Prontuario represivo del gobierno

Sergio Alvez

“Y los libres del mundo responden, Al gran pueblo argentino ¡salud! , al gran pueblo argentino, ¡salud!”. Por uno de los carriles de la ruta, encabeza el embate la Gendarmería. Por el otro, la Infantería. Los perros, nerviosos porque el asfalto caliente les quema las patas, muestran sus dientes. Los efectivos con escudos parecen mimetizados con los perros: se los ve nerviosos y ávidos de atacar. Hace apenas tres meses han recibido un aumento del 35% en sus sueldos por parte del gobierno provincial. Los que reclaman, mantienen cortada la ruta nacional 12 desde las 7.15. Es un hito histórico: por primera vez se han unificado solidariamente en una medida similar, sectores estatales, docentes y organizaciones sociales de desocupados. Piden lo mismo que hace unos meses pedían- también cortando el tránsito y acuartelándose- quienes ahora se aprestan a seguir ensanchando el feroz prontuario represivo de la década ganada.
Los caballos relinchan. Sus jinetes policiales, torpemente se aproximan también a la columna de trabajadores. Los uniformados ya se han quitado la identificación reglamentaria: ya pueden reprimir desde el anonimato. Avanzan. La distancia es cada vez menor. Pese al pánico generalizado, los trabajadores en lucha se abrazan y cantan más fuerte. “Coronados de gloria vivamos”. Ya no queda más que unos diez metros de distancia entre las fuerzas que avanzan y la columna de trabajadores y docentes. Un policía del GOE, encapuchado al estilo Robocop, comienza a provocar a los que cantan el himno. Es curiosa la postal: el mastodonte, con hambre de golpear, se coloca justo enfrente de la Graciela Franzen, una sobreviviente de la dictadura cívico militar y uno de los máximos símbolos de coherencia en la lucha por los derechos humanos en Misiones. A cargo de la Gendarmería Nacional, el oficial de bigote hitleriano, Pyñeiro, que hace menos de una hora aseguró a viva voz “no vamos a reprimir”, da la orden final.

“¡O juremos con gloria morir, o juremos con gloria morir!” La última estrofa, en las gargantas de los trabajadores y maestros convertidas en una sola voz, pre anuncia el desenlace que minutos atrás el gobernador de la provincia de Misiones, y su ministro de gobierno, valiéndose de una jueza federal “nuevita” y designada a dedo, pre configuraron en despacho. Entonces la furia uniformada procede. Van al choque, de un lado Gendarmería y del otro el GOE e Infantería. Los policías en tanto, se van filtrando en la masa, para golpear y detener. Los Bomberos hacen lo suyo con la manguera directa al rostro de los trabajadores. Vuelan ráfagas de gas lacrimógeno al por doquier. Los manifestantes de la margen derecha se han sentado en son de paz. Poco parece importarle a los efectivos, que los pisotean, patean, reparten bastonazos, y exhiben con suficiencia su capacidad para golpear y detener a ciudadanos indefensos, sin más armas que la dignidad. Los que logran escapar, son perseguidos por los costados de las banquinas.

Las fuerzas arremeten contra toda humanidad que se les ponga enfrente, pero queda en evidencia que han seleccionado a quien detener. Van directo por los secretarios generales de ATE y CTA: Nora Dedieu y Jorge Duarte. Por los líderes primero, como en la dictadura. Ahora cazan y aplastan contra el suelo con sus rodillas y entre tres efectivos, a Alejandro Fidela, secretario general del Sindicato de Peones y Estibadores del Mercado Central. Ya lo conocen: en noviembre atrás han sido detenidos y torturados tres delegados de este sindicato, en la comisaría 11 de Posadas, por el simple hecho de organizarse y reclamar salarios dignos. Es el mismo motivo por el cual reprimen ahora, en la ruta 12. Los patrones no pueden quejarse, el trabajo represivo es impecable. La ruta ahora está despejada. Los móviles se llevan a las 20 personas detenidas, entre ellas quien esto escribe. Desde la parte trasera de una camioneta policial, donde nos han arrojado a cuatro personas, entre ellas el docente y militante de la CCC Víctor Ronsefeld – que no puede hablar del dolor que le ha provocado el haber sido arrastrado y golpeado por casi cien metros – alcanzo a ver una postal que lo dice todo. La gran bandera argentina yace en el suelo, y las botas en retirada, no hacen más que pisotearla.

