COMUNICADO DEL PO

El juez Torres dictó la liberación de los militantes del Partido Obrero Cesar Arakaki y Dimas Ponce. Su liberación, en el cuadro de una amplia campaña popular por la misma que había sido denegada en cinco instancias anteriores, es una innegable conquista popular, pero su procesamiento y los términos en los que el Juez se refiere a la movilización del 18 de diciembre implican un grave ataque a la movilización popular y al derecho a la protesta social, que avanza en una línea de criminalización promovida desde el gobierno”.
En la resolución, el juez Torres reconoce lo que explicamos desde un primer momento públicamente y en los escritos judiciales presentados ante el Juzgado Federal n°12, la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación Penal: la completa ausencia de pruebas que justificaran que Arakaki y Ponce sean imputados y encerrados por las acusaciones de la causa. Ello, luego de que Cesar Arakaki pasara injustamente 26 días en prisión y Dimas Ponce, 15”.
De manera incongruente con esta conclusión que es finalmente demostrada y aceptada en la resolución, Torres decidió procesar a ambos militantes. El procesamiento de Arakaki y Dimas es una arbitrariedad completa: aclarado que no puede demostrar las acusaciones en curso contra ellos, los procesa por solamente haber participado de la movilización. De ella, Torres desarrolla una evaluación subjetiva de la cual saca conclusiones inspiradas en las declaraciones de los funcionarios del gobierno. Así, acredita hechos y, aún más, da por probadas serias acusaciones con su apreciación personal, criminalizante, de la movilización del 18 de diciembre”.
De una manera muy peligrosa, el Juez lanza una condena general la movilización como tal y, en consecuencia, a las organizaciones políticas, sociales y sindicatos que participaron en ella. La acción colectiva y coordinada a la que se refiere Torres no es otra cosa que el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, partidos políticos, centros de estudiantes, etc”.
Llamamos la atención que, contradictoriamente con la evaluación criminal que Torres hace de una movilización de 300.000 personas, no sostiene lo mismo respecto del accionar de los policías procesados. Torres no considera la existencia de ningún plan represivo, cuando efectivamente son las fuerzas de seguridad las que aplican la violencia organizada, bajo los lineamientos y las órdenes de sus máximas autoridades y del poder político. El Juez absuelve al Estado y al aparato de represión y solo procesa a dos policías por supuestos “excesos”. A los compañeros, en cambio, los procesa por ser parte de una supuesta acción coordinada, que no fue otra que la de manifestar y defender el derecho de permanecer manifestando a pesar de la brutal represión”.
Finalmente, Torres llama al gobierno nacional a valerse de un protocolo represivo para que desde el Estado se norme la protesta social. Con ello, cercena el derecho más importante de la democracia política: el derecho a reclamar ante el Estado, responsable último de las necesidades sociales más sentidas y de la imposición de políticas negativas y contra la voluntad del pueblo, como la reforma previsional. Darle al Estado mayores herramientas para reglar las protestas que a él se dirigen es anular el propio y democrático derecho a la protesta. Torres refuerza la orientación de responder con el aparato represivo a los reclamos sociales, a la que con este llamado desde el mismo Poder Judicial le otorga amparo jurídico explícitamente”.
El alcance del procesamiento y las conclusiones del juez Torres resultan alarmantes para el conjunto del movimiento popular. Reclamamos el desprocesamiento inmediato de Cesar Arakaki y Dimas Ponce, el cierre de la causa, la investigación del accionar de todos los policías y de la fuerza policial, y las órdenes impartidas por el poder político, la libertad de los manifestantes del 14 de diciembre y el fin de la criminalización de la protesta social”.