(Por Fernanda Giribone/APL) En 2015 Carlos Pedro Blaquier (ex dueño del Ingenio Ledesma SAAI), y su ex administrador, Alberto Lemos, fueron sobreseídos por falta de mérito, en una causa que intentaba comprobar su participación en el secuestro de obreros azucareros y otros militantes y activistas en Jujuy durante la última dictadura cívico militar, conocidos como «La noche del apagón», entre otros.
Este fallo absolutorio fue apelado por la fiscalía y querellantes, y tras seis años de esperas la Corte Suprema -con las firmas de tres de sus miembros y la disidencia de uno- dejó sin efecto aquella resolución.Así, el máximo tribunal le devolvió el expediente a la Cámara de Casación, y por esta razón se reactivó la investigación por delitos de lesa humanidad, y la causa podría ir a juicio oral.
Blaquier es emblema en la responsabilidad civil y empresarial, sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura, y se encuentra procesado por 29 casos de delitos de lesa humanidad. Sin embargo demostrar y condenar la connivencia entre el poder económico y político durante la dictadura genocida ha sido una de las deudas más importantes de la justicia en Argentina en este tema.
Blaquier y su colaborador, Lemos, se encuentran acusados de proveer información y propiciar apoyo logístico y material para concretar los hechos represivos de “la noche del apagón”. Lo que se conoce como “la noche del Apagón” consistió en realidad en una serie de cortes del suministro eléctrico ocasionados intencionalmente entre el 20 y 27 de julio de 1976 por la dictadura cívico militar en el departamento de Ledesma, para secuestrar trabajadores, estudiantes, sindicalistas y militantes de izquierda. El saldo de este accionar represivo fue el secuestro de unas cuatrocientas personas, de las cuales 33 continúan desaparecidas. El primer corte del suministro eléctrico se produjo cerca de la medianoche en Libertador General San Martín y Calilegua, ciudades que se encontraban sitiadas por la Policía.
Lo que se destaca en este hecho represivo, a diferencia de otros tantos, es el marcado y claro rol protagónico de la empresa Ledesma. Aquí se pudo identificar la responsabilidad empresarial con claridad, y como esta actuó digitando el accionar de las fuerzas represivas. Porque las fuerzas armadas y la policía, procedieron junto al personal directivo del Ingenio Ledesma, quienes marcaban las casas de las personas a secuestrar, asimismo la mayoría de los detenidos fueron transportados en las mismas camionetas de la empresa. Sin embargo, aunque la participación de la empresa en el genocidio fue probada sobradamente, la justicia burguesa nunca condenó a Blaquier.
OLGA ARÉDEZ
En este sentido Olga Márquez de Arédez declaró en juicio: “Mi marido fue cargado en la parte trasera de una camioneta con el logotipo de la Empresa Ledesma impreso en las puertas de dicho vehículo. La camioneta era conducida por un empleado de la propia empresa (…) Posteriormente me entrevisté con el administrador del Ingenio Ledesma, el ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la Empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas, en sus palabras, ‘para limpiar al país de indeseables’. También aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa Ledesma”.
Olga Arédez era esposa del médico Luis Arédez, quien era intendente de Libertador General San Martín al momento del Golpe de Estado. Luis Arédez fue secuestrado y desaparecido. Olga buscó a los responsables de este hecho hasta los últimos días de su vida. Murió en el 2005 a causa de una bagazosis, enfermedad causada por la exposición a los polvos de la caña de azúcar, la contaminación que produce la fábrica de azúcar Ledesma.
Hoy, Carlos Pedro Blaquier tiene 93 años de edad, por lo que cada día que pasa se corre el riesgo de que sus crímenes queden impunes. El fallo absolutorio retrasó su condena y la de Lemos por 5 años. Es necesario acelerar el juicio oral, para romper con la impunidad del poder económico, que aun hoy domina la región al mejor estilo feudal. Para obtener justicia por los que ya no están, y para todos los sobrevivientes, que siguen luchando y dando sus testimonios en los juicios por delitos de lesa humanidad.