Precisamente, la APL viene difundiendo informes lapidarios sobre los distintos servicios penitenciarios del país. Por caso, hoy la Argentina ostenta un récord histórico, post dictadura, de seres humanos en el encierro con 70.000 personas detenidas. “El número de presos fue creciendo y con ello aumentaron las muertes en las cárceles, se multiplicaron las torturas en las prisiones. Y si tomamos el período 2009-2014 solamente en cárceles federales, donde hay alrededor de 14.000 detenidos, tenemos 50 muertes por ahorcamiento, 26 por arma blanca, 129 por enfermedades que no fueron atendidas debidamente, y 15 en contexto de incendio. En la cárcel nadie debería morir, el castigo que se impone es la pérdida de libertad ambulatoria, no la pena de muerte”, indicó Castelnovo, basándose en datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

“El sistema de la crueldad”.
Asimismo, en los últimos días la APL dio especial difusión al Informe 2015 de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que el mismo organismo denomina “El sistema de la crueldad”. Uno de los datos más alarmantes que divulgó la CPM es el de las elevadas muertes en el encierro: “durante 2013-2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos otras 18 en comisarías de la Policía provincial. La policía bonaerense informó al menos 111 personas “abatidas en enfrentamientos” entre abril y octubre de 2014. Pero la misma lógica del desprecio por la vida se reproduce en los neuropsiquiátricos: sólo en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero murieron 133 personas entre febrero del 2012 y febrero de 2014. Estas 548 muertes, que además son un subregistro, se produjeron por acción u omisión del Estado; algunas las produjeron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia y protección del Estado”.
De acuerdo a la investigación, los servicios penitenciarios tienen una política de gobernabilidad de los lugares de encierro “a partir de la implementación y el ejercicio de un sistema que se sustenta en la violencia estructural, la tortura y la degradación de los sujetos. Las policías Gobiernan los territorios habitados por los excluidos de la sociedad utilizando las mismas violencias. Los despliegues, como parte del control social punitivo de estos sectores, se ejecutan a través de un sistema penal sostenido en decisiones y estrategias adoptadas desde el mismo Estado. Se construye un discurso y se adoptan medidas que promueven este tipo de gobierno utilizando la tortura y la muerte como herramienta de control”.

A la vez, los cifran relevadas son contundentes: casi 35 mil presos y cautivas en las cárceles bonaerenses revelan una superpoblación del 50 por ciento. Récord histórico absoluto en la etapa constitucional. Aunque si se ponen en foco a determinadas comisarías de La Matanza la superpoblación trepa al 600 por ciento.
Como se sabe, los estándares internacionales establecen que cada detenido debe habitar en un espacio mínimo de siete metros cuadrados, con lo cual en la Provincia de Buenos Aires solo tiene capacidad para 20 mil privados de libertad. Cabe destacar que el 60 por ciento de los presos no tiene condena firme y padece el uso sistemático de la prisión preventiva.

A su vez, el Informe da cuenta que aumentó: “considerablemente el ejercicio de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de tortura y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza. La estrategia de saturación territorial a través de la presencia de efectivos y patrulleros en los barrios pobres de las periferias urbanas ha generado restricciones en la circulación en el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso, generando situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución arbitraria por parte de la policía, lo que ha incrementado los niveles de violencia estatal y cercenamiento de derechos”.

¿Unicós privilegiados?
Por otra parte, la APL denuncia permanentemente la situación de los pibes en el encierro.Por caso, alertó sobre la muerte reciente en el Instituto Manuel Rocca de Lucas Simone de 16 años y, a la vez, la imposiblidad de organismos como la PPN para monitorear estas jaulas cerradas a toda auditoria en la Caba. Al respecto, el consultor de Unicef Emilio García Méndez sostuvo que: “Somos el país más atrasado y más brutal en la materia. Tenemos el record absoluto de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de infancia, cuatro entre 2003 y 2013. Tenemos vigente un régimen penal de la minoridad que lleva la firma del mayor genocida del continente, Jorge Rafael Videla. Somos el único país en la historia de América Latina que hemos producido sentencias de reclusiones perpetua (doce para ser exactos) por delitos cometidos por menores de edad”. Como se sabe, la legislacion nacional e internacional prohíbe las condenas a perpetuidad a los niños menores de 18 años.

