(Por Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata) La Policía bonaerense ha convertido en toda una modalidad represiva la “masacre vial”, al pretender resolver a tiro limpio situaciones de persecución sobre vehículos involucrados en delitos o simplemente “sospechosos”. El fusilamiento del joven músico Diego Cagliero en Tres de Febrero y la masacre de los adolescentes de San Miguel del Monte, ocurridas con un día de diferencia en mayo de 2019, son un capítulo más de ese proceder criminal. Al cumplirse un año de aquellos hechos la represión como política de Estado sigue mostrando así una de sus peores caras.

Desde los hechos de la “Masacre de Wilde” de enero de 1994, hasta la “Masacre de Monte” de la que se cumple un año en estos días, la Policía de la Provincia de Buenos Aires ha demostrado que el uso indiscriminado de su capacidad de fuego tiene larga data. En Wilde once agentes de la Brigada de Investigaciones de Lanús, conducida entonces por el inefable comisario Juan José Ribelli, uno de los pilares de la Mejor Maldita Policía del gobernador Eduardo Duhalde, persiguieron dos autos y con la excusa de “confundirlos con delincuentes” descargaron más de 200 disparos sobre sus ocupantes causando la muerte de un remisero, dos de sus pasajeros y un librero que circulaba con otra persona que sobrevivió. Con ocho policías imputados, tras años de dilaciones, un fallo de la Suprema Corte bonaerense que impidió el cierre de la causa y un prófugo capturado en Córdoba en 2014, el hecho iba a ir a juicio en 2020, pero la pandemia del Covid-19 volvió a retasar un debate oral que tardó 26 años. Recordemos en esta triste modalidad la “Masacre de Ramallo”, donde el Grupo Halcón descargo más de 170 disparos en el auto en que los asaltantes del Banco Nación de esa localidad intentaban huir con tres rehenes. La mancha del asesinato de esos rehenes bajo el fuego policial no impidió que Pablo Bressi, aquel día a cargo de las negociaciones, llegara más tarde a ser jefe de La Bonaerense S.A. designado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Pero la gobernadora y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dejaron en su gestión varios hechos truculentos de la misma modalidad.

DIEGO CAGLIERO

El 19 de mayo de 2019 Diego Cagliero y sus amigos músicos fueron a comprar provisiones a un supermercado Día% de Martín Coronado, partido de Tres de Febrero, antes de ensayar con la murga “Los Incurables”. Al llegar a la caja los chicos discutieron con los guardias del comercio porque no les alcanzaba para cubrir todo lo que querían comprar. Entonces decidieron irse en la camioneta en que se desplazaban. La seguridad privada del local avisó a la policía (está en discusión si hubo aviso al 911 y su real contenido) y denunció falsamente que los pibes estaban armados y que habían cometido un robo. Luego de seguirlos con cámaras de seguridad del municipio por varias cuadras les hicieron un cerrojo y los rodearon con patrulleros. Al bajar asustados y con las manos en alto los pibes recibieron un ataque con más de 14 disparos policiales. Diego murió en el acto y su amigo Mauro Tedesco quedó herido. Al instante comenzó la operación de encubrimiento: los policías sacaron fotos de Diego sin vida con un arma plantada y le vendieron a los medios la versión del intento de fuga y fuego cruzado. El intendente del Pro, Diego Valenzuela, felicitó a los efectivos y celebró la muerte de Diego desde su cuenta de twitter. Nada extraño si constatamos que su secretario de Seguridad, Juan Manuel Lucioni, era un fervoroso defensor de la dictadura genocida. Ello Los amigos de Diego fueron detenidos, pero luego liberados, excepto Ángel Bramajo, que sufrió 8 meses de encierro hasta que se consiguió con movilización y lucha que le otorgaran la domiciliaria.

