COMUNICADO: TRAS DENUNCIA DE LA CPM SE INTERVINO LA COMISARÍA 3° DE LA TABLADA –

Violaciones reiteradas a mujeres detenidas por policías bonaerenses

La Comisión por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense, realizó una inspección sorpresiva, dónde se relevaron estos hechos aberrantes. Las mujeres  alojadas en la Comisaría tercera de La Tablada -La Matanza-, padecieron aislamiento extremo, abusos sexuales y prácticas de tortura de manera reiterada.  El organismo interpuso un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de garantías 2 de La Matanza que ordenó la inmediata clausura de los calabozos, después de constatar las condiciones del lugar y los episodios padecidos por las detenidas. Además se realizó la denuncia penal ante la ayudantía de delitos de gravedad institucional de La Matanza y ante la Auditoria General de Asuntos Internos. (…)A los dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres, en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas, se suman el aislamiento extremo y la imposibilidad de comunicarse con el mundo exterior que les provocaba desubicación temporal, cuadros depresivos y de angustia. Las golpizas eran recurrentes así como las amenazas y  humillaciones por cuestiones de género. (…)En el lugar no tenían agua fría ni siquiera para consumir o hidratarse frente a las fuertes temperaturas de las celdas. Tampoco contaban con acceso a la ducha y cuando podían higienizarse debían hacerlo frente a personal masculino, que estaba siempre presente. 

La situación fue comunicada a la CPM por el Defensor de Casación de la Provincia, Mario Coriolano, quien solicitó la intervención del organismo en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. A partir de esto se realizó una inspección sorpresiva al lugar, se entrevistó a las personas detenidas y se constataron todas estas denuncias, tomando nuevos testimonios que permitieron ampliar los hechos sucedidos. Posteriormente se puso en marcha una intervención articulada entre ambos organismos, que forman parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

Las mujeres detenidas en la comisaría de La Tablada denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes policiales. A los dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres, en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas, se suman el aislamiento extremo y la imposibilidad de comunicarse con el mundo exterior que les provocaba desubicación temporal, cuadros depresivos y de angustia. Las golpizas eran recurrentes así como las amenazas y  humillaciones por cuestiones de género.

Las requisas vejatorias, que constituyen abuso sexual, fueron provocadas por agentes policiales mujeres y varones  del grupo especial GAD o «paleros» que en gran número  presenciaban los actos aberrantes golpeando, amenazando, insultando y burlándose mediante frases estigmatizantes, racistas y prejuiciosas.

Según el relato de las víctimas, los agravamientos se agudizaron desde la asunción del subcomisario Leonel Gómez, hasta llegar a los abusos sexuales perpetrados el 19 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020. Durante el primer hecho se alojaban 14 detenidas en el lugar, durante el segundo 15, y 4 de ellas estuvieron presentes en ambos.

Luego de padecer los episodios de abusos y torturas descriptas, las detenidas fueron disciplinadas, castigadas y amenazadas. Los oficiales policiales desplegaron un dispositivo para garantizar su impunidad y silenciar a las víctimas, para así evitar que narren las violencias padecidas.

Se les prohibió todo tipo de acceso a medios de comunicación: televisión, radio e incluso relojes, por lo que estaban desorientadas y trataban de calcular el momento del día según la luz del sol. Si preguntaban la hora a los policías recibían burlas como respuesta. Solamente se podían comunicar con sus familiares y amigos a través de cartas que eran leídas por los agentes. Además, los funcionarios policiales no tenían identificación y se llamaban entre ellos por seudónimos o sobrenombres para que se vuelva más difícil reconocerlos.

La violencia sexual tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras para cualquier persona que la padezca y se ve agravada en este caso por tratarse de mujeres detenidas, bajo custodia del estado, cuyos agresores son funcionarios públicos que ejercen violencia sexual bajo la modalidad de violencia estatal y que utilizan el aparato gubernamental para cometer estas graves violaciones a los derechos humanos que configuran tortura. Perpetradores que hasta la denuncia siguieron siendo sus vigiladores en este contexto carcelario, y que paradójicamente cometieron delitos mucho más graves y con mayor pena que los cometidos por las mujeres detenidas.

Además las detenidas pasaban hambre: recibían una mínima ración de comida al día y no se les permitía tener conservadoras ni calentadores para la comida que le acercaban sus familiares, cuando les llegaba. En el lugar no tenían agua fría ni siquiera para consumir o hidratarse frente a las fuertes temperaturas de las celdas. Tampoco contaban con acceso a la ducha y cuando podían higienizarse debían hacerlo frente a personal masculino, que estaba siempre presente.  Permanecían alojadas en la oscuridad y al ser aisladas durante varios días, debían orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon. No tenían asistencia médica ni traslados al hospital aunque lo requirieran, y al menos ocho mujeres padecían patologías sin atención, algunas de ellas graves.

Dado el gravísimo cuadro, la CPM  interpuso un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de garantías 2 de La Matanza, que rápidamente dispuso la clausura de los calabozos después de constatar las condiciones del lugar y los episodios padecidos por las detenidas. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad desde la Auditoria de Asuntos Internos intervino la dependencia y desplazó a los funcionarios a cargo.

Ayer,  la CPM a través de su presidenta Dora Barrancos, el vicepresidente Víctor De Gennaro, el Secretario Roberto Cipriano García y la Directora General Sandra Raggio, se reunieron con el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, a quien llevaron su preocupación por lo ocurrido y solicitar medidas urgentes para que no se repitan, así como también revertir la sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías provinciales.

En esa reunión, el Ministro confirmó la intervención de la comisaría y la decisión de desafectar al personal denunciado. Ante el requerimiento de la CPM, el Ministro  acordó con la necesidad de crear un protocolo de intervención policial sobre las mujeres detenidas, con perspectiva de género y derechos humanos para lo cual solicitó colaboración.

La CPM reconoce y valora positivamente estas decisiones, en tanto resulta indispensable que las victimas de estas violencias accedan a medidas de protección integral por las graves violencias padecidas y que se evite su repetición.

Por esto también se realizó una presentación al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia solicitando su intervención para garantizarlas. Asimismo se notificó de los hechos y lo actuado al Comité Nacional de Prevención de la Tortura.

La Comisaria tercera de La Tablada está incluida en las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las graves condiciones de encierro relevadas que ponían en riesgo la vida y la integridad de las personas allí alojadas. El Estado nunca cumplió con lo dispuesto por el organismo internacional de derechos humanos.

Ahora la justicia debe avanzar investigando y condenando penalmente tanto a los responsables de la dependencia policial como a todos aquellos agentes que cometieron estos delitos. Estos actos deben ser investigados con la debida celeridad,  diligencia y perspectiva de género que la situación amerita.

La CPM patrocinará a las víctimas como particular damnificado para garantizar su pleno acceso a la justicia.

La doctrina y jurisprudencia internacional afirman que la violencia contra las mujeres debe ser considerada una grave violación a los derechos humanos porque vulnera la dignidad, la integridad y la seguridad de las mujeres. Y el estado es el responsable de implementar políticas públicas que prevengan y sancionen estos hechos y reparen a las víctimas.

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