A pesar de la prohibición de mantener por más de 48 horas personas encerradas en comisarías, Juan Carlos Fernández había superado con creces ese tiempo: llevaba un año y cinco meses —los últimos tres en Echeverría — detenido en comisarías, a la espera de un cupo en una unidad penitenciaria.

La sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías es, como viene señalando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el resultado directo de una política de seguridad criminal que persigue y encierra a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y no se orienta a la persecución del delito complejo y las grandes redes delictivas.

Más grave aún, estas personas permanecen detenidas en comisarías inhabilitadas por orden judicial para alojar personas y el 80% de las dependencias policiales no cuentan con elementos para prevenir incendios. Todo esto es lo que permitió que sucediera la masacre de la comisaría de Esteban Echeverría del mismo modo que en marzo de 2017 ocurrió en la comisaría 1º de Pergamino, donde también murieron siete jóvenes.

Las primeras pruebas en la causa indican que los policías que estaban funciones el jueves desoyeron los gritos de auxilio y cerraron la llave de paso de agua para impedir las tareas de rescate. Es inconcebible que estando la central de bomberos al lado de la dependencia policial no pudo extinguirse el incendio de manera inmediata antes de que se expandiera.

Ya pasaron cuatro días de la masacre, son 7 los muertos, es una de las peores masacres en comisarías de la provincia de Buenos Aires y, sin embargo, el Estado provincial se desligó de los hechos y responsabilizó a los jueces. Estuvo ausente en la asistencia a familiares de las víctimas y sobrevivientes.

Tampoco tomó ninguna medida para apartar de sus funciones de manera preventiva a los agentes policiales que estaban a cargo de las víctimas. Además, siguen prestando servicio en la misma dependencia, incluyendo al comisario que llama por teléfono a los familiares citándolos a la comisaría en un claro gesto intimidatorio.

Esta actitud del Estado provincial demuestra una vez más su responsabilidad política por el hecho: todas las denuncias de la CPM —reconocidas por tribunales internacionales y la Corte bonaerense— señalaban que otra masacre era posible.

Lo ocurrido en la comisaría 3° de Esteban Echeverría podría haberse evitado, pero ni el Estado provincial ni la Corte hicieron nada para impedirlo. Si ambos persisten en esta línea el pronóstico es más alarmante aún: lo que ya se repitió sucederá otra vez inevitablemente.

Con la demora de una intervención efectiva, que al menos aparte de sus funciones preventivamente a los policías que prestaban funciones en la Comisaria 3º, el Estado genera las condiciones para que esta masacre quede impune.