La profundización de las políticas de mano dura y la ausencia total de políticas de prevención, sanción y erradicación de la tortura siguen recrudeciendo la crisis del sistema carcelario y de seguridad. Todo esto ya fue denunciado en innumerables oportunidades y reconocido, incluso, por el Estado. También los organismos internacionales de derechos humanos reclamaron medidas para revertir esta crítica situación, pero nada hicieron. Estas graves violaciones de derechos humanos son parte de políticas diseñadas para provocar estas consecuencias y la responsabilidad es de los tres poderes del Estado.

Las cifras son alarmantes y crecen año tras año. En ese contexto, se presenta el informe 2018 del Registro Nacional de Casos de Tortura (RNCT) que, desde el 2010, realizan estos tres organismos públicos. El informe es el resultado del trabajo interinstitucional de inspecciones a los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires y del ámbito federal y del monitoreo de las prácticas policiales en el territorio.

En el marco de la presentación de este nuevo informe, el ex relator sobre tortura de la ONU Juan Méndez brindará la conferencia “El desafío de las democracias en la lucha contra la tortura. Visibilizar, registrar y denunciar las violaciones a los derechos humanos”. La exposición contará con los comentarios de Alcira Daroqui directora del GESPyDH y el procurador penitenciario nacional Francisco Mugnolo. La mesa será coordinada por el secretario de la CPM Roberto Cipriano García.

A pesar de la gravedad de estas cifras, son sólo un registro parcial, las violaciones a los derechos humanos son la regla permanente del sistema penal. La tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y en el despliegue de las fuerzas de seguridad. Con diferentes modalidades e intensidades, persiste en el tiempo y se produce en todos los ámbitos de detención.

En las cárceles bonaerenses, se registraron 469 víctimas de 2.428 hechos de tortura; más del 70% son jóvenes, personas menores de 35 años. El aislamiento y la falta o deficiente atención de la salud son las prácticas más denunciadas. En este informe, además, se hace un relevamiento particular de otra denuncia recurrente: los traslados constantes que implican un alto nivel de rotación por distintas unidades penales y la permanencia por breves períodos de tiempo en cada una como forma de castigo.

Por su parte, en el sistema federal, 926 víctimas denunciaron 2.886 hechos de tortura y/o malos tratos; 6 de cada 10 víctimas son jóvenes, menores de 35 años. Las agresiones físicas y el aislamiento son los hechos más denunciados. El aislamiento produce un “encierro dentro del encierro” y expresa cabalmente la multidimensionalidad de la tortura. Justificado por las autoridades penitenciarias como “sanción” y como “protección”, es también aplicado como régimen de vida de los pabellones y forma parte de la rutina cotidiana de gestión de la cárcel.

Desde el 2015, el RNCT registra también las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el despliegue de las fuerzas de seguridad en el territorio. Este año, se relevaron 986 hechos de torturas y/o malos tratos; más de la mitad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. Sólo en el territorio provincial, 114 víctimas denunciaron 550 hechos ejercidos, en su mayoría de la policía bonaerense, en tres instancias: aprehensión, traslado y detención en comisarías. Las agresiones físicas son las más denunciadas. En el ámbito federal, la situación es similar, 112 víctimas denunciaron 436 hechos de torturas y/o malos tratos; una de cada cuatro denuncias son por agresiones físicas.

La presentación del informe del RNCT y en ese marco la conferencia a cargo de Juan Méndez se realizará este jueves 8 de agosto a las 16 horas en el auditorio de la CPM, calle 54 N 487, La Plata.