El prontuario represivo del gobierno de Misiones
La represión contra trabajadores y educadores que se dio el miércoles 5 de marzo en Garupá, no representa un hecho aislado. Sólo en los últimos años, el gobierno provincial de Misiones a través de las fuerzas de seguridad que maneja, ha acumulado una enorme cantidad de episodios represivos, torturas, abusos de todo tipo y una docena de muertes en comisarías, todas ellas atribuidas a inverosímiles “suicidios”. A continuación, un repaso informativo de los hechos que desde 2008 a esta parte – cuando empezó la gestión del gobernador Maurice Closs – dan cuenta de la violencia institucional como política de Estado avalada y celebrada por las autoridades. El desprecio por los valores democráticos y los derechos humanos, se tornaron moneda corriente en la conducción provincial.

Un desaparecido en democracia para empezar la gestión

Maurice Closs asumió como gobernador de Misiones el 10 de diciembre de 2007. Tenía 36 años y se había convertido en el mandatario provincial más joven del país. Tres meses y trece días después, el 23 de marzo de 2008, desapareció el joven Mario Golemba, un campesino de 27 años, domiciliado en la Picada Indumar (Dos de Mayo), quien ese día había arribado a la ciudad de Oberá por una consulta médica. La familia hizo la denuncia y el primer gesto político de Closs aparentaba ser positivo: decretó una recompensa de 100 mil pesos para todo ciudadano que aportara datos sobre el paradero de Golemba. Aquel decreto (1480), sin embargo, excluía de la posibilidad de aportar datos, a todo el personal policial. Fue una argucia ingenua: un par de meses después, dos testigos contaron que Mario Golemba esa noche fue visto esposado y siendo golpeado por policías de la comisaría de Dos de Mayo, encabezada entonces por el comisario Ewaldo Katz.
A partir de entonces, cuenta Antonio Golemba, padre de Mario, “el gobernador y los ministros que venían dialogando con nosotros nos dieron la espalda. No contestaron llamadas nunca más, sacaron todos los afiches que había en la vía pública y comisarías con la cara de Mario, nos abandonaron”.
Paralelamente, el ministro de gobierno, Jorge Franco, en clara actitud proteccionista y sin dar explicaciones a nadie, ordenó el traslado de todos los efectivos que esa noche actuaron en la comisaría donde Mario fue visto por última vez. Al comisario Katz se le otorgó un simbólico destino: Aristóbulo del Valle, pueblo del gobernador Closs. El 27 de marzo de 2014, se cumplirán 6 años de la desaparición impune de Mario Fabián Golemba. En tanto, el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, guarda un silencio atroz sobre esta desaparición, a punto de excluirlo de la lista de “buscados” que figuran en las paredes del organismo. La orden es apelar a la desmemoria y la impunidad.

Torturas, muertes y “suicidados”

En 2009, la gestión comenzó temprano con el raid de violencia institucional. El viernes 27 de febrero, el ciudadano René Florentín (31), fue detenido por policías de la Comisaría Primera de Puerto Iguazú, mientras filmaba un operativo policial con su celular. Tras ser detenido, acusado de “entorpecer la labor policial”, Florentín fue esposado y conducido a un pasillo de la Comisaría Primera, donde según denunció en el Juzgado de Instrucción 3 de Iguazú – y como lo constatan las fotografías -, fue torturado ferozmente por más de siete policías. En esa misma ciudad, sólo un mes después, el 18 de marzo, testigos registran en el acceso a la ciudad de Puerto Iguazú un indignante episodio de abuso de autoridad y violencia contra dos adultos mayores de la localidad, en el marco de un operativo vial. Estos son sólo algunos de los casos más resonantes que pesan sobre la policía de Puerto Iguazú.

Desde la revista Superficie, un medio de comunicación alterantivo de la provincia, vienen realizando un exhaustivo seguimiento de cada uno de los casos que se van conociendo, de violencia institucional. Cuentan desde este colectivo periodístico, que “en los años 2010 y 2011 los medios de comunicación difundieron varias denuncias contra la Policìa de la Provincia de Misiones por detenciones arbitrarias, golpizas en lugares de detención y en lugares públicos, amenazas, hostigamientos. En algunos casos, la brutalidad del maltrato y las torturas por parte de los uniformados terminaron en la muerte de las víctimas, como en el caso de Hugo Miguel Wasyluk (Villa Bonita) y de Hugo Franco (LN Alem), muertos a golpes en comisarías tras ser detenidos sin causa. En ambos casos los familiares denunciaron amenazas y hostigamientos policiales anteriores. Por lo menos cinco personas murieron en 2010 en celdas policiales: en todos los casos la policia elaboró un idèntico informe alegando “suicidio”. Tambièn coincidentes son las denuncias de los familiares acerca de la posibilidad de que se trate de asesinatos encubiertos”.

