(Por Colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata) A través de la ley 26.811 el gobierno kirchnerista instaló en 2012 al 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”. La fecha rememora los hechos de la “Masacre de Ingeniero Budge” pero la ley ni siquiera menciona esos detalles. El 8 de mayo de 1987 el suboficial Ramón Balmaceda, acompañado de los cabos Juan Miño e Isidoro Romero, fusilaba en una esquina de Lomas de Zamora a Agustín Olivera (26 años), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) dando inicio a la metodología del gatillo fácil. Un mes más tarde el subinspector Héctor Daniel Muzzio descargó 11 tiros sobre Ramón Ortiz, de 19 años, Raúl Orlando Giménez, de 18, y Alberto García, de 16, tras secuestrarlos en su Ford Fairlane azul. Las masacres de Ingeniero Budge y de Dock Sud fueron también las primeras experiencias de organización barrial para exigir justicia en este tipo de casos. Fue el comienzo de una lucha que hoy continuamos. Firmada por el vicepresidente Amado Boudou como jefe del Senado y por Julián Domínguez, como titular de Diputados, personajes a los que se les desconoce tarea o motivación antirrepresiva, la ley de “Violencia Institucional” mandó tibiamente a “promover la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos”. Y poco más, calendario escolar alusivo, señalización y leyenda alusiva en los “parajes donde se hubieren perpetrado hechos de violencia institucional”.
El kirchnerismo, que acumula el 51 % de todos los casos de asesinatos por el aparato represivo en gatillo fácil, en cárceles y comisarías desde 1983 a hoy, podría haber elegido otras fechas para referenciar la represión de Estado: los días de las desapariciones de Iván Torres en Comodoro Rivadavia, de Luciano Arruga en La Matanza, de Jorge Julio López en La Plata. Pero referenciar casos donde el propio gobierno es responsable es un suicidio político.
Desde hace un tiempo se ha popularizado en la militancia, en los medios y la sociedad toda el término “Violencia Institucional” para referirse a hechos represivos producidos por las fuerzas de inseguridad estatales. Desde el Colectivo contra el Gatillo Fácil partimos de entender que diferentes instituciones (estatales o no) atraviesan nuestras vidas y nos imponen formas de sentir, pensar, hacer, decir y, en definitiva, de vivir. Esta imposición se da muchas veces de manera violenta y otras de forma más sutil, consensuada y casi imperceptible. Afirmamos que esta violencia no es legítima ya que su finalidad es la de sostener un orden social injusto. Pareciera ser que algunas organizaciones e instituciones deciden llamar a ello “Violencia Institucional”. Pero allí hay un problema. El concepto mismo de “Violencia Institucional” esconde más de lo que explica: omite (consciente o inconscientemente) el cuestionamiento central al Estado como una forma de organización política y social que reproduce diferentes sistemas de dominación como son el capitalismo y el patriarcado, fuentes de desigualdad y exclusión.
Así la amplitud que se le da al concepto presenta algunas dificultades no inocentes: iguala prácticas que son esencialmente diferentes. Las violencias y exclusiones en el ámbito de la salud y la educación y en algunos aspectos del servicio de justicia, son cualitativamente distintas a prácticas como el gatillo fácil, la desaparición forzada de personas, el secuestro de pibas para su ingreso a las redes de trata o la lisa y llana represión policial en una marcha.
Pero en lo estrictamente político pareciera que el concepto “Violencia Institucional” admite la legitimidad de algunas violencias estatales, buscando combatir los supuestos “excesos” de ciertas instituciones como la policía o el servicio penitenciario. Y allí está el meollo de la cuestión. Las fuerzas represivas, las que ejercerían el monopolio legal del uso de la fuerza tan defendido por quienes creen en la absolutización del Estado de Derecho, no cometen actos inadecuados de violencia sino que son constitutivamente violentas. La violencia es la norma y no algo a corregir, y las leyes existentes tienden a legitimar la represión legal e ilegal, por lo que identificar esas prácticas como una distorsión puede llevarnos a incurrir en un error de lo que estamos analizando y contra qué estamos luchando.
Además es muy sugerente ver a muchos sectores políticos que se dicen populares, pero que cuando son gobierno hablan de los hechos represivos que ocurren como “Violencia Institucional”, para denunciar con todas las letras la represión sólo cuando son oposición al gobierno de turno.
Nosotrxs preferimos hacerlo más sencillo. Entendemos que el concepto de Represión Estatal da cuenta más precisamente de la naturaleza de las prácticas con que las fuerzas del Estado ejercen violencia física y simbólica sobre nosotrxs. Entendemos que la represión no debe esconderse como “Violencia Institucional”. Y creemos que ese concepto debe quedar reducido a designar todas las otras violencias que ejerce el Estado, que involucran a sus agentes de poder y que quedan fuera de lo estrictamente represivo. Basta acercarse a un hospital, una sala sanitaria, una escuela, una fiscalía o un juzgado para entender de qué desprecio, coerción y destrato estamos hablando, que son múltiples violencias de diferentes magnitudes, pero que siempre tienen como trasfondo la desigualdad social y el ejercicio de poder de un sector sobre otro.
LA MEMORIA ES DEL PUEBLO Y NO DE LOS GOBIERNOS.
LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN ESTATAL ES TODOS LOS DÍAS.
LA PRÓXIMA VEZ QUE DIGAS “VIOLENCIA INSTITUCIONAL” PARA HABLAR DE REPRESIÓN DE ESTADO PENSÁ EN ESTAS LÍNEAS.