPO, el miércoles 24 de junio en Tucumán la policía de la provincia, al mando del gobernador peronista Luis Manzur y su ministro de In-seguridad Claudio Maley, asesinó a Walter Ceferino Nadal de 43 años de edad. No conformes con la detención de Walter en una situación contravencional en la calle, el instinto criminal de los funcionarios públicos pudo más. Lo torturaron en el piso con la rodilla en la nuca y patadas en las costillas, a lo George Floyd, hasta que no aguantó más. Los policías actuantes en el hecho son los agentes Jessica Gómez, Cristian Fernando Gómez, Diana Suárez, Claudia Vizcarra, Josué Molina y Melanie Mariel Caliva. Una patota que torturó con el manual del bussismo en la mano y no supo reanimar a una persona con RCP. En el acta procedimental los uniformados asentaron que se trató de una muerte por infarto durante el traslado a la seccional 1ra y luego al hospital Padilla, donde Walter falleció. Los resultados de la autopsia que solicitó la fiscal Adriana Giannoni constataron que la víctima poseía lesiones en el cuello producto de la violenta detención y que el deceso no fue por infarto sino por asfixia.  https://www.facebook.com/HIJOS.LaPlata/

Recordemos que el 19 de marzo el Gobierno Nacional de Alberto Fernández en contexto de Pandemia (COVID-19) sancionó el DNU 297/2020, decretando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, prohibiendo la circulación casi total de la población y permitiendo sólo desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse. Desde entonces a lo largo y a lo ancho del país se registran miles de violaciones a los derechos humanos en manos de las fuerzas de inseguridad.

En la mesa coordinadora de la política implementada en todo el país por el Gobierno Nacional, conjuntamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta, no hemos visto todavía a ningún Ministro de In-Seguridad ni nacional ni provincial dar la cara por las vidas arrebatadas durante estos 100 días de cuarentena.

Los niveles de represión fueron aumentando en sintonía con la profundización de la desigualdad, el distanciamiento social de clase fue y es tajante: los barrios periféricos de los más humildes, empobrecidos y trabajadorxs son los que más sufren esta cuarentena hambreadora y represiva. Haciendo un repaso a días de anunciarse el ASPO en la provincia de Jujuy la policía de esa provincia enjauló personas al aire libre sin ningún tipo de cuidado y protocolo sanitario. En el conurbano bonaerense en Abril las fuerzas de seguridad comenzaron con los hostigamientos y persecución en las calles hasta dentro de las casas, irrumpiendo ilegalmente dentro de domicilios propinando golpizas a las familias y llevándose personas. También se endurecieron las acciones represivas dentro de los lugares de detención como comisarías y penales. A los asesinatos por asfixia y represiones brutales con fusilamientos, se le suma el envalentonamiento policial con su pico represivo en una seguidilla de más de 12 casos de gatillo fácil en todo el país y con la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza.

Los medios de desinformación, como no podía ser de otra forma, no se hacen eco de esta escalada represiva y del despliegue de las Fuerzas Armadas en los barrios, en el mejor de los casos minimizan los hechos como situaciones aisladas, y en el peor solo se dedican a repetir una y otra vez los comunicados oficialistas con el lema #argentinaunida, #quedateencasa y #singrieta contra el #coronavirus, grieta que se diluye a la hora de ajustar, empobrecer y reprimir al pueblo.

A contramarcha se ha visto el despliegue del ejército en las cocinas del Ejército distribuidas estratégicamente en puntos clave del conurbano, como en el Partido de La Matanza y en Quilmes, para contener desbordes o mejor dicho tener al alcance de la mano el aparato para reprimir y controlar la situación cuando se les escape de las manos. El cercamiento de barrios enteros como el Azul de Quilmes o el José Luis Cabezas de La Plata, mandando primero a infantería y luego la comida y los sanitaristas es fiel reflejo de la manera “a lo Berni” de manejar la pandemia.

La gestión de Kicillof mostró, ya antes de la pandemia, que su elección era por la mano dura, al designar al fascista Sergio Berni al mando de La Bonaerense SA. El ASPO le vino como anillo al dedo al ex militar para echar mano a los palos y las balas para hacer cumplir el aislamiento a como sea y volver sobre sus típicas puestas en escena: presencia física de chaleco-arma-moto en los hechos policiales, declaraciones temerarias en los medios, cifras de delito a la marchanta y cortoplacismo para la tribuna que son ya una marca de estilo en Berni. “No hay lugar para los librepensadores, ni para aquellos que crean que esta cuarentena es un concurso de creativos” le dijo con tono marcial a su tropa en la puerta del Ministerio en calle 2 de La Plata y se definió como “un camarada más”, para imponer más parches de policialización a la vida de los bonaerenses. En medio de la situación particular de la pandemia esta será una nueva etapa de la mano dura peronista en materia de seguridad.

La ministra Sabina Frederic puso su principal aporte al ASPO en incentivar el espionaje ilegal y el cibercontrol social, además de dejar hacer a su tropa federal de gendarmes, prefectos y federicos en cada operativo en villas, barrios y trenes. Como venimos diciendo hace tiempo el kirchnerismo viene de ser responsable de más de la mitad de las 7.000 muertes producidas por el aparato represivo entre 1983 y 2019. Por eso decimos que la “Doctrina Chocobar” no es nueva. La complicidad mediática es clave para estigmatizar a los jóvenes y legitimar la muerte como una “solución” al problema de la inseguridad o, en este caso, como “excesos” ante la violación de una medida sanitaria como el aislamiento social. Desde los grandes medios se replica el estigma, aumentando y sobredimensionando el delito como fenómeno social, desligándolo de las desigualdades que le dan origen y la discriminación que fomenta la violencia, aún entre los más excluidos.

No vamos a dejar de denunciar todos los hechos represivos y la impunidad de la que gozan las fuerzas de inseguridad, amparados en el poder judicial y político porque detrás de cada caso de gatillo fácil, de desaparición forzada de personas, de muerte sospechosa en lugares de encierro, de represión en barrios populares hay un gobierno municipal, provincial y nacional responsable.