El Gobierno estaba al tanto de la gravedad del conflicto laboral que se viene desarrollando desde hace semanas, sin ninguna intervención que garantice los derechos laborales y sindicales, ni tampoco el acceso al servicio público de transporte. Cabe destacar que la empresa D.O.T.A recibe cuantiosos subsidios del estado y – por lo denunciado por los trabajadores- no están garantizando el servicio.
Esta situación hace aún más inadmisible, que el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, llame a los trabajadores que protestan “inadaptados”, “incivilizados”, “violentos” denostando su reclamos y justificando la violencia contra ellos ejercida.
El Estado debe ser garante de derechos, tiene los instrumentos legales para hacerlo. Lamentablemente esta vez la decisión política fue en la dirección contraria: la represión y la violencia, física y discursiva.
La ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos, pues dieron directivas que no respetaron ni siquiera las normativas establecidas por los protocolos del propio Ministerio.
No se trata este de un hecho aislado, como la CPM denunció en su Informe Anual 2015 en los últimos años la represión a la protesta social se está configurando como una práctica reiterada y legitimada por los discursos que los funcionarios construyen sobre los hechos, estigmatizando a los manifestantes como los “peligrosos”, “violentos”, “inadaptados”, “provocadores” .
La memoria de los asesinatos en el Puente Avellanada (de Kosteki y Santillán) y el Puente Gral. Belgrano de Corrientes (de Ojeda y Escobar) no son sólo actos retóricos sino sentidos que marcan las dolorosas e irreparables consecuencias de la denostación de la protesta y uso de la represión.