Agregan, que “entre las denuncias por torturas en el periodo 2010 – 2011 se cuentan las de varias personas que fueron detenidas por causas menores y contra las cuales el aparato policial demostró su poder e impunidad golpeándolos e inclusive robándoles pertenencias. Un caso de gran repercusión fue el de las torturas aplicadas contra la agricultora Inés Lorenzetti en su propia chacra, para luego ser irregularmente detenida en la comisaria de Bernardo de Irigoyen.
Los diferentes casos tienen en común la prepotencia policial y la impunidad de la que gozan los represores, ante la indiferencia dela “Justicia”.

En enero de 2001, acusado de robar un celular, el joven Sergio Ramírez (21) fue detenido y brutalmente golpeado por efectivos de la Brigada de Investigaciones. “Sin pruebas, lo encañonaron, casi lo matan y lo llevaron”, contó entonces su hermana. Ramírez salvó su vida de milagro, sin embargo, nunca hubo sanciones para los policías que casi lo asesinan.
En junio de 2010 la Jefatura de Policía inició un sumario administrativo a un oficial que fue “denunciado por supuestos apremios ilegales contra dos menores, acusados de perpetrar un atraco en la vía pública”. A raíz del hecho, los padres de dos chicos de catorce y quince años manifestaron en los medios que “sus hijos fueron salvajemente golpeados por efectivos de la Policía de Misiones, mientras que uno de los chicos relató: “volvíamos de un cumpleaños caminando por la avenida Cabred. Cerca de la estación de Bomberos que está casi Martín Fierro, nosotros dos veníamos por una vereda y otros dos chicos por la otra. Los que iban por la otra vereda le sacaron la cartera a una mujer. Nosotros nos quedamos mirando cuando apareció un hombre en una moto que dijo ser policía y vino directo a nosotros .El motociclista que dijo ser de la brigada, sacó el arma y me apuntó a la cabeza, me esposó y ahí llegó otro que salió de la estación de Bomberos y lo agarró a mi compañero. A mí me tiró al piso y me decía constantemente que no lo mirara, me pegó varias patadas y me golpeó en la cabeza, y después nos siguieron pegando. Uno de los padres agregó que “los policías de la Tercera hicieron desnudar a nuestros hijos y amenazaron con encerrarlos desnudos con procesados, esto es terrible”.
Desde esa comisaría admitieron que los menores fueron trasladados hasta allí, sin embargo negaron maltratos, tanto físicos como psicológicos.
Valmir Pless, de 45 años y domiciliado en el paraje 130 de San Antonio (a 10 kilómetros del pueblo) se presentó en la Fiscalía 2 de Eldorado el 1 de marzo de 2011, donde radicó una denuncia en la que consta que “siendo el sábado 29 de febrero, en horas de la madrugada, cuando salía yo de la discoteca Escorpión, dos agentes uniformados de la comisaría de San Antonio me pidieron que los acompañara a la comisaría, sin brindarme las razones de tal invitación. Aclaro que no estaba bebido y como no tengo problemas con nadie, acompañé a los policías a la dependencia. Allí lo primero que hicieron sin darme explicaciones fue pedirme mi celular y el dinero que llevaba encima, que eran mil pesos, producto de haber vendido tabaco ese día”.
Luego de esto, prosigue al denuncia, “de repente estos efectivos empezaron a golpearme, por la nuca y por todo el cuerpo luego. Enseguida se sumó el comisario de la seccional, de apellido Fernandez, a pegarme también, hasta que perdí el conocimiento”.
El escalofriante relato narrado a la Fiscalía eldoradense agrega que “cuando retomé la conciencia, estaba en un descampado a la vera de un camino, donde me tiraron los policías, que todavía estaban ahí, y escuché claramente que uno de ellos dijo: este brasilero está muerto, mañana vamos a venir a buscar el cadáver”.
Desde que Maurice Closs es gobernador de Misiones y Jorge Franco Ministro de Gobierno responsable político de la Policía, se registraron en la provincia 11 muertes en distintas comisarías, en muy extrañas circunstancias, informadas oficialmente como “suicidios”. En todos los casos, del lado de las víctimas se denunciaron torturas y sospechas de asesinatos. Bajo esta gestión provincial, desde 2008 a esta parte, la policía lleva además cerca de un centenar de denuncias formales por atropellos contra civiles.
El 4 de marzo de 2010, militantes de la Corriente Clasista Combativa fueron violentamente reprimidos por la policía de la provincia. Hubo heridos de gravedad y un total de 14 detenidos, entre los cuales se encontraban 4 mujeres. La orden judicial se originó en una denuncia del Ministro de Gobierno Jorge Franco. Las manifestantes denunciaron haber sido manoseadas por efectivos de la policía. El caso quedó impune.