Con la presión de los familiares y amigos organizados se logró que la fiscal Grabriela Disnan realizara las medidas de prueba para comprobar que los pibes no efectuaron ningún disparo, y que la brutal agresión policial la encabezaron los efectivos Darío Montenegro y Rodrigo César Exequiel Canstatt. Este último disparó 14 veces y fue quien ultimó a Diego. Se encuentra procesado y cumpliendo preventiva por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser personal policial. Su defensa intentó jugar la carta de la pericia psicológica para relativizar su accionar, pero en diciembre pasado se determinó que es claramente imputable. Además Canstatt está involucrado en otro asesinato cometido un mes antes que el de Diego. Sergio Jasi, joven de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero,  murió el 26 de abril de 2019 tras ser detenido por una comitiva encabezada por este policía. Sergio tuvo un brote psicótico, creyó que lo querían matar y se metió en una casa. Los vecinos llamaron a la policía y Canstatt y sus muchachos golpearon a Sergio hasta que quedó inconsciente para meterlo en el patrullero. Los bonaerenses lo llevaron a la Comisaría 11ª de Remedios de Escalada y lo trasladaron ya muerto al hospital. Luego sembraron la versión del intento de robo y posterior linchamiento vecinal. Pero la autopsia determino traumatismo de cráneo y otras heridas en el rostro y el cuerpo. Tras conocerse esos detalles comprometedores Canstatt fue trasladado a la comisaría 5ª de  Eufrasio Álvarez, Tres de Febrero, desde donde persiguieron y ultimaron a Cagliero.

SAN MIGUEL DEL MONTE

Un día después de lo sucedido con Diego la masacre llegó a una pequeña ciudad del sur bonaerense. El 20 de mayo de 2020 la Bonaerense S.A. volvió a mostrar su peor cara al producir la “Masacre de San Miguel del Monte”. Las vidas de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Camila López y Gonzalo Domínguez, y las lesiones graves que sufrió Rocío Quagliarello no van a ser en vano. La persecución, los disparos y la brutalidad que desplegaron contra los chicos quisieron ser disfrazados como un simple accidente de tránsito. Armaron el típico entramado de la impunidad policial: una versión oficial de los hechos exculpatoria, sembrado de pruebas, falseado testigos, y hasta mentirle en la cara a los familiares cuando fueron a pedir explicaciones. Pero la verdad salió a la luz: los pibes fueron masacrados a tiro limpio. El hecho también desnudó una trama anterior de habituales maltratos policiales y pedidos de coimas en el pueblo. En la investigación se avanzó en pocos meses lo que en otras tardamos años. Y eso tiene una explicación: primero la movilización popular que llenó las calles con el reclamo. Pero pensemos que la masacre fue tan brutal que en un año electoral la intendenta massista de Monte, Sandra Mayol, la gobernadora Vidal y su ministro de seguridad no querían verse manchados por semejante crimen. Entonces comenzaron a sobreactuar apartando a los policías implicados y dando conferencias de prensa para despegarse del hecho. Sin embargo Mayol, Vidal y Ritondo siguieron en campaña electoral, como si no hubiera sucedido nada.

Los policías asesinos y sus encubridores son Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal, José Domínguez, Cristian Riguero, Juan Manuel Gutiérrez, Melina Bianco, Héctor Ángel, José Durán, Julio Micucci y Nadia Genaro, a los que se suma el secretario de Seguridad de Monte y ex policía Claudio Ismael Martínez. Recientemente Martínez fue beneficiado con prisión domiciliaria al ser incluido en el grupo con riesgo de vida ante un posible contagio de Covid-19. La causa penal tuvo una instrucción aceptable y antes de la pandemia se esperaba que fuera elevada a juicio a principios de 2020.

Tanto en la causa Cagliero como en el expediente por los hechos de Monte fue la abnegada tarea militante de las familias de las víctimas, como la brutalidad evidente de los hechos, la que logró destrabar la trama de impunidad. En el caso de Cagliero la familia y los amigos de Diego mantuvieron en alto el reclamo de justicia y formaron un centro de acción cultural para desarrollar la lucha antirrepresiva. Los familiares de los chicxs de Monte se organizaron, fundaron una organización social de lucha y hasta marcharon frente a la Gobernación bonaerense para pedir que caigan todos los ejecutores y cómplices de la masacre. Una vez más queda en evidencia que sólo la organización popular independiente del Estado y con los familiares y amigos de las víctimas como protagonistas es la única herramienta que nos queda para hacer frente a tanta muerte desplegada desde el aparato represivo.

