Los hechos
En 1976 y 1977, la intervención militar en cabeza del Capitán Sacco y coordinada con la empresa Las Marías propiedad de los hermanos Navajas Artaza, (testimonio del policía arrepentido), persiguió, secuestro y desapareció a trabajadores relacionados con esa empresa y organizados en los sindicatos de STIA (sindicato de industria y alimentación) y de FATRE, (sindicato de trabajadores rurales), que formaban parte de la comisión directiva y de delegados de ambas organizaciones gremiales.
Con la sanción de la ley de reparación a las víctimas de estos delitos, de lesa humanidad, y ante la solicitud de ajustarse al beneficio del ex-secretario general de STIA, Marcelo Acuña quien fue uno de los detenidos, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, solicita la investigación de delitos de Lesa Humanidad en la localidad de gobernador Virasoro, hecho que dio inicio al expediente en trámite con fecha de inicio de juicio para el día 4 de noviembre de este año.
Recordemos que 14 jueces se excusaron para no intervenir en la investigación, argumentando que tenían relación, eran familiares o simplemente conocían a los Navajas Artaza, dejando de este modo claro, a mi criterio, el poder cuasi mafioso que tienen los empresarios sobre las instituciones de la justicia en la provincia de Corrientes.
El juez numero 15, al asumir su función, su primer actuación o decisión, fue sobreseer por falta de merito a Adolfo Navajas Artaza.
Durante todo este tiempo hubo y hay una gran lucha de las víctimas, de sus familiares y amigos, para lograr juicio y castigo a todos los responsable de estos delitos.
Hoy luego de una investigación paupérrima, y con empuje casi exclusivo de las organizaciones de DDHH, las víctimas y familiares, llegamos al juicio oral, fijado su inicio para el día 4 de noviembre del corriente año, solamente con tres imputado vivos, el Capitán Sacco Juan Carlos, Reston Llamil y el ex-militar Torre Queirel, dueño de la estancia María Leida, lugar donde asesinaron y desaparecieron al trabajador rural, Marcelo Peralta,
Dicen que la justicia cuando llega tarde no es justicia, a pesar de ello consideramos que es mejor esto que nada.
El pasado 21 de octubre nos anoticiamos que el Tribunal Oral Federal de Corrientes, otorga la separación y suspensión del proceso a los imputados Juan C. Sacco y Llamil Reston, hecho que repudiamos y rechazamos.
La decisión del tribunal no solo garantiza la impunidad de los delitos cometidos, sino que vuelve a vulnerar los derechos de las víctimas, además de darle garantía plena a Adolfo Navajas Artaza de que no será investigado por estos delitos.
Si el tribunal enjuiciara a Sacco y Reston, y al escuchar los testimonios previstos, ESTARÍA OBLIGADO INICIAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA LAS MARÍAS EN ESOS DELITOS, es para evitar esto que el tribunal separa a Sacco y a Reston y solo deja a Torres Queirel.
Las víctimas y los familiares haremos uso de todas las herramientas que nos da la democracia para evitar que Casación otorgue este beneficio a los imputados y que estos genocidas sean al fin enjuiciados y juzgados y que se enjuicie a los integrantes del tribunal.
Solicitamos se revise el accionar de los jueces, Lucrecia de Badaro Rojas, Fermín Amado Ceroleni y Víctor Alonso González.
Noemí Acuña – testigo en la causa, hija de Marcelo Acuña
Tel de Contacto celular (011)1530325456
Ramón Aguirre- víctima- ex secretario general Fatre