Letalidad Policial
Según datos oficiales, entre enero y septiembre 2005, murió un civil cada 15 enfrentamientos (reales o ficticios). Pero a partir de la declaración de la emergencia que decretó Scioli en 2014 la relación pasó a un civil muerto cada 5 enfrentamientos.
Al respecto, el Informe de la CPM sostiene que: “esta violencia cotidiana – naturalizada muchas veces por quienes la padecen y por su entorno- en la gran mayoría de los casos no se traduce en una denuncia ante el sistema de justicia y crea condiciones de posibilidad de hechos aun más graves como torturas o ejecuciones sumarias, más conocidas como “gatillo fácil”.

En este punto, la lucha de la Familiares y Amigos de Luciano Arruga develó, de modo contundente, la represión estatal. Luciano fue detenido y torturado en diversas ocasiones porque la bonaerense quería que robe para ellos. Ante la valiente negativa del joven, fue sancionado con el asesinato por esta fuerza y con el encubrimiento del crimen por diversas instancias estatales.

Candidatos por mano dura
Como puede apreciarse, sin esfuerzos, la gestión Sciolista fue un festival de la violación a los derechos humanos en la Provincia, al igual que sucedió en las cárceles federales con la contribución empeñosa de los jueces de la aristocracia draconiana. Cabe destacar que esta política estatal de devastación de presos, cautivas y de los más pobres se replicó en Neuquén, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y todas las provincias argentinas con la misma lógica: el sistema de la crueldad, estatal, ilegal, clandestino, silenciado, naturalizado y alentado por diversos medios campea de sur a norte en todo el país.
Y los candidatos con posibilidades de acceder a la presidencia prometen más escarnio todavía. De ese modo, Scioli, Macri y el entusiasta del encierro Sergio Massa se disputan a ver quién ejercerá la mano más dura.
Como se sabe, la prisión no soluciona ningún problema de la llamada “seguridad” sino que los agrava. Las jaulas para humanos solo benefician a quienes la regentean y a las clases hegemónicas. Para eso nacieron y permanecen. Y por ello se abolirán en un tiempo de verdadera justicia.

Si los candidatos pensarán realmente en la seguridad de los habitantes del pueblo, tendrían otro modo de ver y filosofar sobre la distribucion de los bienes materiales y culturales, por mencionar solo un elemento central.
Asimismo, cabe destacar que Castelnovo es coautor con 18 chicas que estaban presas en Ezeiza del libro “Intensidades de mujer”, y fue el coordinador del volumen “Cárceles de Mala Muerte” en el que escribiron privados de libertad de diversas prisiones del país. También lo hicieron la socióloga Alcira Daroqui, Roberto Cipriano García de la CPM, Francisco Mugnolo y Ariel Cejas Meliare de la PPN, el sociólogo recibido en el Centro Universitario Devoto Rodolfo “Cacho” Rodríguez, Hilda Presman de Corrientes y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre muchos otros. Asimismo, en 2011, el Servicio Penitenciario de Santa Fe prohibió la entrada a sus cárceles a Castelnovo y a la luchadora Alicia Bernal, coordinadora de la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario, con carteles que alertaban a los guardias en las puertas de ingreso.

A la vez, en la vieja U- 3 de Ezeiza, hoy Complejo Nº4, asesinaron a nueves chicas allí detenidas entre 2009 y 2012. Cada una de esas muertes jóvenes fue denunciada por Castelnovo, entre otros militantes y diversos medios como la Agencia Rodolfo Walsh. El caso más conocido fue el de Florencia “La China” Cuellar, de 23 años, por la lucha que sus familiares y amigos vienen desplegando. Todas las chicas estaban bajo la custodia del SPF y de sus jueces de Ejecución. Hasta el día de hoy ni uno solo de esos crímenes fue esclarecido ni sus autores castigados.

Prohibir la entrada a las cárceles a militantes populares no evitará la denuncia de las aberraciones. El SPF ya lo hizo una y otra vez con este periodista que concurre las prisiones desde hace tres décadas, también le obstaculizó los Talleres que daba ad honorem y hasta le armó una causa judicial de la que salió absuelto. Ahora, los grises vuelven a la carga. Y, de ese modo, la fuerza gris vulneró los derechos de las mujeres y chicos detenidos, los de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y los de los medios alternativos, entre muchos otros. “Si tanto les molesta lo que publica nuestra Agencia, la solución es bien simple: Si ellos no matan ni torturan, nosotros no lo escribimos”, sostuvo Castelnovo.

Contacto Oscar Castelnovo: 153-618-7620