Hernán Céspedes (18) murió en la comisaría de la UR5 en Puerto Iguazú, en 2012, acusado del asesinato de Taty Piñeyro. Horas antes tuvo un encuentro con su madre, donde le contó que estaba siendo torturado y que los policías lo habían amenazado de muerte. Los propios familiares de Piñeyro, descartan que a Taty la haya matado a Hernán: apuntan al hijo de un diputado provincial oficialista y aseguran que a Hernán lo mataron porque sabía lo que realmente había ocurrido.
Natalia Almada tenía 17 años y vivía con su familia en el barrio 21 de Septiembre, en Apóstoles. El domingo 30 de septiembre de 2012 salió junto a su hermana Ruth hacia la casa de una tía. Tomaron un par de termos de mate y a las nueve de la noche se despidieron: Natalia se dirigió hacia el centro de la ciudad y su hermana regresó a la casa. Cinco horas después, a las tres de la madrugada, un móvil policial paró frente a la casa de los Almada. Bajó un oficial, que fue atendido por Ramón, padrastro de Natalia. “Tengo que darle una mala noticia” le dijo. Natalia apareció muerta en la celda, donde nunca debió ser alojada. Para varias, la policía informó un “suicidio”. “La policía dice que entró a la comisaría primera a las 23 y recién a las 3 nos avisaron a nosotros, cuando tenían que haber dado aviso a la madre o a mí ni bien ella fue interceptada. Es un caso donde la explicación policial no nos cierra por ninguna parte, Natalia no se suicidó, la mataron” relató su hermana.
El 8 de abril de 2013, en San Pedro, la policía junto a Gendaremería Nacional y grupos especiales, encabezaron una feroz represión contra familias campesinas que ocupaban terrenos supuestamente privados. Martín Sereno, periodista que cubiró el episodio y por ello fue procesado por la Justicia Federal, relató que “a las cuatro de la madrugada de ese día, arribó un escuadrón de 300 efectivos policiales, incluido el GOE (grupo de operaciones especiales), con la orden de desalojar a los campesinos que desde hace años vivían y trabajaban en los parajes rurales conocidos como Puente Alto y La Colorada, en la localidad de San Pedro, Misiones. El procedimiento, fue violento y sorpresivo; rompía así lo pactado 30 días antes en una mesa de diálogo llevada a cabo en la sede de la Municipalidad de San Pedro, entre autoridades y delegados de las familias campesinas. Es decir, fue un operativo a traición e ilegal.
Con cordones policiales a 6 y 15 kilómetros de los lotes a desalojar, impidieron todo tipo de ingreso, inclusive a los habitantes de las zonas intermedias. Los uniformados, al servicio de la empresa que se arroga la propiedad de esos lotes, y del gobierno de turno, arremetieron contra personas y objetos, destruyendo, golpeando, abusando de su poder de fuerza pública”.
El 19 de junio de 2013, la policía reprimió y detuvo a militantes de MPR Quebracho, que se manbifestaban frente al Ministerio de Trabajo, en Posadas, en reclamo por la muerte de 5 cortadores de yerba mate que viajaban hacinados en un acoplado. “Después de ingresar al establecimiento y mientras expresábamos en asamblea el repudio a las grandes corporaciones de la yerba y a los funcionarios públicos que deberían hacer cumplir los derechos de los trabajadores, la policía de Misiones ingresó por la fuerza al edificio en un operativo organizado para la provocación de incidentes, golpeándonos con palos y tirando gas pimienta a cuanto compañero estaba allí. Sin importar agredir a niños, ancianos y madres que se manifestaban pacíficamente. Este hecho de violencia institucional dejó como resultado 7 compañeros detenidos en la seccional 1° de la policía provincial ” expresaron desde Quebracho.

Estos son solo algunos de los casos que grafican con elocuencia, la coyuntura antidemocrática y el regimen de fuerte represión que impera en la feudal Misiones, con total anuencia de sus gobernantes de turno, que este último 5 de marzo, volvieron a dar una muestra de sus políticas represivas, castigando y encarcelando a maestros, trabajadores, jubilados y desocupados en lucha.

*Sergio es Periodista. Realiza tareas de prensa para ATE Misiones. Es fundador de la revista Superficie (www.revistasuperficie.com.ar) y colaborador de la revista Sudestada y de la Agencia Para la Libertad. Fue detenido e imputado por la Justicia Federal el pasado 5 de marzo, junto a otras 19 personas, cuando se encontraba cubriendo las instancias de un corte de ruta en Garupá (Misiones), que terminó en represión de la policía provincial y la Gendarmería Nacional. *