(Por Hilda Presman/ Red de Derechos Humanos) Bajo una intensa lluvia, sin refugios, sin baños, a expensas del escaso transporte público, este sábado, los familiares de las personas privadas de la libertad esperaron por horas ingresar a las instalaciones del nuevo complejo penitenciario de Laguna Brava en pleno descampado, a 21 km de la Ciudad. Esto viene sucediendo desde los primeros traslados, hacia fines de agosto a esta cárcel, enunciada como modelo en los avisos de campaña. Todavía no llegaron los intensos calores y fue el primer día de lluvia intensa.
Los atrasos en el ingreso y en la requisa previa al encuentro con sus familiares les quitan entre 1,30 y 2hs de las 4 de visita permitida cada 15 días. Esta situación, el recorte en días y horarios de visita en relación al régimen de visitas para fortalecer lazos familiares que tenía la vieja unidad de Avenida 3 de Abril , el restrictivo cambio de régimen, con endurecimiento en las comunicaciones, trato, escasez de comida, problemas cloacales y letrinas tapadas ( con menos de dos meses de uso), dificultades para acceder a servicio de salud adecuado, actividades educativas y productivas, con menos horas de estudio y menos espacio para estas actividades, ayer provocaron un estallido de protesta en algunos sectores del penal. De nuevo represión, disparos, gas pimienta… Golpes y pabellón de castigo… Lo decimos con todas las letras, este estallido, fue respuesta a reclamos no escuchados, minimizados desadvertidos y ninguneados por el servicio.
Como siempre, la única respuesta es la represión y el castigo, sin atender los justos reclamos. El maltrato a las visitas, las restricciones denigrantes a las condiciones de vida intramuros, la falta de un adecuado servicio de salud, son responsabilidad del Estado, que traslado a todos los presos de la vieja unidad, a un lugar lejano, poco accesible, recorto comunicaciones y encima reprime cuando reclaman. Las responsabilidades bajan desde la cabeza del gobierno al ministro a funcionarios de seguridad, al servicio penitenciario. Y a una justicia que , responsable del encarcelamiento, y del control de las condiciones de detención, no ve, no sabe, o sabe y consiente, estas condiciones pésimas de trato y encarcelamiento.
Quienes por años acompañamos a las personas privadas de la libertad, lo veníamos advirtiendo antes del traslado, presentamos un habeas corpus una vez que se detectaron estos problemas en la nueva unidad, y la respuesta fue el rechazo de plano, sin audiencia, sin escuchar las voces de los internos, de sus familiares, de los docentes o de los civiles que o concurren a esos lugares. Se cocinaron en su propio jugo, se autonconvencen que está todo bien y que esa cárcel, copiada de los modelos de máxima seguridad de EEUU sin vincularla a nuestra propia realidad regional y hasta de población carcelarias, era una maravilla… es una maravilla el negociado que harán con la cárcel vieja, y la supuesta “tranquilidad” que les da sacar la problemática carcelaria del centro inmobiliario y “turístico” que pretenden en la zona de 3 de Abril y Costanera.
Y como perlita de cierre, no sé si es el final o es el inicio de todo, el servicio pone en primer plano como inicio del conflicto, el ingreso de drogas por parte de una visita, que paso la requisa, pasó el escáner, y estuvo con el interno…Lueeeego, antes de ingresar a su pabellón le requisan una fuente con comida que le dejo la visita y ahí “aparecen” las drogas. ¿Qué pasó? ¿Fallas en la requisa? ¿se le “chispoteó” al scanner? O las drogas iban por otra vía, y terminaron en esa fuente…? ¿No será que en la cárcel nueva el servicio está disputando territorios de distribución y venta y responsabilizando a las visitas se saca del medio la “competencia”?
Exigimos que no haya represalias, investigación a fondo sobre los motivos del conflicto, atención médica a los heridos, soluciones definitivas al maltrato a las visitas, garantizar atención médica, trabajo y educación como corresponde, y un control y seguimiento estricto de las condiciones en que se vive en la nueva cárcel.
Corrientes, octubre 2021
Red Corrientes DDHH