(Por Secretaría Migrante Nuestramerica UTEP) Este 10 de enero se conmemoraron 21 años del asesinato de Marcelina Meneses y de su pequeño hijo Josua Alejandro Torres de 10 meses de edad a causa de un acto de xenofobia y racismo de un grupo de varones violentos que la empujaron del tren Roca en movimiento. Marcelina era una mujer migrante boliviana oriunda de Cochabamba, tenía 24 años cuando escogió a la Argentina como destino migratorio en el año de 1996. Marcelina tuvo que trasladarse a este país para trabajar y así poder costear la operación de cadera de su hija Jimena que había quedado en Bolivia. Marcelina trabajaba de repositora en un supermercado, y su esposo, Froilán Torres, era albañil. Tenían otro hijo, Jonathan David, de 3 años cuando Marcelina fue asesinada.

En la mañana del 10 de enero de 2001, Marcelina y Josua se dirigían desde la localidad de Ezpeleta, en la cual tenían su domicilio, hasta el Hospital Fiorito en la ciudad de Avellaneda, donde tenía turno médico para su pequeño hijo. Marcelina vestía con un aguayo indígena, llevaba a Josua adelante, en un porta bebé de metal, y en sus manos llevaba el bolso del bebé y el paraguas.

El único testigo que declaró en la causa, Julio César Giménez, empleado de una cooperativa, relató que a Marcelina nadie le cedió el asiento en todo el viaje. Giménez declaró que cerca de llegar a la estación de Avellaneda, destino de Marcelina, antes de la curva que pasa frente al estadio de Independiente, ella se acomodó para ir a la salida y en ese movimiento rozó con los bolsos el hombro de un pasajero de unos 65 años, de saco marrón, que le gritó: “¡Boliviana de mierda! ¡No mirás cuando caminás!”. La mujer calló. Giménez intentó defenderla: “Che, tengan más cuidado, es una señora con un bebé”. Un segundo pasajero lo increpó: “Qué defendés vos, si estos bolivianos son los que nos vienen a quitar trabajo. Igual que los paraguayos y los peruanos”. Giménez siguió discutiendo. “Pará la mano hermano, que eso es lo que venden los políticos. Somos todos latinoamericanos”, opinó. Y le gritaron: “¿Vos qué sos? ¿Antipatria?”.

Según relató Giménez, desde el fondo apareció un guarda. Se había formado la fila para bajar. El uniformado avanzó hasta que escuchó la discusión y los insultos xenófobos. “¡Uh! ¡Otra vez estos bolivianos haciendo quilombo! ¡Me tienen podrido! ¡Yo me las tomo!”, dijo.

En una conexión inmediata y completamente descontrolada, el grupo de varones en fila, que no se conocían hasta ese momento, arrojó a Marcelina y a su pequeño hijo del tren en movimiento.

El testigo aseguró que entonces el tren se detuvo. Él se acercó caminando cien metros hacia el lugar en el que quedaron los cuerpos. “La empresa y la Policía intervinieron en el acto. Yo le dije a un policía de la Federal que había visto lo que pasó, pero él me echó detrás de la valla”.

La empresa de trenes se desentendió completamente del asunto alegando que Marcelina irresponsablemente estaba caminando por las vías del tren y fue “rozada” por el mismo cayendo muerta junto a su hijo. El tren Roca era de la empresa privada Transportes Metropolitano Roca del consorcio argentino Metropolitano S.A., del cuestionado empresario Sergio Taselli, que la obtuvo de las privatizaciones de 1994 en el gobierno de Carlos Menem hasta su disolución el 22 de mayo de 2007. Nadie se presentó como testigo a excepción de Giménez, a quien la empresa le ofreció coimas para que retirara su testimonio resistiendo amenazas y aprietes. Tiempo después, el testimonio de Giménez fue descalificado por el fiscal de la causa, Andrés Devoto, del departamento Judicial de Lomas de Zamora UFI Nº 1 y la causa fue cerrada y el caso continúa impune.

En el año 2012, la Legislatura Porteña sancionó el 10 de enero como Día de la Mujer Migrante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fecha establecida por la Ley 4409/12. Pero fue realmente la lucha migrante encabezada por la familia de Marcelina, sobre todo la de su cuñada Reina Torres y de otras mujeres migrantes, lo que ha hecho que se mantenga la memoria de lucha por justicia para Marcelina, Josua y los/as migrantes víctimas de la xenofobia imperante en Argentina.

Ese mismo año, se creó el «Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses», abierto en la calle Charcas 5620 de Ezpeleta-Quilmes en lo que era la casa de Marcelina donde se encuentra su sede central que tiene subsede en Buenos Aires. A partir de lo que le pasó a Marcelina empezó la organización con la misión de promover la defensa de los derechos de las mujeres migrantes.

Las mujeres migrantes organizadas en la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados/as – UTEP, exigimos justicia por Marcelina y Josua, así como por todas las mujeres migrantes que han sido víctimas de actos xenófobos y violentos en la Argentina, en la cual aumentan los feminicidios. Expresamos que ha Marcelina la asesinan por ser extranjera migrante, por tener identidad indígena, por ser pobre, por ser un “otro” en una sociedad que se define como blanca, clase media, descendiente de europeos.

Tanto los medios de comunicación como el Estado y ciertos actores políticos son responsables de la xenofobia y el racismo que vivimos por una parte de la sociedad argentina que nos criminalizan y acusan de sus problemas, sobre todo en tiempos de crisis. Las y los migrantes tenemos derechos y participamos activamente en el desarrollo productivo de la Argentina.

 ¡Justicia para Marcelina y su pequeño hijo Josua!

 ¡Basta de muertes por racismo y xenofobia!

 ¡Arriba la lucha de las mujeres del mundo, unidas y organizadas!

¡Migrar es un derecho, discriminar un delito!

 ¡Abajo el sistema racista, capitalista, patriarcal que violenta nuestras vidas!

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