((Oscar Castelnovo/APL) Por eso le disparó por la espalda el policía de Avellaneda, Luis Chocobar, al joven Pablo Kukoc cuando no representaba ningún peligro para nadie, en el barrio de La Boca, el 8 de diciembre de 2017. Después, Mauricio Macri lo recibió y lo condecoró en la Rosada. Luego, Patricia Bullrich y los medios parapoliciales convirtieron el crimen en “Doctrina Chocobar”, porque dizque “hay que defender a los que nos defienden”. Días atrás, el Tribunal Oral de Menores N° 2 de Capital Federal lo premió con dos años de prisión en suspenso. Lejos de ser una política de Estado solamente del macrismo, el gatillo fácil fue patrimonio de todos y cada uno de los gobiernos del período post-dictatorial. Por caso, el kirchnerismo tuvo el 52% de los casos de pibxs fusilados en las calles o que sucumbieron bajo la tortura en los sitios de encierro, hasta 2015. Esos crímenes forman parte del genocidio encubierto, tan necesario para gerenciar mediante el terror el despojo a los más vulnerados. Y aunque los jueces hubiesen condenado a Chocobar, su prisión hubiera sido morigerada o finalizada a la hora conveniente. Y, lo más importante, la matanza de pibxs sigue cada día. El genocidio iniciado en 1492 no se detuvo jamás. Tiene épocas de de mayor o menor voltaje según necesidad de lxs gerentes en la dinámica de la lucha de clases de la Argentina.