Se(Asamblea isleña) En el predio del Ex SOEVA, a orillas del río Luján, NORDELTA con la complicidad del poder político actual y pasado del Municipio de Tigre, pretende avanzar con la construcción de torres de gran altura sobre espacio público vendido de manera fraudulenta. En una continuidad de políticas públicas de cercamiento de los territorios, este proyecto inmobiliario afectaría gravemente los derechos humanos y el ambiente. (Contacto de prensa: Maru: 11-3065-4554)
El área de más de 24 mil metros cuadrados que habría sido entregada a los emprendedores inmobiliarios, según fue notificado por Mario Zamora a las familias del barrio Guazú Nambí, incluye un bosque nativo, el arroyo Guazú Nambí, calles y un puente públicos que son el único acceso de circulación en la zona, y que habrían sido vendidos por decreto en 2010 por el entonces intendente Sergio Massa a Sielecki y los hermanos Súcari, cuando este procedimiento solo está habilitado al Concejo Deliberante en cumplimiento con la ley de suelos.
AFECTACIONES A LA COMUNIDAD:
A las familias del Barrio Guazú Nambí se les quitaría el actual acceso al barrio por la privatización de las Calles Dellepiane y Sucre. Perderían un entorno natural que incluye bosque nativo y el arroyo Guazú Nambí, quedando expuestas a constantes inundaciones por la masiva elevación de los terrenos que efectúan los barrios privados sobre las tierras bajas del humedal, teniendo en cuenta que ya linda con el Barrio Privado Santamaría, que obstruyó la desembocadura del arroyo.
Las familias isleñas serían privadas del acceso al Arroyo Guazú Nambí, que utilizan como amarre y desembarque en el continente, donde se proveen de agua potable y provisiones, las infancias van a la escuela y muchxsadultxs acceden al trabajo, la salud, etc.
Además, al cerrar el paso de la calle Dellepiane, lxs habitantes de Tigre perderían uno de los pocos accesos a la Costa pública del Río Luján que quedan en el municipio, ya que la mayor parte está privatizada o impedida su circulación.
RESISTENCIA Y LOGROS:
Las comunidades del continente e islas se reúnen periódicamente para pensar la forma de frenar el proyecto.
Entre las medidas tomadas, han realizado un hermoso festival y varias movilizaciones con volanteadas en la Ruta 27 y frente al Concejo Deliberante y el Palacio Municipal de Tigre.
Entre los primeros logros se encuentra una medida Cautelar de No Innovar dictada recientemente por la Jueza Federal Arroyo Salgado, incluyendo allanamiento a la Municipalidad de Tigre, el cual se habría efectivizado días atrás. Salgado luego se declaró incompetente por la materia y lo derivó a la Juez Orlando Díaz y el fiscal Fitipaldi de Rincón de Milberg.
También se ha presentado Denuncia ante el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia por contener el predio un Bosque Nativo, en el que se registra tala de árboles y uso de retroexcavadoras que ya han ocasionado la muerte de carpinchos y fauna nativa.
Se han presentado denuncias ante el Municipio de Tigre y un pedido de informes que, contestado con bastante demora, constató que es la localidad privada de Nordelta la que con fecha 24 del 10 presentó la Ampliación del barrio Puerto Escondido, sin haber presentado aún ningún tipo de proyecto ni evaluación de impacto ambiental, ni que conste aprobación legal de parte del Municipio.
Sin embargo, la venta fraudulenta por decreto durante el gobierno de Sergio Massa, la presentación del plan a los vecinos a través de Mario Zamora suponiéndolo un hecho consumado, y las medidas de dilatación del acceso a la información por parte del actual gobierno de Tigre, y que derivaron finalmente en la medida de allanamiento dispuesta por la jueza Arroyo Salgado, suponen suficiente demostración de la continuidad de políticas de connivencia entre los funcionarios públicos del Municipio y la jurisdicción privada Nordelta para apropiarse de las tierras públicas.