CONTINUIDAD DEL “CHOCOBARISMO” DESATADO

El fusilamiento de Cagliero, sumado a la “Masacre de Monte” y a verdaderos exterminios producidos en lugares de encierro como en las comisarías de Pergamino y de Esteban Echeverría, está entre los peores hechos represivos de la gestión de Vidal, Ritondo y su segundo jefe policial Fabián Perroni.

La gestión del gobernador Axel Kicillof mostró, ya antes de la pandemia, que su elección era por la mano dura, al designar al fascista Sergio Berni al mando de La Bonaerense S.A. La situación de emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional vinieron como anillo al dedo al ex militar para echar mano a los palos y las balas para hacer cumplir la cuarentena y volver sobre sus típicas puestas en escena: presencia física en los hechos policiales, declaraciones temerarias en los medios, cifras de delito “a la marchanta” y cortoplacismo para la tribuna que son ya una marca de estilo en Berni . “No hay lugar para los librepensadores, ni para aquellos que crean que esta cuarentena es un concurso de creativos” le dijo con tono marcial a su tropa en la puerta del Ministerio en calle 2 de La Plata y se definió como “un camarada más”. En las últimas semanas realizó una ambiciosa restructuración de la fuerza, ampliando las Superintendencias y reconvirtiendo las Departamentales para poner tropa propia en todo el territorio amparado en la Emergencia de Seguridad que ya habían aprovechado gestiones anteriores para imponer más parches de policialización de la vida de los bonaerenses.

En medio de la situación particular de la pandemia esta será una nueva etapa de la mano dura peronista en materia de seguridad. El kirchnerismo viene de ser responsable de más de la mitad de las 7.000 muertes producidas por el aparato represivo entre 1983 y 2019. Lo ocurrido en los últimos 4 años en materia represiva en la provincia de Buenos Aires es en verdad consecuencia del aval político que Mauricio Macri y Patricia Bullrich otorgaron para que la represión no se vea limitada en sus métodos. El macrismo pasará a la historia como la gestión que llamó a avalar los fusilamientos públicos de personas más allá de lo que diga la justicia. Quisieron que el poder de matar del policía sea moneda corriente y no la excepción. Quisieron convertir a todo sospechoso en potencial “abatido”. Como sostuvimos siempre, repetimos que la “Doctrina Chocobar” no es nueva. La complicidad mediática es clave para estigmatizar a los jóvenes y legitimar la muerte como una “solución” al problema de la inseguridad. Desde los grandes medios se replica el estigma, aumentando y sobredimensionando el delito como fenómeno social, desligándolo de las desigualdades que le dan origen y la discriminación que fomenta la violencia, aún entre los más excluidos.

Las masacres de Martín Coronado y San Miguel del Monte que hoy conmemoramos son sólo una parte de los miles de hechos que cometen día a día las fuerzas represivas del Estado, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, el verdugueo, las torturas, las masacres en cárceles y comisarías, las desapariciones forzadas, los armados de causas, los operativos de saturación, la persecución a los que luchan y a los que trabajan en la calle. Toda esta situación represiva es lo que denominamos una política de Estado. Y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. No lo podemos llamar Violencia Institucional, porque no son excesos, ni se trata de un uno o de cientos de loquitos uniformados sueltos. Por atrás de estos hechos hay una decisión política concreta de reprimir. Hay una decisión política concreta de generar el hambre y la desigualdad social que se vive, una decisión de sostener una cultura violenta y una marginalidad planificada desde el Estado, para después justificar el uso del aparato represivo.

Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata abrazamos en estos duros momentos a los familiares y amigos de Diego, de Danilo, de Aníbal, de Camila, de Gonzalo y de Rocío. Las circunstancias de la pandemia en curso y el aislamiento social obligatorio nos impiden estar en la calle para gritar juntos por Justicia. Pero la Memoria no está en cuarentena: las calles volverán a ser nuestro espacio para luchar contra este sistema de hambre y represión que esta vez aprovecha la pandemia para profundizar los dispositivos típicos de una sociedad de control.

JUSTICIA POR DIEGO CAGLIERO, ANÍBAL SUAREZ, DANILO SANSONE, CAMILA LÓPEZ, GONZALO DOMÍNGUEZ, ROCÍO QUAGLIARELLO Y TODOS LES PIBES ASESINADES POR LA REPRESIÓN ESTATAL.

BASTA DE GATILLO FÁCIL.

FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.

SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN ESTATAL.