Nos organizamos para caminar por la libredeterminación de nuestros pueblos. El Estado argentino ya no puede ofrecer reparación alguna, en estos más de 200 años de invasión su conducta ha sido irreparable.
Ha generado la desaparición de ecosistemas y de innumerables naciones originarias, recientemente la desaparición y muerte de miles de personas que por construir una sociedad más justa fueron víctimas de la intolerancia y la crueldad.
La libredeterminación de los pueblos nos propone la posibilidad de construir una nueva matriz civilizatoria, emplazada en los valores del buen vivir como derecho, esto es reconstruir el respeto y la reciprocidad entre los pueblos y para con el resto de la naturaleza, en suma una revolución verdadera.
Es por ello que fue necesario en estos días hacer un diagnóstico de cómo estamos como mujeres indígenas, y hemos hallado lo siguiente:
Dos realidades que diezman nuestra vida y la de los territorios, los femicidios y los feminicidios; el primero, generado por la colonialidad machista que atraviesan nuestros pueblos teniendo como protagonistas muchos de nuestros hombres que se alzan como líderes indígenas; el segundo, se trata de los asesinatos cometidos por las empresas transnacionales saqueadoras y contaminantes que están arremetiendo contra la vida de la tierra y nuestros cuerpos: violándonos, mutilándonos y asesinándonos. Es por ello que nos comprometemos a unir nuestra fuerza y voz para echar de nuestros territorios a estas empresas asesinas. Consientes que no tardará el gobierno criminal en juzgarnos, defendiendo los intereses de los empresarios intentará encarcelarnos o quizá, tildarnos de terroristas.
Declaramos al Modelo Extractivista y a las Políticas Energéticas como crimen de Lesa Naturaleza y denunciamos que estas empresas trasnacionales y de megaproyectos como: la megaminería, el fracking, el avance de las petroleras e hidroeléctricas, el uso de agrotóxicos para monocultivo, .entre otras contaminan, destruyen y saquean nuestros territorios; además de tener vinculación a la red de trata que trafica nuestras niñes y hermanas.

Mientras caminamos el buen vivir como derecho y hacia la libredeterminación de nuestros pueblos necesitamos generar un escenario con garantías legales que nos permitan resguardarnos de la voracidad del capitalismo en todas sus expresiones.
Es por ello que reclamamos la aplicación efectiva de la legislación de derecho indígena nacional e internacional y una justicia acorde a las perspectivas de los pueblos originarios en las problemáticas que nos atraviesan.

Repudiamos la Ley Antiterrorista y exigimos su derogación inmediata. No somos terroristas, somos defensoras de la vida en los territorios.
Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a todas las autoridades espirituales que son perseguidas y encarceladas bajo causas judiciales armadas y de dudosa consistencia, negando el derecho de los Pueblos Indígenas al libre ejercicio de las prácticas espirituales y culturales.

No queremos que los territorios indígenas pasen a ser parte de Parques Nacionales porque tememos que sean posteriormente concesionados a empresas que generan la muerte y privatizan el acceso a esas áreas. Nos pronunciamos a favor de la Propiedad Comunitaria de los Territorios. Alertamos al país de las perversas negociaciones que está llevando adelante el gobierno nacional con el Estado de Israel, para involucrar a soldados israelitas en el supuesto cuidado de las zonas perimetrales de los Parques que se encuentran en zona de frontera, modelo implementado en Chile.
Exigimos el respeto a nuestra autonomía económica, recuperando las actividades productivas en equilibrio con la naturaleza para el desarrollo de nuestras comunidades. La producción y comercialización de nuestros productos como también nuestra medicina tradicional transfronteriza.

Estas economías se ven severamente afectadas por normativas vigentes que cercenan nuestra libertad, ejemplo de ellos son: los programas implementados por el INTA que le adjudica al estado el monopolio de la cría de llamas y vicuñas, prohibiéndole a las comunidades del norte del país la venta del producto que extraen de esos animales. Otra de las actividades económicas visiblemente dañadas es ganadería de caprinos y ovinos en la pequeña producción en las comunidades, ya que las normas de sanidad exigidas por el SENASA exceden las posibilidades del cumplimiento de nuestras comunidades porque requiere una infraestructura tanto para la faena, como para el traslado de la carne, que resulta imposible desde nuestro empobrecimiento resolver.

En suma, el Estado exige una obligación sin formularse un programa que permita el acceso desde las comunidades a cumplirlo, ya que esto implicaría otorgarle el derecho a tener mataderos y frigoríficos comunitarios y camiones refrigeradores para el traslado en la venta de animales de corral, secuestrando la carne faenada, poniendo una serie de exigencias que el estado no contribuye de igual medida en generar las posibilidades de los productores para acceder en el cumplimiento.
Es el caso también de las fibras vegetales y animales para artesanías, la pesca artesanal, el libre intercambio de semillas y su no privatización, entre otras microeconomías que posibilitan de prescindir de los trabajos de explotación.
Denunciamos el asistencialismo político y religioso que valiéndose de nuestra situación de empobrecimiento nos cooptan desvalorizando la autogestión de nuestros recursos.

Hacemos un llamado a todas las mujeres a unirse a la Campaña por un Encuentro Plurinacional de Mujeres donde garanticemos las condiciones para la participación de las hermanas, que se considere traductores para las distintas lenguas, que contemple la espiritualidad.

Somos mujeres indígenas que despertamos, estamos hartas y decimos basta de genocidio sistemático, basta de criminalizar la recuperación de territorio ancestral, basta de violencia institucional, basta de racismo y xenofobia.