Hace dos días, ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, expusieron, a través de una videoconferencia, su posición frente a los hechos represivos ocurridos durante la pandemia, y en particular sobre la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Más allá de las invocaciones de los funcionarios y diputados de la alianza gobernante en términos de su voluntad de “prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas de seguridad y servicio penitenciario en todo el territorio nacional” y de “otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas”, lo que en sí mismo marca una actitud diferente con la gestión del gobierno anterior, lo cierto es que los datos reconocidos guardan una enorme distancia con los que CORREPI ha podido registrar en el mismo período. El secretario Pietragalla informó de 531 denuncias recibidas por hechos represivos durante el ASPO, contra 71 recibidas entre el  10 de diciembre y al 20 de marzo, y la ministra Frederic dijo que recibieron en ese mismo tiempo 39 denuncias por “uso abusivo de la fuerza” por parte de los efectivos bajo su dependencia, con 96 efectivos involucrados, de los cuales 6 fueron pasados a disponibilidad, con 10 acciones disciplinarias en curso. Más de la mitad de las denuncias (22) fueron contra GNA, 9 contra PFA, 7 contra PNA y una contra PSA. Frente a esos datos oficiales, contraponemos los que surgen de nuestro Archivo, que venimos tratando de actualizar permanentemente, a pesar de las obvias dificultades que nos impone la emergencia sanitaria, tanto para chequear los casos de los que nos enteramos como para que las familias puedan contactarse. ((Ver todos los datos de los casos en el siguiente link: http://www.correpi.org/2020/los-datos-de-la-represion-en-pandemia-al-9-8-2020/ )

El casi centenar de reportes y notas publicadas desde el 20 de marzo pasado con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país, mediante golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios, muestran claramente cuál ha sido, hasta donde sabemos, el resultado concreto de la decisión de poner en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento.

El saldo más duro, sin dudas, es el de las muertes que esa política de estado generó, de la que damos cuenta en las tablas y gráficos que acompañan esta nota.

El gatillo fácil no disminuyó, a pesar del brusco descenso de circulación de personas en la vía pública. Desde el 10 de diciembre registramos 57 casos, pero 33 de ellos ocurrieron a partir de la vigencia del ASPO. El incremento exponencial de las detenciones arbitrarias se tradujo en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías y también se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales, que llegó a un total de 40 en pandemia, notable incremento si consideramos que en total desde el 10 de diciembre pasado son 67 los casos registrados.  Como siempre, las muertes bajo custodia, en cárceles y comisarías, y los fusilamientos de gatillo fácil, que tiene como principales víctimas a jóvenes de la clase trabajadora, representan casi el 90% del total de casos registrados. Pero cabe aclarar que en nuestro Archivo consignamos todos los casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, bajo la modalidad que sea, lo que incluye los femicidios y femicidios relacionados de uniforme, en los que obviamente hay un vínculo personal previo, así como los asesinatos intrafamiliares (muchos de mujeres policías que ultiman a sus parejas o hijos) e intrafuerza. Es que, como enseñaba Rodolfo Walsh hace unas seis décadas, su vocación de violencia no se agota en los episodios represivos, y “…sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria“, sin dejar de ser resultado de su condición de integrante de una fuerza de seguridad. Huelga aclarar que en esos casos no nos acercamos a las familias afectadas, pertenecientes o vinculadas a las fuerzas, pero no podemos dejar de consignar que también se matan entre ellos, como sucede también en muchos casos de muertes como resultado de alguna de las tantas actividades criminales de uniforme.

Como se aprecia en los datos acompañados, en esta pandemia se destacan tres desapariciones forzadas (Luis Armando Espinoza, Francisco Valentín Cruz y Facundo Astudillo Castro). Los cuerpos de los dos primeros, asesinados tras la detención policial arbitraria, ya fueron encontrados, mientras que seguimos exigiendo la aparición con vida de Facundo.

Va de suyo quién gana y quién pierde, si frente a 31 muertes de personas desarmadas causadas por miembros de fuerzas federales, el ministerio de Seguridad del que dependen nos informa que hay apenas 10 acciones disciplinarias iniciadas y 6 resoluciones de disponibilidad.

Párrafo aparte merece la provincia de Buenos Aires, cuyo ministro de Seguridad, Sergio Berni, debe dar cuenta de 38 muertes desde el 20 de marzo a manos de la policía bonaerense (24 gatillo fácil, tres muertes en comisarías, un femicidio, dos femicidios relacionados, un asesinato intrafuerza, dos consecuencia de otros delitos policiales, dos desapariciones forzadas, y tres con el uso del patrullero como arma), y de siete muertes por responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Lo mismo sucede con la ciudad de Buenos Aires, cuya “nueva” Policía de la Ciudad sigue batiendo records, con 14 fusilamientos de gatillo fácil desde el 10 diciembre de 2019, la mitad de ellos durante el ASPO.

Estos números -que son personas, que son proyectos de vida truncos y familias devastadas- obligan a redoblar el reclamo del cumplimiento de la agenda antirrepresiva mínima que venimos exigiendo desde CORREPI, que cualquier gobierno con algo de voluntad política podría implementar para reducir un poco la sistemática letalidad de las fuerzas de seguridad, sin perjuicio de que la solución de fondo dependa de una profunda transformación del sistema social imperante.

Por eso, desde CORREPI decimos:

Basta de gatillo fácil.

Basta de represión y muerte en las cárceles y comisarías.

Juicio y castigo a los autores materiales y repsonsables políticos.

Cumplimiento de la agenda antirrepresiva, ya.